Proceso marca de la casa de Josep Costa. El exvicepresidente del Parlamento y el expresidente de la Generalitat de la misma legislatura, Quim Torra, han llevado su caso de espionaje con el software Pegasus al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Todo esto como un último recurso ante la falta de amparo y cobertura jurídica de sus derechos que les han ofrecido las instituciones judiciales españolas como la Audiencia Nacional o el mismo Tribunal Supremo. Será la primera vez que el Catalangate llega a una jurisdicción internacional.
En una comparecencia conjunta esta tarde, en el Colegio de Periodistas, Torra y Costa han explicado que han agotado todas las vías en los tribunales españoles y confían en la justicia europea. De hecho, Costa tiene experiencia en llevar sus causas a Europa, a través de varias demandas por vulneración de derechos a raíz de su proceso judicial por desobediencia cuando era vicepresidente de la cámara catalana. En esta ocasión, la demanda solicita que se declare la ilegalidad del espionaje, pero también que se «declare su derecho a saber qué información y documentación se obtuvo por parte del Estado y lograr que sea completamente destruida».
«Vulneración masiva de derechos humanos»
Tanto Torra como Costa esperan que la justicia europea mire con atención el caso y evalúe lo que califican como «vulneración masiva de derechos humanos». Ambos entienden que en el Estado no tenían «ninguna perspectiva de encontrar justicia», las «pocas victorias siempre han venido desde Europa». En esta línea, esperan encontrar «un juicio justo», apuntando en la línea judicial que se ha seguido desde el exilio. La demanda por vulneración de derechos tilda «de escandalosa» la operación de espionaje y recuerdan que ha sido posible porque «la legislación española y las directrices de inteligencia del gobierno español son contrarias a la jurisprudencia europea». De hecho, remarcan que el programa Pegasus es incompatible con el estado de derecho y las garantías democráticas más básicas.
La demanda se basa en los informes que firmó la entidad canadiense de Citizen Lab sobre los abusos de software espía. La demanda recuerda que Citizen Lab ha sido reconocido y requerido como experto, entre otros, por el Consejo de Seguridad de la ONU, el comité de investigación PEGA del Parlamento Europeo sobre los abusos de software espía en la Unión Europea, el Consejo de Europa y el Departamento de Estado de EE.UU. Sus informes, además, han sido corroborados posteriormente por los atestados de los equipos forenses de los Mossos d’Esquadra, sobre terminales móviles de otros espiados así como la evidencia de que el gobierno español destituyó a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, ahora imputada en dos procedimientos por espionaje con Pegasus, el caso del presidente Pere Aragonès y el caso de la eurodiputada de ERC Diana Riba y del presidente del grupo parlamentario también de los republicanos, Josep Maria Jové. Ahora es necesario que el TEDH acepte la demanda a trámite y se iniciaría un periodo de audiencia al Estado español.
