«El Tribunal Constitucional ha declarado que esta interpretación de la malversación, que confunde el propósito de enriquecimiento con el ahorro de gastos propios, se aparta de la finalidad de la ley y vulnera el artículo 24.1 de la Constitución española; por lo tanto, la pretensión contable no puede servir para excluir su propia amnistía». Este es uno de los argumentos presentados por la defensa del presidente aún en el exilio, Carles Puigdemont, en un escrito registrado ante el Tribunal de Cuentas que aporta la sentencia del Tribunal Constitucional con la que avala de manera definitiva la amnistía.
El escrito, de 15 páginas y al que ha tenido acceso El Món, firmado por el abogado Gonzalo Boye, recuerda que hace ya casi tres meses que este organismo contable tiene pendiente archivar la causa contra los 35 cargos y altos cargos de la Generalitat condenados por responsabilidad contable del Proceso. De hecho, el Tribunal de Cuentas presentó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que daba la razón a los condenados al considerar que la ley no colisionaba con el derecho europeo y, además, ponía en duda la malversación contable que interpretaba la entidad administrativa.
«Rebeldía»
El recurso presentado reclama al Tribunal de Cuentas que archive el caso por dos motivos. En primer término, porque el organismo aún hace oídos sordos a la directriz del TJUE. «Cuando un órgano jurisdiccional recibe la interpretación vinculante que solicitó y, casi tres meses después, sigue sin resolver de acuerdo con ella, su posición respecto a esta sentencia tiene un nombre preciso en el lenguaje procesal: rebeldía», sentencia el escrito. «Esta parte emplea la palabra con plena conciencia de su gravedad y sin ningún ánimo de ofensa personal», alerta el escrito.
Con el mismo tono, el letrado del presidente deja caer que «confía en que el Tribunal de Cuentas no quiera hacer lo mismo con la resolución del Tribunal Constitucional». En esta línea, le recuerda el artículo 9.1 de la Constitución que determina que «todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva».
Asimismo, remarca que al comportamiento del Tribunal de Cuentas se le añade un «incumplimiento grave, manifiesto y abierto a la ley de amnistía». Por eso, la defensa de Puigdemont avisa que pondrá en marcha una acción de responsabilidad del Estado por infracción del derecho de la Unión, la de responsabilidad por funcionamiento anormal de la administración de justicia y un recurso de amparo por dilaciones indebidas.
