Los testimonios siempre los carga el diablo. La prueba de este mantra ha sido la sexta jornada del juicio a Gonzalo Boye, el abogado del presidente en el exilio, Carles Puigdemont. Una vista oral que tiene sentados en el banco de los acusados a una cincuentena de imputados por delitos de narcotráfico y blanqueo, con José Ramon Prado Bugallo, Sito Miñanco, como principal procesado con peticiones de penas de hasta 31 años. Boye se enfrenta a una petición de casi diez años de prisión acusado de preparar el blanqueo de casi un millón de euros intervenidos en el aeropuerto que la conjura de la policía y la fiscalía imputa a la organización de Miñanco.
Una de las pruebas de cargo contra el abogado –a la cual se suma una declaración de otro procesado en medio de la investigación que obtuvo el beneficio magnánimo de la libertad a petición de la fiscalía– se debilitó en la sesión de este martes, y de qué manera. Se trata de una reunión en un restaurante Vips –una cadena muy arraigada en Madrid– de la calle Ourense 79 de la ciudad española, el 28 de junio de 2017. La tesis de la acusación es que los seguimientos de la policía localizaron una reunión con Prado Bugallo, Adriana Careu, Luis Enrique García Arango, Manuel Puentes Saavedra, Isabel Prado -hija de Sito- y Boye.
Pero, ni el seguimiento se registró en un acta ni las fotografías aportadas a la minuta policial posterior las hizo la policía, sino que fueron extraídas de las cámaras de seguridad del restaurante, fotogramas sin ninguna garantía de obtención ni respetando el procedimiento legal. Incluso, hay fotografías donde los investigados llevan ropa diferente, como si se la hubieran cambiado mientras duraba la reunión. El interrogatorio del abogado de Boye, Eduardo García Peña, dejó en evidencia el seguimiento, basado en una conversación telefónica, hasta el punto que quedó en duda que el seguimiento se hubiera llegado a hacer.
«No entramos», admite uno de los agentes que realizaban una vigilancia clave en el caso
En principio, se decía que el seguimiento lo habían llevado a cabo dos agentes del CNP, el 110.328 y el 113.263. En su declaración, el primero pasó de puntillas sobre la cuestión del seguimiento sin dejar claro cómo se había hecho. Pero el segundo agente se equivocó intentando explicarlo. De hecho, el presidente del tribunal, Félix Alfonso Guevara, llegó a considerar la primera pregunta impertinente cuando el abogado, con perspicacia, intentó saber si algún otro agente había participado del extraño seguimiento.
El agente 113.263 comenzó a detallar una reunión que no cuadraba con lo que había expuesto su compañero de uniforme un rato antes, hasta que el tribunal descubrió que estaba hablando de otro encuentro, donde Boye no estaba. El policía se tuvo que disculpar. Y, acto seguido, admitió que ni siquiera había entrado al VIPS, que habían visto entrar a los asistentes a la reunión, que los habían visto «cuando salieron», que no supieron de qué habían hablado, ni qué habían hecho, ni cómo estaban sentados. Un relato todo extraño que el letrado desmontó con destreza.
A partir de aquí, la versión policial cambió. Entonces la historia ya era otra. Guevara prestaba atención. Según el policía, detectaron el vehículo de uno de los investigados –todos eran nombres de peso para la investigación– y entonces vieron cómo salían de la cafetería sin tener «ninguna información de lo que pasaba dentro». El letrado preguntó cómo sabían si se habían encontrado todos. La respuesta se hizo esperar. «Pienso que se pidieron imágenes después…», respondió, lo que permitió a Eduardo García sacar punta al lápiz. «¿Usted vio algo de lo que pasó dentro del VIPS?», le espetó. Un silencio, y apenas un «no». «¿Quién estaba sentado con quién y en qué mesas?», insistió. «No. No», admitió el policía. El magistrado intervino con el salvavidas para el policía cuando ya había quedado claro, que no habían visto ni cómo se hizo la reunión, ni cuándo empezó ni de qué hablaron. De hecho, el policía expuso que montaron el dispositivo cuando se iban.
Las imágenes no eran de la policía y el agente se desentiende
El interrogatorio, sin embargo, continuó. El abogado quería aclarar las imágenes que constan en el sumario del encuentro. Unos fotogramas extraños. Así, preguntó al policía por las imágenes aportadas. Entonces el agente dijo que, cuando montaron el operativo de vigilancia, era casualmente cuando salían de la cafetería. «Pienso que se pidieron imágenes», añadió. Una suposición que dio munición al abogado que aprovechó para metrallar la prueba. «Acaba de mencionar que se pidieron imágenes después… Hay, en uno de los informes que consta en las actuaciones, aportados por usted una serie de imágenes…«, planteó. El policía se descubrió. «No por nosotros… Son de las cámaras del VIPS, creo recordar», intentó huir de la embestida poniendo aún más en duda la legalidad de los fotogramas.
La rematada vino cuando el abogado preguntó por qué motivo no se hizo un acta de esta vigilancia donde había seis personas, de las cuales cinco eran principales investigados en el procedimiento. Únicamente reportaron una minuta de la vigilancia, pero el policía se desentendió de las fotografías de la vigilancia alegando que no sabía quién las había pedido y se quitó las pulgas de encima asegurando que él no había sido quien las había reclamado. Además, tras aquel encuentro, todos los reunidos habrían entrado en un portal del número 24 de la misma calle que tampoco vio qué pasaba dentro. Las imágenes de la reunión darán mucho juego en este juicio que aún va para largo.
