Era una profecía y se ha cumplido. Vox ha presentado un recurso contra la decisión del juez instructor de la causa del Procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de levantar las órdenes de detención contra el presidente Carles Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín. Una decisión basada en el aval definitivo del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía aprovechando el recurso de amparo presentado por la exconsejera Dolors Bassa. En un escrito de doce páginas al que ha tenido acceso El Món, la formación ultraespañolista también apunta a una nueva cuestión prejudicial sobre el caso. Vox considera que fundamentar la retirada de las órdenes de detención por la sentencia de Bassa es «intempestiva y sin motivación».
El recurso de reforma y a la vez, subsidiario de apelación -es decir, que irá a parar a la sala penal- alega principalmente cuatro motivos. En primer término argumenta que «ningún dato relativo a la situación procesal de los procesados ha cambiado porque los afectados por las órdenes de detención siguen declarados en rebeldía, fuera del territorio nacional y sin haber comparecido». Además, como segundo motivo aporta que el delito de malversación «continúa excluido de la amnistía por resoluciones firmes dictadas en la causa. Por otra parte, recuerda que hay dos cuestiones prejudiciales presentadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y, en cuarto lugar, que Vox ha solicitado presentar otra en un escrito del pasado 1 de octubre. Una petición que aún está pendiente de resolverse.
Vox reprende a Llarena
El escrito llega a reprender al magistrado Llarena porque en su resolución del 6 de octubre levantando las órdenes «faltan las circunstancias cambiantes que origina su decisión». «Si la responsabilidad penal subsiste y el enjuiciamiento sigue pendiente, subsiste también la necesidad de asegurar la presencia de los procesados», defiende Vox en su escrito. En este sentido, le pregunta al magistrado por qué la resolución «no aporta ninguna otra razón para alterar las medidas que el pronunciamiento constitucional en el caso Bassa». Sin embargo, reprocha al juez que tome la decisión a pesar de que él mismo escribe que «no dispone del texto íntegro de la sentencia» y admite que el «conocimiento de la resolución es necesario para determinar su alcance». Por tanto, critica la decisión porque «no tiene el apoyo verificable» del contenido total de la sentencia.
En síntesis, Vox arguye que «mientras la cuestión de fondo no esté resuelta respecto de los procesados, el levantamiento de las órdenes supone tratarla como si lo estuviera». Asimismo, considera que Llarena ha hecho una ponderación «incompleta» de los bienes jurídicos a proteger y los procesados y califica de «desproporcionada la medida» porque en el supuesto de que hubiesen entrado en España, después de ocho años, «no se les podría haber llevado ante la autoridad judicial».
