Nueva sesión de la comisión de investigación en el Congreso sobre los atentados en Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017. La jornada de este martes ha comenzado con retraso debido a las obras en la sala contigua, lo que ha obligado al letrado de la comisión a pedir por favor que detuvieran el taladro eléctrico que impedía a los diputados escuchar al primer compareciente, el abogado y exjuez Agustí Carles, representante legal, junto con Jaume Alonso-Cuevillas, de los padres del pequeño Xavi, el niño de 3 años asesinado en la Rambla.
Carles ha defendido el derecho de tercera generación de saber la verdad en un caso que se ha complicado con partes oscuras como, la relación entre el imán de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, y los servicios de seguridad del Estado, o cómo la célula se pudo articular en una ciudad como Ripoll o en un apartamento de Alcanar con cientos de bombonas de butano y material para fabricar explosivos. Carles ha aportado a la comisión 17 documentos que considera esenciales para mostrar qué partes «chirrían» del caso, como, la muerte de Es-Satty, el descontrol de la célula o la figura del cuarto hombre de Alcanar que nadie identificó a pesar de encontrar una imagen. Agustí Carles también ha esbozado acudir a justicias internacionales, aprovechando que muchas de las víctimas tienen diferentes nacionalidades.
A la espera del TEDH
El abogado ha explicado el proceso judicial de los atentados y las dudas generadas en un sumario que incluye un año y medio de investigaciones con el sello de secreto de sumario. En concreto, la muerte del imán y su confirmación biológica, la obtención de los precursores o aclarar la relación de los servicios de inteligencia con el cerebro de la célula yihadista. Carles ha insistido en que el certificado de la muerte del imán «no cumple con los estándares de la ley». Pero ha reprochado a los que comparan este razonamiento con la «conspiranoia».
Por otro lado, Carles ha insistido a los diputados reclamar aún más documentación para desclasificar y ha recordado el efecto de llevar la demanda por vulneración de derechos fundamentales ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todo ello, como parte de una estrategia procesal y judicial pensada para ir más allá de las fronteras de la justicia española teniendo presente que hay víctimas de Australia, Bélgica, Italia, Canadá o Portugal.
«Ahora mismo nos toca el Tribunal de Derechos Humanos, tenemos una comisión de investigación que puede ayudar a las víctimas a sacar conclusiones. En el caso de que ninguna de estas dos posibilidades saliera adelante, tenemos contactos con víctimas de diferentes países para poner en marcha la justicia universal», ha remarcado ante la comisión de investigación sobre los atentados. El objetivo es para Carles, es que «se está buscando una verdad».
