El Tribunal Supremo no se demora y va al grano. El caso Mascarillas, la causa principal del caso Koldo y caso Ábalos, ya tiene fecha de audiencia preliminar, es decir, la sesión obligada con la nueva ley procesal para decidir sobre las cuestiones previas que planteen las defensas sobre la competencia del tribunal, la vulneración de derechos fundamentales, nulidad de pruebas, o incluso para proponer un pacto de conformidad. Será el 12 de febrero cuando el exministro socialista José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, ambos en prisión provisional por riesgo de fuga, deberán comparecer junto con el delator de toda la causa, el empresario Víctor de Aldama, que ha evitado la prisión a cambio de su colaboración.
Así, los cálculos de la agenda del Tribunal Supremo es que en el mes de abril se celebre la vista oral. Un juicio que será un nuevo instrumento de presión sobre Pedro Sánchez y el PSOE y cuya preparación coincidirá con las elecciones en Aragón y en Castilla. El caso es artillería pesada para la oposición, hasta el punto que Vox y PP se integran en las acusaciones populares en un caso sobre presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia de la COVID, cuando Ábalos era el ministro de Transportes.
Un tribunal y la política
Los magistrados que verán la causa son el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, así como Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana Ferrer, Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández. Una mayoría conservadora que deberá decidir si hace caso a una petición de penas de las acusaciones bastante elevada. En concreto, la Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para De Aldama. Las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de prisión para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el ministerio público.
Considerando los tiempos actuales en política, que el juicio oral sea en tres meses es una eternidad. Y, además, hay que tener presente que Ábalos también está investigado en el marco de la pieza de Santos Cerdán por supuestas comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. Incluso, este mismo lunes, la sala de apelaciones del Tribunal Supremo que ha ratificado la prisión provisional para Ábalos y Koldo ha dejado entrever la posibilidad de una confesión de todo el entramado a cambio de un acuerdo con la fiscalía.
De momento, el único acuerdo lo ha firmado De Aldama, que ya ha apuntado nuevas confesiones que pueden complicar más la vida judicial de Koldo y de Ábalos. Ahora las energías y las estrategias se centran en preparar la vista oral y la larga lista de testigos, entre los cuales está el del presidente Salvador Illa y el del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Un culpable y dos inocentes
Los escritos de defensa ya están todos registrados y plantean dos estrategias diametralmente opuestas. Por un lado, la de Víctor de Aldama, que es el presunto “conseguidor” y que se ha declarado culpable de los delitos de organización criminal, soborno y aprovechamiento de información privilegiada. De hecho, es la pieza fundamental de la instrucción porque su “confesión”, que le permitió salir de la cárcel, ha llevado a la imputación de Ábalos, García y, de rebote, Santos Cerdán. Por tanto, la misma Fiscalía solicita al tribunal en su escrito de calificación que le aplique un atenuante “muy cualificado” de la condena de siete años para evitar la prisión, gracias a su «colaboración proactiva con la Justicia”.
Por su parte, García y Ábalos defienden su inocencia. Cabe decir que Ábalos ha vuelto a cambiar de abogado, después de presentar su escrito de defensa, alegando “diferencias contractuales”. Así que el exministro ya no tiene como letrado al exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, que ha otorgado la venia a Marino Turiel. En todo caso, el exministro alega que los hechos que se le imputan no son constitutivos de ningún delito porque las adjudicaciones se hicieron con “plena legalidad”. Ábalos sostiene que el Tribunal de Cuentas ya fiscalizó las compras a la empresa de Aldama, Soluciones de Gestión, y que las avaló.
Además, su escrito de defensa carga contra la auditoría emitida por el Ministerio de Transportes, cuando ya era gestionado por el ministro Óscar Puente, porque considera que no es objetiva. Una auditoría que asegura que el exministro duplicó en “38 minutos” las compras a la empresa vinculada a De Aldama sin justificarlo. De hecho, el escrito de defensa recalca que no se pidió a Soluciones de Gestión un aval para acreditar su solvencia porque avanzó el 50% del dinero de la compra del material, un hecho que acreditaba totalmente su “solvencia financiera”. En cuanto a Koldo, su defensa argumenta “que no participó en la decisión de ninguna compra ni mantuvo ninguna relación contractual” con ninguna empresa vinculada a De Aldama. La defensa de Koldo no se está de criticar el escrito de defensa de De Aldama, con tono de confesión, “de ornitorrinco procesal”. Por tanto, también suplica al tribunal su absolución.
Illa, uno de los testigos
La defensa de Ábalos ha solicitado los testimonios del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por las mascarillas adquiridas en el Ministerio del Interior, así como de Ángel Víctor Torres y de Francina Armengol, que recibieron mascarillas compradas por el ministerio para las Islas y para Canarias, que entonces presidían. La lista del exministro también propone a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector de Carreteras Javier Herrero, imputados en la otra pieza separada por el cobro de comisiones. También pide que comparezcan la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez, exmano derecha de Marlaska y que dimitió, y el presidente de Correos, Pedro Saura, que fue ‘número dos’ de Transportes con Ábalos.
Pero la lista de testigos que más afecta a Cataluña es la de Koldo García. La defensa del exasesor de Ábalos añade al listado del exministro el nombre de Salvador Illa, “porque fue la máxima autoridad sanitaria ante la pandemia”. Para su letrada, Leticia de la Oz, el testimonio del exministro de Sanidad es “indispensable para acreditar que los canales de compra de material sanitario no fueron asaltados por una trama, sino que se rigieron con criterios de estricta necesidad y disponibilidad de stock en un mercado internacional colapsado”. A la lista también añade al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, clave de la instrucción, así como la exdirectora del CNI, Paz Esteban; Mariano Moreno, exgerente del PSOE; y Francisco Pardo, director general del Cuerpo Nacional de Policía.
