Nuevo episodio en un conflicto que empieza a parecer el
La decisión del fiscal general del Estado ha soliviantado los seis miembros de la AF que son vocales efectivos del Consejo Fiscal, que no solo han hecho un comunicado contra la decisión, sino que, además, han emitido un informe jurídico contra la legalidad de la ley de amnistía. Un informe alegal que ha difundido la misma entidad donde aseguran que la norma es inconstitucional. De hecho, insisten que «supone la quiebra del principio de separación de poderes como elemento estructural del Estado de derecho». Así mismo, piden que el documento se incluya al orden del día del pleno del próximo 25 de abril que tiene que celebrar el Consejo Fiscal.
La carta de García Ortiz
En la misiva, García Ortiz no se estaba de nada. En dos páginas recordaba al presidente de la cámara alta, el popular Pedro Rollán, la respuesta, también por carta, que ya le había remitido tiempo atrás, recordándole que el Consejo Fiscal no puede emitir informes sobre proposiciones de ley. Una posibilidad que incluso la jurisprudencia ha dejado muy clara en varias sentencias del Tribunal Supremo. La AF ha replicado y ha reprochado a García Ortiz su decisión.
«No podemos compartir los argumentos expuestos por el fiscal general del Estado en las comunicaciones remitidas al presidente del Senado los días 25 de enero y 8 de abril», señalan los seis vocales. En este contexto reclaman que se curse la petición del Senado, se designe un ponente y se apruebe un informe. Una maniobra pensada para forzar la crítica a la ley de amnistía, puesto que saben que tienen mayoría en el Consejo Fiscal.
Un informe alegal
Para forzar todavía más la situación, la Asociación de Fiscales ha registrado el informe, de 160 páginas, dónde llegan a asegurar que la amnistía implica una «intromisión ilegítima e inconstitucional del Poder Legislativo en el conjunto de atribuciones propio y exclusivo del Poder Judicial». Por otro lado, inciden que la Constitución «no reconoce expresamente la figura de la amnistía», y por eso «la mera aprobación de un texto legislativo de esta naturaleza por el Parlamento, al margen de toda previsión constitucional que le reconozca aquella potestad, será manifiestamente inconstitucional». En el mismo sentido, reprochan que sea un cambio político y que también, a parecer suyo, contravenga el derecho de la Unión Europea.
