Ni dos días de margen. Justo al día siguiente de que el ministro de Justicia e impulsor de las reformas de la justicia española, Félix Bolaños, presentara la ley que prevé que los fiscales, y no los jueces, instruyan las causas –además de modificaciones sustanciales sobre cómo acceder a la carrera judicial y fiscal–, los jueces han emitido las primeras señales de advertencia. Además, en un entorno marcado por la encendida guerra civil en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha provocado cambios de bando, propuestas de dimisión y comunicados muy duros del sector progresista hacia la presidenta de la institución, la magistrada y presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló.
El primer aviso ha sido sobre la oferta que Bolaños ha adelantado de abrir una convocatoria para 120 jueces en la próxima promoción a la carrera judicial. Una propuesta que ya ha tenido respuesta de la nueva comisión permanente del Consejo, es decir, el núcleo duro que mueve los hilos en la entidad, que se reunió este miércoles en San Sebastián. Una nueva comisión permanente que ahora se inclina hacia el sector conservador más duro de la magistratura y más opositor al gobierno de Pedro Sánchez. El aviso ha sido claro, con 120 plazas no es suficiente y, por tanto, dejan la puerta abierta a colapsar la reforma judicial y procesal impulsada por Moncloa.
Ya lo advirtieron
A través de un comunicado, el CGPJ recuerda y «reitera» lo que manifestó Perelló en el discurso de apertura del año judicial, el pasado 5 de septiembre, cuando reclamó «el aumento necesario del número de jueces, sin detrimento de los principios de igualdad, mérito y capacidad, para equiparar España con la media de jueces por habitante de los estados del Consejo de Europa».
Así, han remitido un mensaje a Bolaños: «El órgano de gobierno de los jueces considera que las 120 plazas autorizadas por el Ministerio de Justicia para la próxima convocatoria resultan insuficientes no solo para cubrir las necesidades ya advertidas en la planta judicial, sino también para asumir los nuevos retos del ambicioso modelo de inminente implantación«. Un aviso a navegantes.
Si con el número de jueces no fuera suficiente, la Comisión Permanente también avisa que la Ley Orgánica 1/2025, que reordena las jurisdicciones y los juzgados, exigirá “grandes inversiones” para adaptar las infraestructuras judiciales al nuevo modelo que ya se ha comenzado a implantar. Por ello, reclama ya a la administración ejecutiva “disponer de la liquidez necesaria para afrontar las adquisiciones y reubicaciones más sencillas” y mantener un “diálogo permanente” con las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia que deben fiscalizar la aplicación de los cambios.
