Las escuelas rurales son pequeñas, multigrado y con ratios fluctuantes. Una combinación que amenaza el equilibrio de los centros y, en algunos casos, su propia supervivencia. De ahí que las principales asociaciones del sector exijan al Departamento de Educación más flexibilidad en las matriculaciones, ahora ligadas al padrón municipal. Es decir, que se ofrecen tantas plazas nuevas en infantil como nacimientos ha habido en el pueblo, ni una más. Ampliar este número de sillas depende de los inspectores; hay quienes lo facilitan, pero también hay inflexibles. En todo caso, una dinámica general que “excluye” al alumnado de otros municipios y frena el crecimiento de los centros, se quejan las asociaciones de escuelas rurales.
“Si solo hay la oferta concreta para acoger la demanda del pueblo, las familias de otros municipios cercanos no pueden venir. En cambio, las del pueblo sí que pueden irse a la ciudad más cercana”, detalla a El Món el secretario de la entidad Secretariado de Escuelas Rurales de Cataluña, Toni Comajoan. Esto es posible, según explica Marta Termes, directora de la escuela de Maldà (Urgell), porque el padrón solo es un requisito en las escuelas rurales. “Te lo piden, como la renta, cuando solicitas una ayuda económica”, apunta. En otros centros cercanos, explica, como las escuelas convencionales de Bellpuig y Tàrrega, poblaciones más grandes, el padrón “es un criterio de prioridad, no excluyente”.
“Hay casos de familias que tienen la escuela rural muy cerca, pero que administrativamente pertenecen a otro municipio y entonces de entrada no pueden venir. Quizás lo logran, pero después de enfrentarse a mucho papeleo”, añade Comajoan, que considera que estos obstáculos burocráticos tienen un “efecto disuasorio” que frena el crecimiento de los centros. “Nosotros tenemos familias de otros municipios con nosotros, pero porque hemos tenido una inspección favorable. En la ZER [zona escolar rural] de al lado, me consta que no ha sido así”, concluye Termes desde Maldà.
Un ejemplo reciente se vivió en Molló (Ripollès), que no tiene escuela. Dos familias han denunciado que la Generalitat les ha puesto trabas para matricular a sus hijos en la escuela rural de Llanars y que les obliga a llevarlos a Camprodon, una población más grande a muy poca distancia de Llanars. En aquella ocasión, el Departamento de Educación argumentó, citando el Pacto contra la Segregación, que se debía priorizar la «escolarización de proximidad». En una entrevista a la ACN, las afectadas asumieron que solo podrían acceder a la escuela de Llanars si alguien de los censados renunciaba a la plaza.
Los docentes también ven estas dinámicas como un síntoma de inestabilidad. Mireia Barés, del sindicato CGT en la zona de Ponent y de los Pirineos, pide “perspectiva de futuro” al Gobierno y cuestiona que, si un año no hay suficientes nacimientos para abrir nuevas plazas, la tentación de reducir profesorado está a la orden del día. “Siempre es más fácil recortar que mantener o después reponer”, apunta la portavoz sindical. Este aspecto provoca que algunos centros queden desiertos o demasiado grandes para los pocos alumnos que tienen. La escuela de Jorba [municipio de unos 800 habitantes del Anoia] tuvo seis inscripciones en el padrón y solo tres matriculaciones. Y la de Maldà, que el curso pasado casi asume el cierre, solo tiene siete alumnos, a pesar de que tiene capacidad para catorce.
Turismo escolar, un argumento antiguo
Este modelo tan ligado al padrón, según todos los actores implicados en la lucha, se impulsó para frenar lo que se conoce como «turismo escolar»; que parte del supuesto riesgo de colapso de un pueblo si una escuela rural de la zona se pone de moda. Sea porque tiene docentes de renombre, una pedagogía determinada o unos equipamientos idílicos. “Pero de eso ya ha pasado mucho tiempo, el paradigma rural ha cambiado mucho”, se queja Termes. En esta línea, Sebastià Mata, exalcalde de Maldà y ahora miembro de la organización Repoblem, describe la época actual como la del “despoblamiento rural”. Un argumento similar al que a menudo ha expuesto la Asociación de Micropueblos, que ve las escuelas como un agente clave para evitar la fuga de habitantes del mundo rural.
“El año pasado, en la escuela de Maldà, había cinco niños, de los cuales tres se iban a la ESO. El centro estuvo a punto de cerrar, si no fuera porque el Ayuntamiento rehabilitó la antigua casa del médico para convertirla en vivienda pública y ubicar a familias con niños en edad escolar”, comenta Mata, que pide al departamento romper con dinámicas “de hace muchos años” y que ahora “han perdido el sentido”. En este sentido, ve contraproducente que todos los niños de pueblos sin escuela vayan a esta. “Podía tener un sentido antes, porque los recursos eran desiguales, pero ahora ya todas tienen servicio de comedor, por ejemplo. Podría haber un reajuste de las plazas más equilibrado”, pone de ejemplo.
Las quejas por estas dinámicas inflexibles de la escuela rural se arrastran desde el 2024. En aquella ocasión, el sindicato CCOO se hizo eco de la inquietud que había crecido en las escuelas, con argumentos similares a los que hay ahora. En ese momento, el sindicato también cuestionaba que la proximidad, fijada como un criterio de prioridad en la ley, acaba convirtiéndose en un “criterio excluyente” en el caso de las rurales.
Desde entonces, algunas escuelas han desaparecido. Es el caso del centro educativo de la Gessa (en el municipio de Naut Aran, en el Valle de Arán), que cerró el septiembre pasado, o la escuela de Palau de Santa Eulàlia (Pirineo), que ha cerrado cinco años de esperas de estrenarse. En este caso, porque el Ayuntamiento defendía que no podía hacer frente a los gastos de mantenimiento. En Ogassa (Ripollès) se han salvado del cierre in extremis: el salto de diferentes alumnos a la ESO los dejaba este curso con el mínimo para no tener que cerrar y el Ayuntamiento también ha habilitado fincas con alquiler social para aumentar el número de niños en el pueblo.
