Este lunes se celebró la segunda sesión efectiva de trabajo de la comisión de investigación del caso DGAIA en el Parlamento. Una comisión que intenta aclarar las supuestas irregularidades en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia detectadas por la Sindicatura de Cuentas así como por una auditoría interna del mismo departamento de Derechos Sociales en manos de la consejera Mónica Martínez Bravo. En esta sesión, Jordi Pascual, responsable de una de las entidades cuestionadas, Resilis, alegó que no está en marcha ninguna instrucción judicial ni está investigado por orden del juzgado.
De hecho, a Pascual razón no le faltaba. La querella presentada por la Asociación Guardianes de la Inocencia, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la protección de los derechos de los niños y la lucha contra el abuso infantil por estas irregularidades continúa detenida desde el primero de julio, cuando se presentó. Una querella que se encuentra registrada en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, pero que aún consta como diligencias indeterminadas y, la fiscalía insiste que aún no tiene constancia. En este contexto, la asociación querellante registró el pasado 17 de diciembre un escrito reclamando «el impulso procesal de la querella». Desde el juzgado evitan dar cualquier explicación de la demora del trámite de la querella.
«No entendemos que esto esté pasando, que parece una estrategia de dilación interesada y esperamos y creemos en el estado de derecho y sobre todo en la separación de poderes», comenta en declaraciones a El Món Julián Peribáñez, presidente de la asociación. «Esperamos que no haya interferencias del poder legislativo en el judicial y acepten ya la querella a trámite y comiencen a investigar porque esto es solo la punta del iceberg… Creemos que podemos encontrar una verdadera estructura empresarial y de negocio a costa de nuestra infancia», añade.
Una querella que no avanza
La querella se dirige contra dos exconsejeros, secretarios generales y responsables del departamento de Derechos Sociales en los últimos años a raíz del caso de una menor de 12 años que, a pesar de estar bajo la tutela de la DGAIA, fue víctima de una red de pederastia. La querella apunta a los exconsejeros Chackir El Homrani y Violant Cervera, el exsecretario general Josep Ginesta y Ester Baras, y todos aquellos responsables políticos y funcionarios que tuvieran alguna responsabilidad.
Los delitos que plantea la querella son los de prevaricación, negligencia y omisión del deber de protección. Todo en el marco del caso de la niña de 12 años víctima de la red, además de las irregularidades en la gestión de prestaciones económicas para jóvenes extutelados por parte del Servicio de Evaluación y Apoyo al Posacogimiento (SEVAP) de Girona. Y sobre todo, por las irregularidades que denunció la Sindicatura de Cuentas y que hace meses investiga la Oficina Antifrau.
