La posibilidad de que en un juicio aparezcan sorpresas es proporcional a la importancia del caso. Cuanto más importante es el caso, las sorpresas son más importantes y llamativas. La prueba de ello es el caso Mito, un sumario que acumula cinco juicios con la mirada puesta en una supuesta organización de narcotráfico que dirigía José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, y que, de rebote, ha involucrado a Gonzalo Boye, abogado del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, en la pieza que juzga un posible blanqueo.

La jornada de este lunes era especialmente sensible porque han comenzado a desfilar por el estrado los testimonios de las defensas. Un repertorio de colaboradores, familiares, conocidos y saludados que han cuestionado hechos que el ministerio público daba por probados. Incluso se han vivido momentos oníricos, como cuando un experto en subastas hizo memoria de una cena porque la pagó él. En la sala de vistas aún resuenan las risas. Pero, sin lugar a dudas, la estrella de la jornada ha sido Jesús Prieto, un abogado que ha certificado una prueba clave en la defensa de Boye. Prieto, con desenvoltura y sin ningún problema, ha reconocido su voz en un audio que contenía una conversación con Boye, en una de las salas de espera de la Audiencia Nacional, durante la vista de una extradición.

En el audio, Prieto admite que su cliente, Manuel Puentes Saavedra, salió de prisión en julio de 2019 a cambio de incriminar a Boye en la declaración que abrió la veda contra el letrado del exilio por parte de la fiscalía y la UDEF. Ha sido uno de los momentos estelares de la vista, seguido por las diversas declaraciones de abogados que participaron en el caso que Boye llevó para intentar recuperar unos dineros confiscados en el aeropuerto de Barajas. La fiscalía no ha tenido un buen día, al punto que el fiscal Ángel Bodoque ha roto uno de los márgenes aún respetados en las normas de juego de la judicatura cuando intentó, con un interrogatorio gratuitamente agresivo, implicar a la pareja de Boye, la letrada Isabel Elbal, en la trama. Pero para jugar sucio, también hay que saber jugar y tener un árbitro que te apoye. Ninguno de estos dos elementos se ha dejado ver en la sala de vistas.

Isabel Elbal y Gonzalo Boye, en un momento del juicio a Laura Borràs, Isaías Herrero, y Andreu Pujol/ACN
Isabel Elbal y Gonzalo Boye, en una imagen de archivo, durante un juicio en el que trabajaban ambos /ACN

«Es mi voz»: prueba certificada a favor de Boye

El testimonio de Prieto ha sido determinante. De hecho, ya se vislumbraba que sería importante cuando la defensa de Boye, dirigida por un perspicaz Eduardo García, consiguió convencer al tribunal presidido por Félix Alfonso Guevara para que incorporara como prueba el audio del que se deduce cómo la fiscalía ha articulado la acusación contra Boye. Pero todo dependía del testimonio de Prieto en la vista, de que avalara o certificara la validez del audio. Y ha ido sobre ruedas. Con un interrogatorio de manual, marca García, ha hecho una jugada sencilla y al pie. Ha marcado un gol para la defensa que ha dejado tocada la ofensiva del ministerio público.

En la conversación, del 8 de enero de 2023, Prieto explica que agentes del Cuerpo Nacional de Policía visitaron varias veces a Manuel Puentes Saavedra, de quien era el abogado, en la prisión de Segovia. Después de que Puentes Saavedra cambiara su declaración sobre el origen del dinero confiscado en el aeropuerto para incriminar a Boye en una operación de blanqueo, salió en libertad. En la conversación, Prieto admitía que la policía le ofreció “hacer un trato”: si incriminaba a Boye, su cliente salía de la prisión gracias al informe favorable de la Fiscalía. «Es mi voz», ha admitido Prieto. De hecho, también ha reconocido unos mensajes de WhatsApp entre ambos que refuerzan esta versión.

Gonzalo Boye, en el banquillo de los acusados/Pool EFE Audiencia Nacional/Fernando Villar
Gonzalo Boye, en el banquillo de los acusados/Pool EFE Audiencia Nacional/Fernando Villar

‘El Viejo’ y las letras de cambio

Tras el choque, continuó el festival de testimonios, que con naturalidad, no se han dejado enredar por las preguntas del ministerio fiscal. De entrada, los letrados del despacho de Boye que participaron en el proceso administrativo y posteriormente contencioso de recuperación de los 889.620 euros de Barajas. La versión de todos ha sido mimética y, a veces, con alguna indirecta a la fiscalía para recordarles que son abogados, que en ningún caso es sinónimo de ser delincuente, sino que su trabajo es defender los intereses de sus clientes.

Entre estos clientes, Manuel González Rubio, alias el Viejo, –un apodo que ya se ha confirmado–, que todos han definido como «solvente», un detalle interesante porque se le acusa de ser mula de Sito Miñanco y, como apuntan fuentes de la Audiencia Nacional, las «mulas no van con Mercedes ni tienen empresas de servicios que facturan miles de euros». González Rubio, que aún debe declarar en la vista, mantiene que el dinero era suyo y que aportó los documentos al despacho de Boye para intentar recuperarlos.

De hecho, el consejo de los abogados fue bastante sencillo: acreditar el origen del dinero y, si era posible, el destino. Así se hizo. La estrategia de recuperación no falló, recuperaron parte del dinero y, además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) redujo la multa en un 50%. La cuota que el despacho debía cobrar era un 15%, que, por cierto, aún está pendiente. Las letras de cambio y los contratos los llevó González Rubio, los abogados solo hicieron los recursos.

¿En qué mesa estaban los documentos confiscados en el bufete de Boye?

Otro de los detalles interesantes de la vista de este lunes ha sido aclarar quién elaboró los documentos de estrategia de defensa que la policía confiscó en el bufete de Boye. Dos de los trabajadores, encargados de elaborar los documentos a los que accedió la UDEF y la fiscalía que acusó a Boye, han narrado cómo se prepararon. Unos documentos clave que precisamente replicaban con datos la declaración de Puentes Saavedra que implicaba a Boye en el caso. Pero una pregunta ha sobrevolado la sala: ¿podían los policías confiscar documentos que estaban en los despachos de otros abogados del bufete y en sus ordenadores? Las defensas han tomado nota.

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