Más tiempo fuera que dentro. Este mediodía, Ignasi, el hombre imputado por haber sido identificado por los Mossos d’Esquadra durante la concentración por el retorno de Carles Puigdemont a Barcelona el ocho de agosto, se ha acogido a su derecho a no declarar, ante la titular del Juzgado de instrucción 14 de Barcelona, que lleva las diligencias. De hecho, un caso que, de momento, solo constan las actas e informes policiales, y en el que ni el ministerio público ni la Generalitat aún no han intervenido. Es una causa abierta contra 21 personas identificadas en una maniobra de los Mossos en el Parque de la Ciutadella después de rociar con gas pimienta a los manifestantes. La policía ha denunciado que incluso, los concentrados les habían «mordido».

Ignasi, acompañado de su abogado Xavier Monge, de Alerta Solidària, ha aprovechado la citación para presentar un escrito con el cual reclama el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones. De hecho, justo antes de entrar en la Ciudad de la Justicia, Ignasi -que ha recibido el apoyo de una cincuentena de activistas y del secretariado de la ANC, con la presencia de Julià de Jòdar, miembro del secretariado nacional- Monge ha calificado la causa de «absurda» y que solo “explica» la “frustración y el ridículo que hicieron los Mossos ese día”.

Por su parte, Ignasi ha pedido la dimisión y solicitar la investigación de Eduard Sallent, entonces comisario jefe del Cuerpo, del jefe de la Brigada Móvil, del jefe del Centro de Coordinación Policial que dirigía el operativo ese ocho de agosto y del actual director de la policía, Josep Lluís Trapero, que justificó el uso de gas pimienta.

Ignasi y su abogado Xavier Monge, a la entrada de la Ciudad de la Justicia/QS
Ignasi y su abogado Xavier Monge, a la entrada de la Ciudad de la Justicia/QS

Archivo y sobreseimiento

La defensa de Ignasi ha registrado un escrito de tres páginas donde «separa el grano de la paja» de los informes policiales sin encontrar ninguna relevancia penal en los hechos que explican los Mossos. Las diligencias, sin embargo, se han abierto por un presunto delito de desobediencia del artículo 556 del Código Penal. «Del análisis de las actuaciones, del informe policial, no se desprende ninguna actuación del investigado que se ajuste ni a este ni a ningún otro tipo penal«, asegura el escrito de defensa.

La defensa de Ignasi extrae la información de las dos actas que a priori la policía utiliza para imputarlo. En este sentido, destaca que el acta hace un relato genérico de los hechos «sin mencionar en ningún momento al investigado«. La segunda acta contiene «una relación de personas identificadas, a las que se refiere como “personas denunciadas por desobediencia grave”, en la que de nuevo se hace un relato genérico de los hechos y únicamente se describen hechos concretos en relación a dos personas que fueron detenidas el mismo día, pero no describe ningún hecho atribuido al investigado. De hecho, los dos detenidos no pasaron ni a disposición judicial y se archivó directamente la causa.

La imaginación de los Mossos d’Esquadra va más allá. El informe policial admite que los 19 identificados «no han podido ser identificados visualmente por esta instrucción, no pudiendo relacionar sus conductas con las imágenes recogidas, motivo por el cual se dispone del testimonio del intendente 3588 y el subinspector 9437, quienes fueron testigos de sus acciones, tal como se expresa en el acta policial». Es decir, que a falta de imágenes, aprovechan los testimonios de los oficiales de policía. «Ante una falta total y absoluta de indicios de delito en la actuación del investigado, se impone el sobreseimiento libre de la presente instrucción y el archivo de las actuaciones», suplica la defensa.

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