Nuevo caso de fraccionamiento de contratos de la administración en manos de la justicia. En concreto, el juez está investigando la adjudicación de contratos del Ayuntamiento de Altafulla, cuando estaba gobernado por Alternativa Altafulla (como marca del espacio político de los comunes), a una consultora –Sinergia, Energia, Dret, Medi Ambient S.L.P.– que administraban el exlíder de ICV Joan Herrera y el ahora exconsejero de Interior Joan Ignasi Elena. El caso se remonta al año 2017, cuando el alcalde era Fèlix Alonso, entonces diputado de Podemos en el Congreso y ahora actual diputado del grupo Sumar. Un sumario que fue sobreseído y reabierto y que ahora, a la vista de las pruebas recogidas, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 del Vendrell, Maria Jesús Berzosa, ha prorrogado la instrucción, que se encuentra bajo secreto de sumario, de acuerdo con el ministerio público.
La resolución de prórroga de la instrucción, de tres páginas y a la que ha tenido acceso El Món, es de martes, 1 de abril, y avisa que una vez los Mossos d’Esquadra hayan terminado sus atestados se procederá con las declaraciones de los investigados y de los testigos. En este sentido, la resolución argumenta que no fue hasta el 19 de septiembre de 2024 que los Mossos pudieron presentar un informe trascendental para la investigación: un atestado sobre la ingente cantidad de correos de la consultora Sinergia, Energia, Dret, Medi Ambient S.L.P, beneficiaria de la adjudicación que los investigadores consideran irregular. Un fraccionamiento equiparable al que llevó a juicio a la expresidenta del Parlamento Laura Borràs, cuando se produjo mientras era directora de la Institución de las Letras Catalanas y que le ha costado una pena de 4 años de prisión y 13 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y falsedad documental.
El actual alcalde del municipio, Jordi Molinera, de ERC, reconoce a El Món que los Mossos se personaron en el consistorio para pedir documentación sobre la relación contractual del Ayuntamiento con la consultora. Un hecho que tampoco le sorprendió porque recuerda que él mismo ya había denunciado que algo «no cuadraba en estas contrataciones» cuando estaba en la oposición. En este sentido, recuerda que desde el Ayuntamiento han «ofrecido toda la ayuda a la policía con máxima transparencia». Asimismo, en el momento que fue nombrado alcalde cortó de raíz cualquier relación contractual con esta consultora jurídica. De hecho, un acta del pleno del 28 de abril de 2018 refleja las preguntas de la oposición sobre los contratos del Ayuntamiento con esta empresa.
Una investigación que inicia la Oficina Antifraude de Cataluña
Este caso nace a raíz de una investigación de la Oficina Antifraude de Cataluña, por una denuncia presentada el 8 de agosto de 2022 por unas «presuntas irregularidades en un contrato menor de servicios». La primera contratación que está bajo la lupa es de octubre del 2017, cuando, a través de la figura de un contrato menor, con el concepto de servicio de asesoramiento jurídico encargado a la empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi ambient. En aquel momento, Alonso era el alcalde de Altafulla y la empresa tenía como administradores solidarios a Herrera, Elena y Judit Liguerre, actual administradora.
Según el informe de Antifraude, su investigación tuvo por objeto «determinar la existencia de presuntas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Altafulla en relación con la adjudicación, mediante contratos menores, de servicios de asesoramiento a una misma empresa». «La investigación realizada puso de manifiesto la existencia de un uso indebido de la figura del contrato menor con el objetivo de satisfacer necesidades recurrentes de la Corporación, que era contraria a la normativa de contratación pública y que comportó un fraccionamiento prohibido del dicho contrato», remarcaba Antifraude.
La Oficina Antifraude, que dirige el magistrado Miquel Àngel Gimeno, instaba al consistorio a «analizar la posibilidad de iniciar un procedimiento de revisión de oficio de los contratos analizados, así como la necesidad de adjudicar dichos servicios mediante procedimientos que garanticen la libre concurrencia». También apuntaban la posibilidad de un conflicto de intereses porque los administradores de Sinergia eran Elena y Herrera.
Llega el caso al juzgado
Una vez Antifraude obtuvo la documentación, trasladaron la información a la fiscalía y a la Unidad Anticorrupción de la División de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra, que iniciaron una investigación. Según el sumario, la policía se fijó en la adjudicación, hecha a través de una provisión de alcaldía, al ser un contrato menor, de manera que legalmente no estaba permitido alargarla más de un año y sin posibilidad de prórroga. Aún así, esta consultora jurídica prestó el servicio y cobró facturas durante siete meses después de que el contrato expirara, con los informes negativos de intervención del Ayuntamiento. Según los números de la policía, el importe total de las facturas ascendía a 25.000 euros más IVA en total, cuando el máximo permitido para un contrato menor es de 18.000 euros, con IVA incluido.
El camino judicial fue complicado. Las diligencias se abrieron el 4 de agosto de 2023, pero se sobreseyeron provisionalmente. Dos meses después, sin embargo, el 3 de octubre de 2023, la titular del juzgado reabrió el procedimiento y ordenó a los Mossos, como policía judicial, recoger toda la información y las pruebas que encontraran pertinentes. Una de las medidas fue la entrada y registro en la consultora, domiciliada en el pasaje Olivé de Barcelona. A raíz de las diligencias practicadas por la policía judicial el caso continuó su curso hasta el pasado 19 de septiembre, cuando los Mossos entregaron a la jueza un suculento informe con los correos electrónicos de la empresa. A la vista de la prueba recogida, la jueza quiere continuar la instrucción ahora con más testificales y, sobre todo, las primeras declaraciones de los que pronto podrían ser formalmente imputados en la causa.
«Servicios jurídicos»
El contrato que puso en alerta a Antifraude fue un contrato firmado el 23 de octubre de 2017, firmado por el alcalde y Liguerre, una de las administradoras de la consultora. El contrato se justificaba en la necesidad de la corporación municipal de contratar profesionales cuando no tenga suficientes medios para llevar a cabo una tarea. Así contrataron con Sinergia, Energia, Dret, Medi Ambient S.L.P. los «servicios de asesoramiento jurídico ordinario, no judicial» por un precio de 15.600 euros más 3.276 euros de IVA. Un precio que se facturaría de manera proporcional a razón de 1.300 euros al mes, más 273 euros de IVA, que ascenderían a 1.573 euros mensuales.
La empresa Sinergia, Energia, Dret, Medi Ambient S.L.P., según el Boletín Oficial del Registro Mercantil, se constituyó el 28 de agosto de 2017, es decir, menos de dos meses antes de la firma del contrato, con un capital social de 3.000 euros con una actividad «exclusiva«: la actividad propia del ejercicio de la abogacía. En aquel momento, Herrera, Elena y Liguerre eran socios y administradores solidarios de la sociedad. Posteriormente, la sociedad cambió de domicilio y no fue hasta agosto de 2018 que se separó como socio Herrera y también se le revocó el cargo de administrador. La misma situación vivió Elena, en agosto de 2021. De hecho, fue el momento en que se incorporó como socia Adelina Larrea, la titular del Bufet Larrea, donde ahora está domiciliada la sociedad investigada.
