Un verdadero zafarrancho de combate. Así se puede describir el movimiento que se ha vivido este miércoles en la Facultad de Derecho de la Universidad Abad Oliva CEU de Barcelona. Fiscales, jueces, miembros del Consejo General del Poder del Estado, abogados del Estado, letrados de la Seguridad del Estado, secretarios de ayuntamientos o inspectores de Hacienda y de Trabajo han presentado un manifiesto que carga abiertamente contra la ley de amnistía que este jueves se vota en el pleno del Congreso. Con el título
Las asociaciones firmantes son l‘Asociación de Fiscales -mayoritaria en el ministerio público-, la Asociación Profesional de la Magistratura, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Abogados del Estado, los Inspectores de Hacienda del Estado, el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, la Asociación de Letrados de la Administración de la Seguridad Social y la Asociación Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local.
Todos firman «como representantes de cuerpos de funcionarios del Estado y la administración local, jueces y fiscales, y profesionales del derecho» y avanzan que crearán un «comité de coordinación con el propósito de trasladar a la sociedad civil nacional e internacional la importancia de los valores constitucionales». Una manera de trabajar contra la amnistía con la contraposición ideológica constitucional. Según ha asegurado Cristina Dexeus, portavoz de la Asociación de Fiscales, las entidades firmantes representan a unas 4.500 personas, pero esperan recibir más apoyos porque ahora se han abierto a otras adhesiones.
La amnistía: «Un precedente inaceptable»
Las intervenciones de cada uno de los portavoces han sido durísimas contra la clase política y contra la amnistía. Por parte de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus ha afirmado que «el actual discurso político» está «tensionando el sistema mediante ataques a fiscales y jueces, incluso desde el mismo gobierno». «Creemos que la ley de amnistía constituye un precedente inaceptable», ha remachado. Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Baró, cree que se ha «traspasado una línea roja» con la inclusión del concepto
Roberto García Ceniceros, representando de Foro Judicial Independiente, ha asegurado que los «ataques al estado de derecho vienen desde hace tiempo» y la ley de amnistía es «la sublimación de este proceso». Así, ha criticado que la ley de amnistía haya convertido en la polarización política de estar a favor o en contra del olvido penal para el independentismo como si fuera defender la democracia o no. «No hay estado de derecho de derechas o de izquierdas», ha remachado. En el mismo sentido, ha reprochado que se haya extendido la idea de que el poder ejecutivo y legislativo pueden «acabar con el resto de poderes del Estado por el simple hecho de haber ganado unas elecciones».
«Frenar la corrupción»
La presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán, ha alertado de los cambios en el sistema de preparación y selección de los funcionarios que a parecer suyo harán primar la subjetividad sobre la objetividad y sirven para acercar políticamente a los funcionarios. Ana Monzo, del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, ha puesto el grito en el cielo por una posible transferencia de la Seguridad Social en las comunidades autónomas, tal como avanzó este martes este diario.
Por parte de la Asociación Profesional de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, Mónica González ha reprochado a los políticos usar «una versión edulcorada del lenguaje que consiga tergiversar la realidad».
El vicesecretario de la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, Alberto Bravo, ha presumido de ser un muro contra la corrupción en los consistorios, -obviamente sin especificar ningún caso- y ha afirmado que por la proximidad que tienen con la política municipal sus colegas están «especialmente temerosos de lo que puede suponer una clase política impune por sus delitos”.
