No es la primera vez, ni de lejos, que la política catalana se ve enturbiada por prácticas que parecen mafiosas. El ejemplo más clamoroso ha sido toda la trama de la operación Catalunya, el dispositivo clandestino contra el procés soberanista. Una trama de espionaje, detectives, escuchas y dinero. Pero ahora se añade a esta historia de prácticas tóxicas y nocivas un escándalo en el Ayuntamiento de Tarragona en torno a la adjudicación del contrato de limpieza. Un asunto que es investigado por Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil y que añade más sombras al consistorio presidido por el alcalde, el socialista y exrepresentante de Ciudadanos Rubén Viñuales, tras el caso Inipro, del cual pronto habrá fecha de juicio en la audiencia de Tarragona.
El caso lo adelantó una investigación del diario tarraconense Porta Enrere hace más de un año y poco a poco la historia ha ido creciendo y enredando más dentro de la administración municipal. En concreto, en marzo de 2024 apareció una información en el Diari de Tarragona sobre una técnica del Ayuntamiento responsable del servicio de basura. La publicación provocó una reunión en el consistorio para decidir si se respondía judicialmente a lo que se consideraba una información llena de «falsedades» sobre la trabajadora municipal, que había preparado la licitación de la adjudicación más jugosa del consistorio, la gestión de la basura y la limpieza, donde concurrían tres grandes empresas y que se adjudicó por 234 millones de euros.
El caso toma vuelo
En ese encuentro, el equipo de presidencia y el de recursos humanos admitieron que sabían que existían estas informaciones, pero no conocían su origen ni de qué constaban. y que se basaban en un informe y unas fotografías que había recibido anónimamente el rotativo. Un informe que reportaba reuniones y transcripciones de los encuentros del representante de las empresas con la trabajadora municipal cuestionada. Cabe decir que el alcalde admitió que conocía la existencia de informaciones raras porque Gustavo Cuadrado, un asesor que tenía en la Diputación de Tarragona y que había sido la mano derecha del exalcalde socialista de la ciudad, Félix Ballesteros, ambos procesados en el caso Inipro, le había comentado el rumor de la existencia de estas informaciones. Ahora bien, Cuadrado deja claro a El Món que «niega rotundamente haber visto nunca este contenido o haber dicho nunca que lo hubiera visto». Únicamente que conocía el rumor de informaciones «chungas».
La trabajadora no se entretuvo y denunció los hechos. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, según Porta Enrere, recogió la denuncia. El instituto armado descubrió que, además, le habían infectado el teléfono con un software espía, MSpy. Entonces, el alcalde y otros altos cargos y exconcejales del consistorio comprobaron si también habían sido hackeados y el resultado fue negativo. Los Mossos d’Esquadra también se involucraron en el caso a raíz de la denuncia posterior del alcalde Viñuales sobre su posible espionaje.
El asunto quedó en manos del Juzgado de Instrucción número tres de Tarragona, que lo ha redimensionado porque el juez requirió al Diari de Tarragona el dossier. El rotativo lo entregó al juzgado, en papel y con el lápiz de memoria que lo acompañaba en octubre de 2024. La unidad de informática forense de los Mossos comenzó a analizar la memoria USB que el diario habría recibido anónimamente. Los primeros detalles del atestado de los Mossos sobre el pendrive apuntan a que el periodista que comenzó a publicar informaciones sobre el caso, Rafa Marrassé, también fue espiado. Además, se ha denunciado que algunas partes del informe coinciden con comentarios en la red de asesores del alcalde de Tarragona, -hecho que ha sido denunciado al Grup Barnils- y Marrassé ha relatado, con todo tipo de detalles, cómo lo estuvieron siguiendo desde varios teléfonos. Uno de estos móviles había sido propiedad de una agencia de detectives que habría prestado servicios a empresas del Ayuntamiento. La instrucción continúa en marcha.
