El pleno de Tribunal Constitucional (TC) ha aceptado la abstención de la magistrada catalana Laura Díez, que pidió no participar en el recurso de Vox contra el decreto de la Generalitat para esquivar la imposición de un 25% de castellano en las escuelas catalanas. Antes de formar parte del TC, Díez era vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias y firmó varios dictámenes que rechazaban aplicar porcentajes concretos en el sistema educativo catalán.

El TC tiene que debatir el recurso de súplica interpuesto por el partido ultra después de que el primer recurso fuera rechazado el pasado 16 de noviembre. Vox quiere que el Tribunal Constitucional anule el decreto de la Generalitat 6/2022 que fija los criterios que deben tener los proyectos lingüísticos de los centros educativos catalanes. El texto establece la «inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas» y deja la puerta abierta a ofrecer más materias en castellano en los centros según su entorno sociolingüístico.

Los cuatro nueve magistrados del Tribunal Constitucional en su toma de posesión: María Luisa Segoviano, César Tolosa, Juan Carlos Campo y Laura Díez | ACN (Pool EFE / Ballesteros)
Los cuatro nueve magistrados del Tribunal Constitucional en su toma de posesión: María Luisa Segoviano, César Tolosa, Juan Carlos Campo y Laura Díez | ACN (Pool EFE / Ballesteros)

Ofensiva de la derecha para tumbar la ley catalana que esquiva el 25%

Díez ha pedido abstenerse en todos los recursos que afectan al decreto mencionado y a la ley sobre el uso de las lenguas oficiales en las escuelas catalanas. El PP y Cs también han presentado recursos para tumbar la regulación que busca esquivar la intromisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el sistema educativo catalán. A pesar de la normativa vigente, el TSJC ha continuado emitiendo resoluciones que obligan escuelas concretas a impartir más castellano en aulas donde alguna familia así lo ha reclamado.

Además de la abstención de Díez, el pleno del TC también ha apartado de las deliberaciones de siete recursos al exministro de Justicia Juan Carlos Campo, nombrado en la última renovación del tribunal a propuesta del gobierno español. Cuatro de los recursos están vinculados a decisiones de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, con quien Campo tiene una estrecha «relación personal».

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