La comunidad educativa se prepara para dar respuesta a una sentencia del Tribunal Constitucional contraria al modelo de la escuela catalana. Es decir, el modelo de inmersión lingüística. Se esperaba que el alto tribunal resolviera los recursos contra la constitucionalidad de la ley y el decreto ley del 2022, con los que la Generalitat pretendía esquivar la sentencia del TSJC que imponía el 25% de castellano en todas las aulas. «Se esperaba que la bomba cayera antes de las fiestas», apuntan fuentes de la comunidad educativa consultadas por El Món, y señalan que la resolución es inminente y que calculan que puede llegar a finales de mes o, a más tardar, a lo largo del primer trimestre. De hecho, Som Escola ya ha trasladado al Gobierno la necesidad de «proteger» los centros escolares ante nuevas injerencias judiciales, con la previsión de esta sentencia del TC.
La entidad, que agrupa a unas sesenta entidades a favor del modelo educativo catalán, ha aprovechado una reunión esta semana con la consejera de Educación, Esther Niubó, y el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, para trasladar al Gobierno que no se puede quedar de brazos cruzados ante lo que consideran que sería «un ataque intolerable de los altos estamentos judiciales contra un gran consenso de país». El gobierno de Salvador Illa debería sentirse concernido en esta batalla, ya que el PSC formó parte del frente de cuatro partidos, junto con ERC, Junts y los comunes, que pactaron y aprobaron en el Parlamento la ley que está pendiente del TC. En este sentido, Som Escola ha reclamado al ejecutivo que defienda el modelo «consensuado y validado por la sociedad catalana a lo largo de décadas» y han reclamado que ofrezca cobertura a los funcionarios públicos y proteja los centros educativos de la intromisión de los jueces.
«La situación en las escuelas ya es bastante preocupante para añadir una nueva intromisión judicial que, sin basarse en ningún criterio pedagógico, imponga y altere todos los proyectos educativos de los centros de Cataluña para limitar aún más el acceso al catalán a las nuevas generaciones», afirma la entidad unitaria, que asegura que activará todos los mecanismos que tiene a su alcance para, en caso de sentencia desfavorable del Tribunal Constitucional, estar preparados para plantar cara y defender el modelo pedagógico y lingüístico del país. De hecho, fuentes consultadas por El Món pronostican que la sentencia será «dura».
Contactos entre la comunidad educativa para preparar la respuesta
«Parece que será dura y se trabaja pensando en movilizaciones», insisten las mismas fuentes, que remarcan que las entidades «ya se están moviendo». En este sentido, detalla que entidades que forman parte de Som Escola como, por ejemplo, la Intersindical, Òmnium o Plataforma per la Llengua, entre otras, están en contacto entre ellas y también con otras plataformas como Pública y En Català y partidos como la CUP para dar una respuesta unitaria a la sentencia. «Se está hablando con todas las entidades», apuntan estas fuentes, y lamentan que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sea partidario de «acatar» y «aceptar todo lo que se haga» y, como muestra, apuntan al aval que ha dado el Gobierno a las infiltraciones policiales en movimientos sociales e independentistas.
Otras fuentes vinculadas a Som Escola señalan que las entidades que forman parte están en contacto «desde hace muchos meses», pero puntualizan que es para «mejorar lo que no funciona del modelo actual» y añaden que también hacen «seguimiento de la actualidad judicial» porque este año pasado han surgido una veintena de sentencias. «Estamos monitoreando la situación», han añadido, y remarcan que la entidad funciona a la perfección». «Estamos muy coordinados para estar juntos cuando llegue el momento y articular si es necesario una respuesta, pero ahora mismo no sabemos en qué sentido será la sentencia», apuntan.
Por otro lado, fuentes de la comunidad educativa consultadas dudan sobre la posición que adoptará la UGT ante la sentencia, pero afirman que «las entidades más soberanistas y más de contrapoder», como la CGT, «seguro que se movilizarán». No obstante, dejan claro que si la sentencia del TC es dura, harán falta «movilizaciones, huelgas, manifestaciones y centros que quieran practicar la insumisión», y advierten que si los funcionarios no obedecen las directrices del TC «pueden ser inhabilitados».
Plataforma per la Llengua, «en alerta permanente»
En Plataforma per la Llengua recuerdan que están «en alerta permanente» y que reaccionarán «con una posición fundamentada», pero consideran que no se pueden adelantar acontecimientos. Una de las dudas que hay es si el TC puede anular la ley y el decreto o solo el decreto. Desde Plataforma per la Llengua subrayan que el decreto «era la parte buena de la ley». «La ley a nosotros no nos gusta porque vemos muchos peligros», ya que entienden que puede abrir la puerta a hacer más horas de castellano, aunque la primera versión del texto, que se corrigió antes de ser aprobado, fue la que más les preocupó. Sea como sea, creen que la respuesta deberá adaptarse a la decisión del TC porque si cae el decreto, tendrá un efecto, si cae la ley, tendrá otro; y si caen el decreto y la ley, otro diferente. «Nosotros vivimos activados», concluyen desde la ONG del catalán.
Las fuentes más alarmadas de la comunidad educativa señalan que el principal problema del decreto es que «se hizo con carácter de urgencia, y no estaba justificado». Además apuntan a «un problema conceptual» porque el TSJC reguló la presencia del castellano en la escuela después de que la justicia española instara a la Generalitat a regular la presencia del castellano. «¿Cómo justificas que haces un decreto de urgencia cuando has tenido una década para regularlo?», se preguntan.
En cuanto a la ley, estas mismas fuentes tienen esperanzas de que se pueda salvar porque ha sido aprobada por una mayoría parlamentaria y, sobre todo, porque «habla de castellano curricular». En el artículo 2, esta norma establece que «la enseñanza y el uso curricular y educativo del catalán y del castellano deben estar garantizados y tener una presencia adecuada en los currículos y en los proyectos educativos a fin de que todo el alumnado alcance el dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales al final de la educación obligatoria».
