La consejera de Educación, Esther Niubó, se encuentra en una tormenta desde que comenzó el curso académico. Aún superando la resaca de la manifestación masiva del 15 de noviembre, en la que los docentes dejaron claras sus reivindicaciones, se le ha abierto otro frente. Esta vez, por los mecanismos con los que se evalúa el sistema educativo. Esta semana, el Departamento de Educación y Formación Profesional ha introducido oficialmente algunos cambios significativos en las pruebas de competencias básicas, conocidas técnicamente como evaluaciones de final de etapa. A partir de este curso, estas pruebas ya no se realizarán a todos los alumnos de sexto de primaria y cuarto de ESO censados en el sistema educativo, sino que solo se llevarán a cabo en 69 centros educativos que se elegirán, según aseguran, para representar todos los perfiles de alumnado posible. Es decir, las pruebas pasarán de ser censales a ser muestrales, un mecanismo que ya aplica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en las pruebas PISA, pero que hasta ahora aún no se había implementado en el sistema educativo catalán.
El nuevo planteamiento de la consejería para las evaluaciones de final de etapa genera muchas dudas entre los diferentes agentes de la comunidad educativa consultados por El Món: «Crec que la consejera Niubó ya dispone de suficiente información para ver que las medidas que se están aplicando no están funcionando. Cuando entras en una espiral negativa es muy difícil revertirla», argumenta el historiador, docente y articulista de este diario, Xavier Diez. Los expertos consideran que el paso de sistema censal al muestral es un «error» porque permite hacer un análisis menos exhaustivo sobre la situación que se vive en cada centro educativo: «Creo que es un error, porque con las pruebas censales puedes ver qué centros tienen buenos resultados y cuáles no. El cambio es una manera de ocultar la información a los mismos centros», añade Diez. En esta línea, el experto en ciencias de la educación y profesor colaborador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Jordi Perales también apunta que hacer las pruebas censales permitía hacer una «radiografía exacta» del estado del sistema educativo: «Me sorprende porque uno de los grandes objetivos de la consejera era mejorar los resultados, y ahora se cargan la prueba estandarizada [es decir, censal] que tenían para evaluarlos. Si tomas centros que ya tienen buenos resultados habitualmente, los resultados de las pruebas también serán buenos», argumenta.
Los sindicatos se muestran críticos
El último movimiento del departamento también ha generado muchas reticencias entre los sindicatos de docentes: «La opinión que ya se siente entre los docentes es que con el nuevo sistema de evaluación tomarán la muestra para ocultar malos resultados, que es lo que intentan hacer los últimos quince años«, asegura el portavoz de la Intersindical, Marc Martorell, quien cree que, con esta decisión, «el departamento lo que quiere es ocultar malos resultados en lugar de evaluar el conjunto de centros». Por su parte, la portavoz de USTEC, Iolanda Segura, no cuestiona si las pruebas son muestrales o censales, pero sí expresa sus dudas sobre la elección de los centros que se evaluarán de las competencias: «Cuestionaremos si los centros elegidos para la muestra lo están de forma interesada para obtener unos resultados manipulados, y no de forma aleatoria teniendo en cuenta las diferentes tipologías de centro que tenemos», advierte la portavoz del sindicato mayoritario del sector. Con todo, pues, los cambios de la consejería con las competencias básicas generan muchas dudas entre los docentes.
Una estrategia más política que educativa
Los expertos apuntan que el último movimiento de la consejería de Educación responde a una estrategia más política que no pensada para mejorar el sistema educativo. En concreto, Xavier Diez sospecha que se trata de un movimiento para «ganar tiempo» y prepararse para los próximos resultados, que no se prevé que muestren un gran cambio de tendencia: «Cuando Niubó hacía de consejera en la sombra del PSC, durante la época de Anna Simó, ya vio que lo que más desgastó a su predecesora fue el informe de las PISA [realizado cuando Simó aún no era consejera], que provocó una gran tormenta mediática. Niubó sabe que, para mantener su posición en el consejo ejecutivo, cuanto menos ruido mejor. Ahora, la consejera ya se está preparando para el próximo informe PISA», reflexiona el experto. De hecho, desde su punto de vista, es por este motivo que la responsable de la cartera de enseñanza se ha decantado por replicar la metodología de análisis de la OCDE.
Por su parte, Jordi Perales también lamenta que el nuevo funcionamiento de las competencias básicas no permite a los centros analizarse internamente: «Cuando haces estudios con una muestra aleatoria, es importante poder replicar el estudio después y, en este caso, no habrá la posibilidad de réplica. En cambio, con los datos censales, sí que se podían hacer estudios independientes», argumenta el profesor colaborador de la UOC, que considera que con el cambio de funcionamiento «se pierde la oportunidad de tener un estudio externo» a los resultados que ofrece la consejería. «A los centros, estas pruebas les servían para autorregularse. Es contradictorio», añade. Una idea que también comparte Marc Martorell: «Los centros utilizan también estas pruebas para hacer diagnósticos, y ahora no tendrán este indicador importantísimo», apunta el portavoz de la Intersindical, que critica duramente la decisión de la consejería.
«Obsesión» por la OCDE y las metodologías «que no funcionan»
Los expertos también lamentan la obsesión de los responsables de la administración catalana con la OCDE y sus recomendaciones, ya que consideran que no siempre aportan resultados positivos para el sistema educativo: «En la consejería tienen una obsesión muy grande con los criterios de la OCDE, y no siempre son favorables», apunta Jordi Perales. De hecho, este mismo mes de enero el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, firmó un acuerdo con esta organización, muy criticada por los principales sindicatos, que en teoría busca «identificar medidas destinadas a mejorar el rendimiento del alumnado en competencias básicas y así lograr la reversión de los resultados educativos en Cataluña». De este acuerdo, pues, nacen los cambios en el mecanismo de evaluación de las pruebas, reduciendo el número de alumnos que las harán. En este sentido, Perales también sospecha que estas últimas decisiones de la consejería pueden estar relacionadas con los cambios de cargos que se han producido en el departamento, como el reciente nombramiento del exalcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, como nuevo secretario de mejora educativa.
Xavier Diez también se muestra muy crítico con la OCDE: «Los países que les hacen menos caso, siempre tienen los resultados menos malos», ironiza. Para el experto, esta estrategia de la consejería también responde a la fijación por «mantener metodologías que no funcionan»: «Es una manera de proteger el trabajo por proyectos, que aporta unos resultados mediocres en el rendimiento de los alumnos», asevera Diez, que apunta que Niubó mantiene la misma dinámica de las anteriores legislaturas a consecuencia del pacto de investidura con los republicanos. Una dinámica que, a su parecer, también se mantiene dentro de la misma organización del departamento: «Durante la época de Josep González Cambray entraron muchos perfiles vinculados a entidades como la Fundació Bofill que han apostado mucho por estas nuevas metodologías, y aún siguen ahí», argumenta.
Este es uno de los motivos que ha agudizado el malestar de los docentes con los responsables de la cartera de enseñanza. «El trabajo por proyectos es caótico. Todo este conjunto de metodologías es lo que ha sobrecargado mucho a los profesionales», reflexiona Diez. De hecho, según el último estudio elaborado por USTEC a partir de las respuestas de 10.400 maestros y profesores, solo un 35% de los docentes encuestados está de acuerdo con las metodologías impulsadas por la consejería. Los profesionales del sector consultados coinciden en que la única manera viable de mejorar los resultados educativos es invertir «mucho más dinero» en el sistema: «Hablamos de ratios, salarios, recursos para la escuela inclusiva…», mantiene el portavoz de la Intersindical. Un planteamiento compartido por el resto de organizaciones sindicales del sector. La consejera Niubó se enfrenta al malestar creciente de los docentes y, de momento, todos los movimientos que plantea para mejorar el sistema educativo chocan frontalmente con las críticas del sector.
