Como un ciclista que lleva decenas de minutos de ventaja sobre sus compañeros de maillot en la penúltima etapa del Tour y que se permite ciertos gestos de descompresión, pasa lo mismo cuando termina un larguísimo proceso judicial. Hemos visto abogados, que en el momento de terminar sus informes han llorado, fiscales que se han despedido del que ha sido su destino durante veinte años con emoción y otros que se han permitido utilizar la ironía, autorizada por el tribunal. Es el caso del largo proceso judicial derivado del Primer d’Octubre y su subtrama, muy enredada, de la ley de amnistía.
El ejemplo es la defensa de Carles Puigdemont, dirigida por Gonzalo Boye, que ha presentado un escrito de alegaciones ante el Tribunal Supremo contra el recurso de reforma de Vox que reclama al magistrado instructor volver a poner en circulación las órdenes de detención para Carles Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín. El escrito, de quince páginas y al que ha tenido acceso el Món, carga los neulers contra el recurso de la formación ultraespañolista y deja entrever que no ha captado la intención del juez instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena.
El magistrado, el seis de octubre, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que estimaba el recurso de amparo de Dolors Bassa, y daba el visto bueno definitivo a la ley de amnistía, decidió retirar las órdenes de detención. A pesar de la decisión, Llarena advertía que anular las órdenes no suponía dar por hecha la aplicación de la amnistía pero sí avisaba que lo debía hacer porque en caso de que se estime la amnistía el daño causado por mantener las órdenes sería irreparable. La defensa de Puigdemont reprocha a Vox que trate la sentencia del TC «como si fuera una noticia de agencia» dejando de leer y comprender partes importantes de la resolución.
«Los últimos de Filipinas»
En esta línea, las alegaciones al recurso de Vox contienen una referencia histórica más sarcástica que irónica. «El recurso tiene algo de los últimos de las Filipinas o, para usar el término con el que se conoce a los soldados japoneses que continuaron combatiendo durante años después de 1945, de los holdouts«, compara el escrito de Boye en referencia a los soldados que se quedaban combatiendo una vez se había firmado el armisticio porque no se habían dado cuenta o enterado. El caso de los Últimos de Filipinas fue el destacamento militar español que se mantuvo en guerra durante casi unos años sin saber que España ya había terminado la Guerra de Cuba con los EE. UU.
«La acusación popular continúa defendiendo, con una perseverancia digna de una causa mejor, una posición sobre la aplicabilidad de la ley de amnistía que ya no comparten ni el Ministerio Fiscal ni la Abogacía del Estado, que el Tribunal de Justicia ha desmontado en su dimensión europea y que el Pleno del Tribunal Constitucional acaba de declarar contraria a la Constitución», argumenta Boye. En síntesis, que Vox se ha quedado más solo que la una.
Asimismo, critica el fondo del recurso y su argumentación principal. En concreto, que los tres exiliados si regresan deben ser arrestados, comparecer ante el juez y resolver después, a pesar de la rotundidad de la sentencia del TC y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). «Proponer la privación de libertad como medida menos costosa para la libertad tiene, al menos, el mérito de la originalidad», ironiza Boye. También desmonta la tesis de las cuestiones prejudiciales pendientes o las que se solicita presentar, porque su presentación no impide suspender las medidas cautelares y más cuando el TJUE ya ha avalado la amnistía. En resumen, Boye argumenta que Vox sostiene que el «juez no puede reformar sus propias interlocutorias mientras otro tribunal examina si las debe dictar, una regla que no figura en la Ley de Enjuiciamiento Criminal ni en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, algo que debería resultar comprensible para la parte recurrente».
