La planificación escolar es siempre uno de los grandes retos de la consejería de Educación. Este año, la titular de la cartera, Esther Niubó, ha anunciado que de cara al curso próximo, el 2025/26, se recortarán 81 grupos en infantil 3 y el primer curso de la educación secundaria obligatoria (ESO) pública, los dos momentos clave en la enseñanza: el punto de cambio de la primaria a la secundaria y el punto de acceso a la educación obligatoria. Ahora bien, mientras se reduce el número de grupos en la pública, en la escuela concertada solo se cierran dos aulas. En total, pues, se cerrarán 83 clases en todo el territorio. Uno de los principales factores que provocan esta gran diferencia entre la reducción de grupos en la pública -para ajustarse a la realidad de la población estudiantil catalana- y la concertada es «el decreto de conciertos». De hecho, un estudio publicado esta misma semana por la Fundació Bofill ya dejaba entrever este motivo: «La planificación de la oferta educativa actual, con el decreto del año 1993, no permite que Educación pueda ajustar las plazas a la concertada», apunta la autora del informe y jefa de proyectos de la Bofill, Maria Segurola, en conversación con El Món.
En esta misma línea, el profesor del departamento de sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Adrián Zancajo coincide con la opinión de la jefa de proyectos de la Bofill y asegura que la principal diferencia entre la planificación de la pública y la concertada es que «en la pública se permite bajar las ratios», mientras que en la concertada están sujetas al decreto actual de conciertos. Un decreto que es previo a la actual ley de educación, que data del año 2006. En este sentido, el especialista en sociología de la educación y la política educativa de la UAB Xavier Bonal apunta que el problema de la concertada «es que no se puede planificar»: «Los conciertos establecen el criterio de plazas cada seis años. Si ya has concertado que se abran tres grupos en infantil 3, no lo puedes cambiar».
Reformular el concierto educativo
Tal como ya apuntaba el informe elaborado por la entidad de pedagogos, los tres expertos consultados por este diario coinciden en que es esencial redactar un «nuevo decreto» para la escuela concertada que permita intervenir en la planificación del curso siguiente de los centros que combinan la financiación privada con la pública. «Es necesario un nuevo concierto que permita igualar las reglas del juego con la pública [en relación con la capacidad de la administración para reducir ratios en las escuelas públicas]», argumenta Segurola. De hecho, ya hace años que la consejería de Educación trabaja en un nuevo concierto educativo que permita renovar el actual, ya que ha quedado «obsoleto» teniendo en cuenta que hace más de treinta años que se puso en marcha. La experta, sin embargo, considera que este nuevo concierto no ha prosperado, de momento, debido a las diferentes «prioridades» y «sensibilidades» políticas que han encabezado la cartera de Educación.
Aunque el nuevo decreto sobre los conciertos educativos continúa guardado en un cajón del departamento, esta semana, la consejera Niubó ha anunciado algunas novedades respecto a la escuela concertada. A diferencia de otros años, los centros concertados de una sola línea que habían perdido el concierto en algún curso, lo podrán recuperar si bajan la ratio. De esta manera, pues, podrán ofrecer durante la preinscripción grupos que habían perdido el concierto. Si llenan suficientes plazas, podrán recuperarlo, pero en caso de que no quede cubierto, la plaza se mantendrá sin concierto. Un cambio de paradigma, pues, que busca, de alguna manera, equilibrar la planificación escolar que se lleva a cabo con la pública: «En estos momentos, legalmente solo se pueden reducir las ratios [y cerrar grupos clase] de la escuela pública, y esto debería modificarse para evitar la sobresaturación de algunos centros», argumenta Adrián Zancajo.
Equilibrar la reducción de ratios
Según los expertos, la creación de un nuevo decreto sobre los conciertos educativos permitiría equilibrar las ratios en todos los centros educativos catalanes, tanto públicos como concertados. Un hecho, pues, que permitiría dar respuesta a una de las principales reivindicaciones de la comunidad educativa, que ha dejado claro en diversas ocasiones -y tal como ha constatado la misma consejera en alguna ocasión- que apostar por menos estudiantes en el aula, en todas las etapas educativas, permitiría atender más personalmente a los jóvenes y, por tanto, mejorar los resultados educativos. Además, esta reducción de ratios también permitiría adaptar la planificación escolar a la realidad demográfica de Cataluña, ya que desde el año 2008 la natalidad se ha reducido significativamente, con 32,000 nacimientos menos -una reducción que tampoco se ha podido cubrir con la llegada de estudiantes extranjeros.
Una bajada de la natalidad que aún se prolongará en el tiempo, ya que, según el mismo informe de la Bofill, se prevé que hasta 2030, Cataluña pierda 87,000 alumnos en las etapas obligatorias de la enseñanza. En esta línea, teniendo en cuenta el contexto demográfico, el especialista en sociología de la educación y la política educativa de la UAB considera que «el nuevo decreto de concierto» debe actuar de la misma manera que «el decreto de admisión». Una normativa aprobada en el año 2021, durante la legislatura del exconsejero Josep González Cambray, que fija que «todas las personas tienen derecho a una educación de calidad y a acceder a ella en condiciones de igualdad». Así pues, los expertos aseguran que el actual decreto sobre los conciertos es uno de los puntos más débiles de la planificación escolar educativa, ya que diferencia excesivamente entre la pública y la concertada. Un nuevo decreto, pues, que permitiría planificar la oferta de la concertada y equilibrarla a las necesidades y complejidades del territorio: «No puede depender de las sensibilidades de la dirección de cada centro».
