Nueva ofensiva del PSOE para poner límites a los jueces españoles. Los socialistas han presentado en el Congreso una proposición de ley orgánica para reformar el Código Penal y hacer que los jueces y magistrados puedan ser apartados por posicionarse políticamente contra las instituciones públicas y sus representantes. En la reforma, adelantada por Europa Press, el PSOE incluye una nueva causa de abstención y recusación para incluir las actuaciones y apariciones públicas de los jueces como representantes de un poder del Estado que “pueden afectar su apariencia de imparcialidad”.
En concreto, la proposición de ley del PSOE prevé apartar a los jueces cuando “hagan manifestaciones públicas, invocando su condición o sirviéndose de esta, contra actuaciones desarrolladas por autoridades o funcionarios públicos, sindicatos, asociaciones u otras entidades públicas o privadas que sean parte en el procedimiento, dirigirse a ellos de manera privada con tal finalidad o participar en actos o concentraciones con el mismo objetivo”. Este tipo de declaraciones, argumentan los socialistas, pueden afectar el derecho a un juez imparcial, parte esencial del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva, y a la “imagen de independencia del poder judicial”.
En la misma proposición, el PSOE busca derogar el artículo 525 del Código Penal, que hace referencia al delito contra las ofensas religiosas. Los socialistas buscan eliminar la pena de multa de ocho a doce meses contra aquellas personas que “para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican”. A principios de año, el PSOE ya intentó derogar este artículo tras la denuncia contra la cómica Lalachús por una estampita de la vaquita del Gran Prix. En aquella ocasión, la proposición también iba unida a una reforma más amplia para limitar la actuación de las acusaciones populares, que ahora los socialistas han aprobado por separado en el Consejo de Ministros.
