La batalla por los cambios en bachillerato continúa. Mientras la consejería de Educación, en manos de la consejera Esther Niubó, sigue impulsando las polémicas modificaciones en la secundaria postobligatoria, la comunidad educativa mantiene su rechazo a la propuesta de la consejería. Uno de los grandes motivos que ha enquistado la batalla entre la comunidad educativa y la administración es el requerimiento que el Ministerio de Educación, capitaneado por la ministra Pilar Alegría, hizo llegar a la consejería. En detalle, el requerimiento, al cual ha tenido acceso El Món, exige a la cartera de enseñanza que se modifiquen tres cuestiones del bachillerato. En primer lugar, establece que se debe revisar la «regulación de las materias de modalidad científica», es decir, el motivo por el cual la consejería ha optado por fusionar las asignaturas de física y química, y geología, biología y ciencias ambientales, tal como establece la LOMLOE. En segundo lugar, ajustar la nota media de bachillerato para adaptarla a la misma normativa española. Y, por último, adaptar el procedimiento de cambios a centros de otras comunidades autónomas para que no «limite el derecho a la movilidad en el territorio nacional [estatal] durante la etapa del bachillerato».
Este decreto, firmado por el secretario de Estado del Ministerio de Educación, Abelardo de la Rosa Díaz, se hizo llegar a la consejería el 10 de septiembre del año pasado. Además, el requerimiento del gobierno español también establecía que se debían realizar algunas modificaciones en la configuración de las asignaturas de la modalidad de humanidades -es decir, los polémicos cambios en bachillerato-, los cuales la misma consejera terminó echando atrás dos días después de hacerse públicos. Casi un mes más tarde, la consejería de Educación respondió a la petición de la Moncloa que forzaba los cambios en la secundaria postobligatoria. Sin embargo, los mismos documentos del departamento a los cuales ha tenido acceso este diario, confirman que el informe de la consejería, firmado por la secretaría de mejora educativa del departamento, Josefa Beltrán, no llegó hasta el mes de marzo. Es decir, casi cuatro meses más tarde de que estallara la polémica entre la comunidad educativa.
La comunidad educativa sigue encendida
La consejería de Educación y Formación Profesional ha confirmado los cambios en el currículo de bachillerato, pero la polémica sigue lejos de terminar. Este mismo martes, tras reunirse con los responsables de la cartera, la plataforma Docentes por la Calidad Educativa ha expresado su «profundo desacuerdo» con las políticas de la administración catalana para la secundaria postobligatoria, ya que consideran que ni el «planteamiento» ni las formas. De hecho, tal como ha hecho la comunidad científica y educativa desde que se anunciaron las propuestas de cambios -ahora confirmadas oficialmente por el departamento-, consideran que la decisión se ha tomado de espaldas al colectivo docente y “sin ningún tipo de diálogo estructurado” con las plataformas y organizaciones que representan a profesionales de la enseñanza: «No ha habido ningún espacio de negociación real, ninguna mesa de trabajo conjunta ni ninguna voluntad de escuchar las aportaciones de aquellos que conocen de primera mano la realidad de las aulas, los retos del currículo y las necesidades del alumnado», lamentan.
