La historia se repite. Ocurre en política, en conflictos sociales y en las tensiones de maestros y profesores con el Departamento de Educación. La actual consejera del ramo, la socialista Esther Niubó, que ya lleva más de un año en el cargo, se ha topado de frente con un viejo fantasma: las manifestaciones unitarias y amenazas de huelga -cada vez más firmes- por parte de los diferentes sindicatos de docentes que conforman la mesa sectorial de enseñanza -el organismo de negociación entre las organizaciones que representan a los trabajadores y los responsables de la administración catalana. Esta semana, los diferentes sindicatos representados en la mesa sectorial, es decir, USTEC -mayoritario en el sector educativo-, el sindicato de profesores de secundaria (ASPEPC-SPS), Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación General del Trabajo (CGT) de Cataluña han anunciado, conjuntamente, una nueva manifestación unitaria para el próximo sábado 15 de noviembre a las doce del mediodía, que comenzará en la plaza de Universidad de Barcelona y finalizará en las puertas del Palacio de la Generalitat. Una manifestación que, a pesar de partir de unas reclamaciones diferentes, recupera el espíritu y la esencia de las movilizaciones multitudinarias contra el exconsejero Josep González Cambray.
En marzo de 2022, los diferentes sindicatos de maestros convocaron varias jornadas de huelga, distribuidas entre el 15 y el 30 de ese mes, para presionar al entonces responsable de la cartera. Los seis puntos sobre los que giraba la convocatoria de los diversos días de huelga anunciados eran la demanda de un 6% del PIB para educación, la reversión de los recortes -lo que incluía la reducción de ratios anunciada por el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès-, la retirada de la orden de adelanto del curso y del nuevo currículo para la secundaria, y la dimisión del entonces consejero con el objetivo de mantener una negociación “real”. De entrada, Cambray no cedió a las reclamaciones sindicales, lo que trasladó la lucha a las calles.
Las imágenes de miles de docentes llenando algunas de las arterias principales de la capital catalana, de profesores boicoteando actos del exconsejero o, incluso, algún intento de ocupar a modo de protesta la sede del departamento, en la Vía Augusta, se convirtieron en habituales. Era la semilla de una larga época de reivindicaciones por parte del colectivo docente que aún perduran. Cambray mantuvo el adelanto del inicio de curso, que todavía levanta polvareda entre los sindicatos. Tampoco dimitió. Aun así, sí que llegó a unos acuerdos con los sindicatos representados en la mesa sectorial para reforzar el personal en los centros, lo que permitió suavizar el malestar de la comunidad educativa. El 12 de junio de 2023, tras un año de conflicto abierto -y enquistado- con la comunidad educativa, el entonces presidente destituyó a Josep González Cambray. Una destitución muy aplaudida por los sindicatos de docentes.
El caos de las adjudicaciones de 2024 comenzaba a calentar a los docentes
La encargada de enderezar la relación entre sindicalistas y administración fue la exconsejera Anna Simó, quien chocó en algunas ocasiones con las organizaciones sindicales, como en su tramo final debido al gran caos del proceso de adjudicación de plazas de verano. De hecho, este es uno de los motivos que ha llevado a los sindicatos de docentes al límite y que ha propiciado el «nuevo ciclo de movilizaciones» que comenzará a mediados de noviembre. El periodo de la exconsejera Simó, a pesar de algunos enfrentamientos con las entidades sindicales, fue menos convulso que el de su predecesor, ya que se apuntó algunas victorias en su haber, como el acuerdo con CCOO y UGT para revertir definitivamente los recortes del 2010 -aunque están supeditados a los presupuestos catalanes, que continúan prorrogados- lo que permitió suavizar el conflicto sindical y reconstruir algunos puentes con la administración.
Con el cambio de Gobierno, la consejera Esther Niubó ha sido la encargada de ponerse al frente de Educación y, casi tres años después de las grandes movilizaciones contra Cambray, ahora se enfrenta a una nueva oleada de protestas de los sindicatos de docentes. Por el momento, la responsable de la cartera no se ha mostrado favorable a mejorar las condiciones salariales de los maestros y profesores, lo que continúa ampliando la brecha entre sindicalistas y el ejecutivo catalán. De hecho, en una entrevista en Els Matins de TV3 pocos días antes del inicio de curso, Niubó supeditó las negociaciones por los sueldos a los presupuestos de la Generalitat, cuyas negociaciones están atascadas con los socios preferentes de Salvador Illa -Esquerra Republicana y los Comuns-, incluso antes de comenzar. Teniendo en cuenta esta situación, el 15 de noviembre será la primera prueba de fuego para calibrar la fuerza de negociación de los profesionales del sector que, si ven que son capaces de atraer mucho músculo docente a la manifestación, no descartan una «huelga sostenida» en el tiempo, como la que vivió Cambray, hasta conseguir sus exigencias.
La reclamación de un aumento de sueldos, eje vertebrador de las nuevas protestas de maestros y profesores
Mientras que en las protestas de 2022 el eje vertebrador era el incremento de recursos para el sistema educativo, ahora los sindicatos de docentes ponen el foco en mejorar sus condiciones laborales. Tal como indican en el manifiesto conjunto de la próxima protesta, el 15 de noviembre se abrirá «un nuevo proceso unitario de movilizaciones para defender la educación y conseguir mejoras laborales para todo el personal educativo del Departamento de Educación». Los docentes denuncian que el sistema educativo catalán sufre una «falta de financiación» que se arrastra desde 2009, momento en que la consejería de Educación estaba en manos de Ernest Maragall, y lamentan que se incumpla la inversión del 6% del PIB en la enseñanza, tal como fija la normativa. Un infrafinanciamiento que, para los docentes, tiene un impacto directo en los estudiantes, pero también en sus condiciones laborales, ya que afirman que son los maestros y profesores más «mal pagados» de todo el estado español. En este sentido, pues, la reivindicación troncal de los sindicatos convocantes de la protesta es recuperar el poder adquisitivo perdido y mejorar los salarios de todo el personal del Departamento de Educación.
Los salarios, sin embargo, no son el único punto de conflicto. Tal como ya ocurría en las protestas contra el exconsejero Cambray, los docentes también reclaman aliviar la «sobrecarga» de trabajo de los profesores y maestros con una reducción real de las ratios. De hecho, esta es una cuestión que hace años que se arrastra y, aunque la administración catalana ya ha ido reduciéndolas poco a poco -también, gracias a la caída de la natalidad-, los docentes consideran que aún no es suficiente. En el manifiesto conjunto, las diferentes organizaciones sindicales también sitúan como reivindicación «garantizar la democracia en los centros» y derogar el polémico decreto de plantillas, que ha sido uno de los principales motores de los últimos conflictos con la administración. Consideran que decretos como el de plantillas «han generado pérdida de democracia en los centros, falta de estabilidad de las plantillas, abuso de interinidad, provisionalidad, cambios curriculares constantes sin consenso, cierres sistemáticos de grupos en la pública y ataques judiciales a la escuela en catalán». Con estas reclamaciones en mano, tal como ya hicieron en la época de Cambray, los sindicatos convocantes exigen a la responsable de la cartera de enseñanza que abra un período de negociación efectivo para mejorar las condiciones de los profesionales del sector. Si la consejera Niubó no quiere topar con la misma crisis que vivió el polémico exconsejero, la cual acabó costándole el cargo, deberá abrir una mesa de negociación para conseguir calmar los ánimos de los profesionales del sector. Las cartas están sobre la mesa, y es el turno del Gobierno.
