Cada año, con la apertura del periodo de preinscripción escolar, reaparece el malestar de algunas familias que no pueden acceder en el centro que vuelan. Este año, al malestar habitual se añade la decisión del Departamento de Educación, encabezado por la consejera Anna Simó, de suprimir más de 1.500 plazas en la escuela pública. Concretamente, según los datos facilitados por la consejería, entrarán al sistema educativo un total de 55.707 alumnos a infantil, es decir, 1.859 menos de los que hay en este curso actualmente. Esta decisión ha caído como un jarrón de agua fría sobre el sector de la educación, puesto que consideran que es contraproducente para la escuela pública -la prioridad, teóricamente, del Gobierno- y empuja a las familias a llevar sus hijos a la concertada.
A pesar de que la medida afecta un porcentaje pequeño del número total de alumnos, los sindicatos y las asociaciones de familias consultados por El Mundo cargan con dureza contra la decisión de la consejería: «Esta decisión supone un agravio comparativo respecto a la concertada, puesto que, en este tipo de escuelas, si no se consigue llenar todas las plazas, el centro puede continuar operando con normalidad. En cambio, si la pública no puede lograr la ratio de 20 alumnos por aula [después de la rebaja establecida por el departamento], se ve obligada a cerrar la línea», argumenta el secretario general de Enseñanza de la CGT en el Camp de Tarragona, Jorge Fernàndez. Una idea muy similar a la que expresa la portavoz nacional de USTEC, Iolanda Segura, que considera que la decisión de la consejería responde al objetivo de mantener «la pervivencia de la concertada» después de la bajada que sufrió durante la pandemia: «El que podría ser una buena medida para mejorar la educación se acaba convirtiendo en una supresión de plazas públicas, y esto acaba siendo contraproducente», lamenta.
Malestar entre las familias afectadas
En este territorio, la consejería ha anunciado la supresión de 21 líneas de cara en el curso próximo: 13 grupos de I3 y 8 de 1.º de ESO. Uno de los centros afectados por esta decisión es la escuela La Vitxeta de Reus, un centro de educación infantil y primaria que funciona diferente a la enorme mayoría de escuelas públicas del país. Se trata de una comunidad de aprendizaje, es decir, un centro educativo que apuesta para introducir “el entorno familiar” -paras, madres, abuelos y abuelas y vecinos- dentro del proceso de aprendizaje escolar de los alumnos: «Estamos muy asqueados por el cierre de líneas. Ya hace años que pasa, y este año va a peor», lamenta presidenta de la AMiPA de la Vitxeta de Reus, Mercè Vallverdú. Para expresar su malestar, la asociación de familias del centro ha organizado varias concentraciones de los servicios territoriales a Tarragona. Una situación idéntica con que se encuentran las familias de la escuela Valldeflors de Tremp, que han organizado durante las últimas semanas concentraciones ante los servicios territoriales de Educación al Alto Pirineo.
Según relata el director de la escuela, Diego Roldán, la decisión de la consejería de cerrar líneas ha causado muy «mala marejada» dentro del pueblo, puesto que entre las familias del municipio pirenaico se reprochan que algunas quedan afectadas, pero otros no. «Esta noticia ha tenido muy mal recibimiento en el pueblo. Estamos muy indignados con la consejería», lamenta la Eulàlia Mazarico, una de las familias afectadas, y por doble partida, del AFA de la escuela Valldeflors. La madre de dos alumnos que actualmente cursan I2 e i5 denuncia que las decisiones del departamento no permiten a las familias acabar escogiendo donde quieren llevar sus hijos: «En Tremp, donde solo tenemos una escuela pública y laica y una de concertada y católica, si no puedes acceder a la pública tienes que ir por fuerza a la concertada. Las familias tenemos que poder decidir donde queremos llevar a nuestros hijos», asevera Mazarico.
Teniendo en cuenta, pues, la complejidad de Tremp, Roldán considera que una buena manera de evitar que estas decisiones afecten negativamente el territorio es «no tomarlas desde Barcelona»: «Haría falta que los servicios territoriales jugaran un papel fundamental en la presa de este tipo de decisiones. El contexto social barcelonés no tiene nada que ver con el del Pirineo, y, por lo tanto, no se puede actuar del mismo modo», apunta el director de la escuela Valldeflors. La realidad que se vive en Tremp en estos momentos es equiparable, también, a la de Sant Pere de Ribes, en el Garraf. Ante la decisión de Educación de suprimir una línea en la escuela La Riera del pueblo de Ribes y en la escuela Santa Eulàlia de las Roquetes, familias y docentes del municipio se han levantado y han convocado dos jornadas de huelga por el martes 19 de marzo. «El departamento siempre opta para aplicar políticas de recortes y no aprovechar las oportunidades que tienen, como por ejemplo la bajada demográfica que permitiría reducir las ratios en los centros sin tener que eliminar grupos. La gente está harta ya», espeta Segura.
Las consecuencias de eliminar grupos en la pública
La presidenta de la AMiPA de la escuela La Vitxeta de Reus denuncia que si se continúan reduciendo ratios en la escuela, cada vez será más difícil encontrar plaza en un centro de las mismas características: «Las familias afectadas acaban yendo a alguna otra escuela del municipio, pero no hay ninguna propuesta alternativa de las mismas características», apunta. Una situación bastante similar a la de Tremp, pero con la diferencia que la alternativa escolar del municipio es concertada y católica. Las consecuencias, pero, van más allá de los alumnos.
Los otros grandes afectados de la reducción de líneas son los docentes, puesto que una parte del personal afectado se ve obligado a desplazarse. «Las principales repercusiones nos las encontraremos con el profesorado», lamenta Diego Roldán. El director de la escuela pública del municipio del Alto Pirineo asegura que no todo el personal que queda afectado se puede recolocar en escuelas del mismo pueblo, cosa que los obliga a probar suerte en otros municipios de la comarca: «Algunos de ellos tendrán que hacer trayectos de más de 30 kilómetros cada día para ir hasta el trabajo», asevera Roldán, que quiere dejar muy claro que «no es una decisión voluntaria», sino una cuestión de «necesidad». En este sentido, la portavoz nacional del sindicato mayoritario de educación eleva el tono y asegura que la situación se complica en la hora de habla de las escuelas afectadas de «las Tierras del Ebro, Lleida o el Pirineo»: «Es muy complicado encontrar una solución efectiva, pero la administración tendría que hacer más esfuerzos para evitar que los docentes se tengan que desplazar excesivamente. No se puede permitir que algunas personas tengan que cruzarse Cataluña cada mañana para ir a trabajar», denuncia Iolanda Segura, que considera que la consejería tendría que velar por «más intercambios» de profesorado para resolver la problemática.
Esta problemática, que ya hace años que se arrastra, también se traslada a los otros agentes que forman parte del día a día de la escuela: «La supresión de grupos de la escuela pública implica la eliminación de puestos de trabajo de docentes, pero también otras figuras como técnicas especialistas en educación infantil o monitorización de comedor y de actividades extraescolares», argumenta Jorge Fernàndez. Así pues, ante los movimientos de la consejería por el curso próximo y el malestar que genera en las escuelas, los sindicatos y las familias se han puesto en pie de guerra, un golpe más, contra el cierre de grupos a la pública.
