El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha aprobado suspender la vigencia del Decreto de Gobierno 91/2024, aprobado el 14 de mayo, a pesar de que ya estaba previsto en la ley de Educación de 2009, que hace referencia al régimen lingüístico del sistema educativo no universitario, el cual se aprobó ya con el ejecutivo catalán en funciones, todavía en manos de Pere Aragonès. A pesar de que la administración pidió la supresión cautelar de la medida impulsada por la Asociación Asamblea por una Escuela Bilingüe, el TSJC ha desestimado la petición de la Generalitat y ha optado para suspender el último decreto de gobierno, el cual blindaba las direcciones de los centros sobre sus proyectos lingüísticos -puesto que la potestad de aprobarlos recae en el Departamento de Educación, en manos de la consejera en funciones Anna Simó. Ahora bien, en la misma resolución, el Superior de Justicia asegura que la decisión «no es firme», puesto que las partes afectadas tienen la posibilidad de interponer en los próximos cinco días un «recurso de reposición».
Concretamente, el decreto que había salido adelante el Gobierno en funciones fijaban «seguridad jurídica» para que cada centro educativo pudiera determinar el catalán como lengua vehicular en sus proyectos lingüísticos, un decreto que esquivaba el 25% de castellano establecido por la justicia española. Ahora, pues, el acto de la sección quinta de la sala contenciones administrativa aprecia «apariencia de lesión en los derechos fundamentales», puesto que el desarrollo reglamentario del decreto contempla el catalán como lengua normalmente vehicular y de aprendizaje, y apoderando a los proyectos lingüísticos al hecho que determinen la presencia del castellano en cada centro escolar, sin que se fije una garantía mínima del uso.
El uso del catalán en el aula
Así pues, con el último decreto del TSJC, la potestad de decidir sobre el régimen lingüístico de cada centro recae en las direcciones escolares, una decisión que se aleja de la voluntad del Departamento de proteger los centros impulsada en el último decreto, aprobado in extremis con el Gobierno ya en funciones.
