El retraso de la publicación del listado provisional de adjudicaciones de plazas para el curso próximo ha abierto una nueva grieta entre la comunidad educativa y el Departamento de Educación. A pesar de que los docentes tenían que saber a principio de julio en qué centro trabajarán a partir de septiembre, la consejería, alegando un «problema técnico», ha modificado deprisa y corriendo la resolución sobre las adjudicaciones públicas y no notificará hasta finales de julio los destinos de los profesores sin plaza fija. Es decir, casi un mes más tarde de lo previsto. Un retraso que desde el departamento justifican con problemas de la aplicación informática, como explicó la directora general de Profesorado y Personal de Centros Públicos, Dolors Collell, este lunes, después de un encuentro con los sindicatos. Pero los expertos consultados por El Món, que coinciden con las organizaciones sindicales, consideran que el problema está en la implementación del polémico decreto de plantillas, muy criticado por los profesionales de la escuela pública catalana. Si hasta ahora ha provocado tensiones, con el aumento repentino de funcionarios que hace un año eran interinos el engranaje rechina más que nunca y hace muy difícil la adjudicación de plazas.
«El problema de fondo es el decreto de plantillas y el de direcciones, puesto que perpetúan el feudalismo en la educación. Parece que la consejería ve la escuela pública como una anomalía», argumenta el escritor e historiador diplomado en magisterio Xavier Diez. El experto habla de «despotismo» para describir lo que considera principal factor del malestar de la comunidad educativa. Según él, algunas direcciones de centro se han construido un claustro alineado con su pensamiento: «Los directores mandan mucho. Que puedan elegir a dedo su plantilla es un problema», apunta Diez.
La «perfilación» de plazas, un problema para el sistema educativo
Una idea muy similar es la que expresa el profesor colaborador de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Jordi Perales: «El poder que tienen las direcciones, y que algunas usan, perjudica la estabilidad del sistema educativo. Cuantas más plazas perfiladas [con la elección del profesor según un perfil determinado], menos estabilidad», argumenta. En esta misma línea se expresa el profesor de la facultad de educación de la Universidad de Barcelona (UB) Cristian Martínez, que advierte que «el decreto de plantillas dificulta las prácticas democráticas de los centros educativos».
Inicialmente, el decreto tenía como objetivo garantizar la «continuidad» de los claustros y los proyectos pedagógicos de los centros. Pero después de la estabilización «histórica» de interinos, la situación ha cambiado: «Se tendría que poder acceder a las plazas a través de un régimen de méritos e igualdad, pero el hecho de poder elegir docentes de la bolsa de interinos a través de una entrevista [el procedimiento habitual para cubrir una plaza perfilada] pone en entredicho la calidad del sistema educativo», asevera.
Los tres expertos hacen referencia al Decreto 39/2014, que atribuye a las direcciones de los centros educativos públicos «la facultad de intervenir en la definición de la plantilla docente y en la asignación de perfiles singulares a determinados puestos de trabajo de acuerdo con el proyecto educativo». Es decir, que las direcciones de centro pueden definir libremente y
Más de 18.000 nuevos funcionarios a colocar
Los problemas con el decreto de plantillas ya hace años que se arrastran, como es el caso de la crisis del Instituto Abierto de Cataluña, entre otros. Pero han vuelto a estallar con el retraso de la adjudicación de plazas para el curso próximo. Concretamente, después del proceso de estabilización masivo de 2023, 18.248 nuevos funcionarios tienen que pasar el periodo de prácticas -que se lleva a cabo durante el primer trimestre- el próximo curso. El problema es que la
Paradójicamente, ahora hay más funcionarios que plazas no perfiladas para cubrir, pero el proceso de estabilización obliga a colocarlos en todos o, al menos, a garantizarles el sueldo. El conjunto de trabajadores que hay que ubicar para el curso próximo es el mismo que el año pasado, pero con una categoría diferente, puesto que los nuevos funcionarios de este año eran interinos el curso pasado. Es decir, el mapa de plazas que había, que no ha cambiado, no se adapta a la nueva situación, con más funcionarios. «Si no les encuentran una plaza, los funcionarios tendrán que cobrar para quedarse en casa, y esto no es positivo para nadie», apunta el profesor colaborador de la UOC.
«El follón es muy grande», argumenta Xavier Diez. De hecho, desde la consejería que encabeza Anna Simó –que está en funciones desde hace meses– también abren la puerta a revisar algunos de los elementos del decreto de plantillas, según aseguran los sindicatos que se reunieron esta semana. Pero solo se ha hablado de ello en privado, y se trata de una tarea para el nuevo gobierno catalán, que a estas alturas continúa sin saber quién lo formará después de las elecciones del 12 de mayo. Si finalmente no hay investidura –el 26 de agosto es el día límite–, las elecciones se tendrán que repetir el 13 de octubre, de forma que la interinidad del gobierno se alargaría.
De momento, los sindicatos han recibido el mensaje de que la consejería está dispuesta a «revisar todas las peticiones de especialidad pedida para priorizarla y, solo si no fuera posible, adjudicar una plaza de otra especialidad reconocida [de la misma familia]» para «minimizar» los efectos del retraso de las asignaciones para el curso próximo. Ahora bien, Diez advierte que el hecho de no poder destinar todos los nuevos funcionarios a la especialidad que les corresponde puede comportar que algunos docentes tengan que empezar a trabajar en centros de «máxima complejidad». «El gran problema es que hay un mangoneo sistemático por parte de algunas direcciones que ha generado que haya plazas bloqueadas [refiriéndose en las plazas estipuladas con un perfil concreto]», alerta.
En este sentido, Cristian Martínez lamenta que, con la modificación del reglamento de adjudicación de plazas, los docentes que se habían especializado en tecnología, por ejemplo, ahora también pueden verse obligados a ocupar una plaza de matemáticas -puesto que son de la misma familia educativa: «Han cambiado las reglas del juego, y esto supone un agravio para los docentes porque algunos se verán forzados a dedicarse a la docencia de una asignatura de la cual no se han especializado», argumenta.
El inicio de curso precipita la «incertidumbre» de la comunidad educativa
A la «incertidumbre» que ha generado en los docentes el hecho de no saber -todavía- qué plaza ocuparán el próximo curso y el «maltrato» sistemático que denuncian algunos profesores, se suma el calendario apretujado de los meses de verano, puesto que el hecho de no tener el listado definitivo de adjudicaciones hasta finales de julio -o primeros de agosto- obliga a los docentes a concentrar todos los esfuerzos de preparación durante la primera semana de septiembre. «El adelanto del inicio de curso [que este año empezará el 9 de septiembre a diferencia de años atrás, que empezaba después de la Diada del 11 de septiembre] precipita los plazos, cosa que supone un agravio para los docentes», apunta Xavier Diez. En este sentido, Jordi Perales avisa que la «falta de previsión» puede acabar desencadenando un gran «caos» que se alargue durante todo el inicio del curso próximo.
De hecho, Cristian Martínez considera que la mejor manera de revertir esta problemática y evitar que se enquiste en el sistema educativo es «tener más previsión» y «simplificar» los procesos de adjudicación de plazas: «Con el retraso nos encontramos que los centros no podrán preparar los horarios del curso próximo porque todavía no tendrán conocimiento de qué docentes formarán parte del centro», asevera el profesor de la UB.
Así pues, los expertos coinciden que el mal uso del decreto de plantillas ha abierto una nueva grieta en la fragilidad del sistema educativo catalán, cosa que desencadena unos meses de incertidumbre a las puertas del inicio del nuevo curso y que, incluso, puede volver a poner los sindicatos del sector en pie de guerra.
