La decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de desestimar las demandas del exilio por la inmunidad todavía no ha tenido repercusión en l Tribunal Supremo. Como mínimo, una repercusión formal dentro del proceso judicial contra el Primero de Octubre. Ninguna decisión por parte del juez instructor de la causa del Proceso al Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que quería «leer la letra pequeña de las resoluciones» sobre la inmunidad del presidente Carles Puigdemont y los consejeros Toni Comín y Clara Posantí como europarlamentarios. Ante esta calma, la acusación popular de la extrema derecha de Vox ya se ha activado. Un escrito que obligará a Llarena a responder que, de momento, aguanta la pelota a la espera del próximo movimiento del exilio.
El equipo jurídico de la formación ultraderechista presentó un escrito el pasado 12 de julio, al que ha tenido acceso El Món, con el que instaba al juez instructor a emitir las euroórdenes contra el exilio. En su escrito, Vox interpreta que han perdido la inmunidad y, por lo tanto, es hora de detenerlos por los delitos de malversación y desobediencia que articuló Llarena en la interlocutoria de procesamiento del próximo pasado 12 de enero, que abría una nueva etapa después de la derogación del delito de sedición y de la reforma del delito de la malversación. Una revisión del Código Penal pactada por el gobierno de Pedro Sánchez y ERC que ha permitido, entre otras cosas, que Ponsatí o Marta Rovira sean procesadas por un delito de desobediencia, que no comporta prisión.
«Nuevas perspectivas»
La tesis de Vox es que las resoluciones del TGUE ha abierto «nuevas perspectivas» puestas con relación a la reforma del Código Penal y la nueva petición de penas sobre la base de la malversación. Con su maniobra, Vox, que confunde el levantamiento de la inmunidad a través del suplicatorio con el reconocimiento de ser diputado electo, y, por tanto, con todas las garantías y derechos, pide que Llarena «emita las correspondientes órdenes europeas de detención para cursar la detención y posterior enjuiciamiento de Puigdemont, Comín y Ponsatí». De hecho, Vox está convencido que sin inmunidad ahora las euroórdenes pueden ser efectivas.
Ahora bien, en ningún caso Vox especifica si solicita reactivar las existentes o emitir unas de nuevas con los nuevos delitos. Una dicotomía que, en definitiva, también tienen Llarena, la fiscalía y la abogacía del Estado. Los tres estaban a la expectativa del escrito de presentación de medidas cautelares por parte del exilio ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra las resoluciones del pasado 5 de julio. De hecho, fuentes del Supremo consideran que las dos sentencias no fueron favorables a los eurodiputados, pero aun así preferían esperar a ver los recursos. Básicamente, porque de las sentencias se puede concluir que no se puede emitir una nueva euroorden sin pedir un nuevo suplicatorio porque los delitos son diferentes y los hechos imputados también.
En el fondo, el Supremo especula con la posibilidad que la tramitación a través de la reactivación de las euroórdenes retiradas se encuentre con el muro de la justicia belga y aplique lo que se conoce la doctrina Bob Doggi. Una tesis avalada por el TJUE, que reclama a los Estados emisores de las euroórdenes emitir una orden nacional de detención para validar la orden europea de detención. Por lo tanto, si hay una nueva orden estatal, debería haber un nuevo trámite de suplicatorio para poder emitir una nueva euroorden. La maniobra de Vox obliga a Llarena a pronunciarse después de dar traslado a las partes, la ventaja para Llarena es que no tiene ningún plazo concreto para responder Vox.
