Continúa la tensión al sistema penitenciario catalán. En una nueva movilización para reclamar seguridad a sus puestos de trabajo, las plantillas de las prisiones catalanas han denunciado un centenar de agresiones por parte de internos en los últimos 12 días, desde la muerte de la cocinera en el centro de Mas de Enric. Solo este último fin de semana, se habrían producido agresiones a las instalaciones de Poniente, donde dos funcionarios habrían salido heridos leves; y a Almeces, donde otra pareja de trabajadores habría sido golpeada a la cara y el mentón. El Departamento de Justicia, justo es decir, niega que la violencia en las prisiones catalanas haya llegado a este nivel, y descarta un volumen de agresiones en la última semana y pico como el que describen los funcionarios.
Sobre esta denuncia, unos cincuenta trabajadores de las prisiones catalanas se han concentrado este lunes en las puertas del centro de Brians 2, donde han lucido pancartas contra el Gobierno; en concreto contra el presidente Pere Aragonès y la consejera de Justicia Gemma Ubasart; así como dirigidas al secretario de Medidas Penales, Amand Calderó. Los trabajadores reclaman, de hecho, la dimisión o el cese de los dos últimos por la gestión de esta crisis. Los funcionarios movilizados han reclamado, a banda, mejoras en las medidas de seguridad en los centros ante el que describen como una «oleada de agresiones». «Cada día una decena de personas han sufrido una agresión», espeta Francina, una de las trabajadoras de Mas de Enric que ha participado en la protesta, donde también se han sumado los sindicatos.
«Restablecer la orden»
Ante la situación que denuncian, los trabajadores reclaman medidas para «restablecer la orden» en unas prisiones que consideren cada vez más peligrosas. «El bonisme no ha funcionado», en palabras de la misma Francina, al sistema penitenciario catalán. La funcionaria llega a alertar que grupos de interinos han acontecido «los reyes de las prisiones». Sobre esta alerta, los representantes de las plantillas reclaman «herramientas para garantizar la seguridad»; exigiendo una «administración que confíe» -una confianza que, lamenta, no se ha ofrecido por los «inventos» del Gobierno en los últimos tiempos-.
