Nueva maniobra del sector duro de la fiscalía del Tribunal Supremo para mantener la presión sobre Carles Puigdemont, a quien insisten en acusar de terrorismo por su supuesta implicación en la organización del Tsunami Democrático. Los fiscales del Supremo han filtrado a la prensa española los argumentos que dieron a principios de mes para tumbar el informe de su compañero Álvaro Redondo, que se mostraba contrario a investigar al presidente al exilio por terrorismo. Aquel día el sector duro de la fiscalía se impuso con claridad por 12 votos a 3 y ahora se han conocido los argumentos que había detrás aquella decisión. Con todo, la posición de los fiscales no es vinculante ni definitiva, puesto que la postura oficial la marcará la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, y la decisión final será de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que preside Manuel Marchena.
“No hay ninguna duda de que los hechos encajan perfectamente en el delito de terrorismo”, asegura el fiscal de Sala Fidel Cadena en el escrito, avanzado por El Español, que plasma la postura de los fiscales del Supremo y que sirve para presionar a Sánchez Conde. La mayoría de los fiscales no solo considera que el caso Tsunami Democrático puede encajar en el delicto de terrorismo, sino que creen que el Supremo es competente para asumir el caso. En el caso de Puigdemont, los fiscales creen que era el “líder supremo” y llevaba las “riendas” del movimiento, que define como un “grupo organizado de carácter terrorista”. El informe recuerda que el objetivo del Tsunami era “desestabilizar las estructuras políticas y económicas de España, alterando gravemente la paz pública al impedir a los poderes públicos, y en concreto al Tribunal Supremo, el cumplimiento y ejecución de las sentencias firmes”.
El informe insiste en que tiene que ser el Tribunal Supremo quien asuma la causa para poder tomar declaración como investigado a Carles Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y al diputado republicano Ruben Wagensberg, que ahora mismo vive en Suiza para preparar su defensa. El escrito de los fiscales da por bueno el relato del juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso Tsunami Democrático, Manuel García Castellón, y ve una “pluralidad de ilícitos penaltis” cometidos por los responsables del movimiento, entre los cuales destacan delitos graves de detención ilegal terrorista por el bloqueo al aeropuerto —día en el cual una persona murió de un infarto después de ser evacuado en helicóptero del Prat— y de lesiones de especial gravedad de los agentes de la policía española que participaron en el dispositivo. También ven un delito de falsedad continuada de documentos mercantiles por la emisión de billetes de avión y tarjetas de embarque y otro delito continuados de daños patrimoniales por el lanzamiento de cohetes.
Puigdemont reacciona con incredulidad a la acusación de terrorismo
Carles Puigdemont ha reaccionado con incredulidad a las nuevas acusaciones de terrorismo lanzadas por la junta de fiscales del Tribunal Supremo. “Que un fiscal español concluya que yo soy el jefe absoluto de una organización terrorista solo se puede explicar por dos razones, y las dos son pura dinamita para el estado de derecho”, ha dicho el presidente catalán al exilio en un mensaje en las redes sociales. Una de las razones es que dan “credibilidad a una información delirante y manipulada de los servicios policiales” y el otro es que, a pesar de saber que está manipulada, la usen para un “propósito puramente político”. Puigdemont también ha pedido a los jueces, fiscales, policías, políticos y medios que “no son de esta trama corrupta” trabajen para “perseguir” aquellos miembros de las alcantarillas del Estado que consideren que “cualquier medio es lícito para defender España”.
