Incrementar el gasto de la administración en la escuela catalana hasta el 6% del producto interior bruto (PIB) es una de las grandes reivindicaciones que desde hace décadas resuena en la comunidad educativa. El mismo gobierno de la Generalitat -tanto el actual como los anteriores- se ha marcado este objetivo. De hecho, la misma ley de educación de Cataluña (LEC), del año 2009, ya exige destinar el 6% del PIB al sistema educativo. Pero nunca se ha logrado. Esta misma semana, el Parlamento ha dado luz verde a tramitar una iniciativa legislativa popular (ILP), impulsada por Comisiones Obreras (CCOO) y que cuenta con el apoyo de más de 57.000 firmas, una cincuentena de entidades sociales, todos los ayuntamientos catalanes de municipios con más de 100.000 viviendas y más de 150 consejos escolares y del Consejo de Educación de Cataluña, que busca garantizar este objetivo.
El hemiciclo ha avalado la iniciativa tras rechazar la enmienda a la totalidad presentada por Vox: «Hay un clamor social», exclamaba la secretaria general del sindicato en Cataluña, Belén López, a las puertas de la cámara catalana después de que su iniciativa superara los primeros trámites. Aunque la luz verde del Parlamento a la ILP para forzar el cumplimiento del 6% del PIB fijado en la normativa catalana supone un paso adelante, el objetivo aún está lejos de conseguirse. Según datos del Departamento de Educación, cuando se aprobó la LEC, en 2009, el gasto en enseñanza se situaba en un 4,25% respecto al PIB. Al año siguiente, en 2010, el gasto se incrementó hasta el 4,34%. Desde entonces, sin embargo, la inversión en educación ha ido variando -generalmente a la baja-, situándose entre el 3,62% y el 4,16% durante la última década.
El momento en que el gasto fue menor durante la década pasada fue en el año 2014, momento en que la consejería era dirigida por Irene Rigau. Este hecho se debe, principalmente, a los recortes generalizados que impulsó la administración para paliar los efectos de la fuerte crisis económica. Desde entonces, sin embargo, la administración catalana ha ido incrementando, poco a poco, el gasto en enseñanza en relación con el PIB. En el año 2020, coincidiendo con la llegada del Covid, el gasto en educación se elevó hasta el 4,22% del PIB, uno de los mejores datos de los últimos veinticinco años. Ahora bien, mientras las cifras de inversión en enseñanza se han mantenido bastante estables, la población en edad escolar ha incrementado significativamente desde principios de siglo -aunque en los últimos años se ha producido una ligera disminución, motivo por el cual la comunidad educativa reclama una reducción de ratios.
Las recomendaciones internacionales
El último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO) en colaboración con la Fundación SM sobre el personal docente a nivel mundial también apunta, tal como hace años que asegura la comunidad educativa, que «garantizar una financiación adecuada conforme a los criterios establecidos del 6% del PIB y el 20% del gasto público total» permitiría mejorar la situación actual del profesorado: «Que se dedique, no solo a los sueldos de los docentes, sino a las necesidades existentes para hacer que la profesión sea más atractiva», señala el estudio de las Naciones Unidas. En este sentido, el informe apunta que «la movilización de recursos financieros nacionales», es decir, el dinero presupuestado en las cuentas de cada gobierno, «es clave para financiar el costo de crear más plazas de profesores»: «Dado que los docentes constituyen el grupo más numeroso de la masa salarial del sector público en muchos países, el recorte o la congelación del gasto salarial del sector público suele conllevar una reducción del número de docentes o de sus salarios», argumentan los autores del informe internacional.
En otras palabras, incrementar el gasto en educación hasta el 6% del PIB, como mínimo, permitiría ampliar el cuerpo docente, lo que resolvería algunas de las carencias enquistadas del sistema educativo catalán. La secretaria general de CCOO defendió esta misma semana que incrementar el gasto en educación para cumplir con la normativa catalana y las recomendaciones internacionales -tanto de las Naciones Unidas como de la Unión Europea- sería «posible» con «la ampliación de crédito» que el gobierno de Salvador Illa está negociando con sus socios de investidura. De hecho, a estas alturas, el ejecutivo catalán ha aprobado gracias al apoyo de ERC y los Comunes dos suplementos de créditos que les permiten ampliar el presupuesto de la Generalitat como medida extraordinaria para paliar la falta de cuentas.
Un objetivo a cuatro años vista
Teniendo en cuenta que el infrafinanciamiento de la escuela catalana lleva décadas arrastrándose, la iniciativa legislativa popular impulsada por la organización sindical plantea conseguir este 6% del PIB que dicta la ley en los próximos cuatro años. En detalle, la iniciativa plantea la creación de un plan nacional de financiamiento que permita, entre otros, reducir los ratios de alumnos en el aula y mejorar los equipamientos públicos. Además, desde el sindicato impulsor también defienden que este nuevo plan de financiamiento -el cual ha superado los primeros obstáculos parlamentarios- permitiría trabajar en la erradicación de la segregación escolar y la recuperación de condiciones laborales. Este último es precisamente uno de los aspectos sobre los que pone más el foco el estudio de las Naciones Unidas, ya que remarca que unas buenas condiciones son esenciales para mantener viva la profesión y evitar la pérdida de docentes. De momento, la ILP para impulsar este nuevo plan de financiamiento ha recibido la primera luz verde del Parlamento. Ahora bien, de aquí a que se haga efectiva, en caso de que acabe recibiendo todos los apoyos necesarios de la cámara, aún habrá que esperar.
