La CUP ha conseguido una nueva victoria judicial que ha abierto un segundo capítulo de la crisis interna en la Audiencia Nacional a raíz de unas diligencias secretas contra el independentismo que el tribunal abrió hace seis años. El diputado cupaire Xavier Pellicer ha vuelto a conseguir que la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional enmiende la plana al magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, a quien ha obligado a compartir con las defensas las diligencias previas 99/2018. Con estas diligencias se investigó a Pellicer y a 37 independentistas con el uso de software instalado en sus móviles.
La defensa de Pellicer, que lleva Alerta Solidaria, ha acusado a García Castellón de denegar el derecho de acceso a las diligencias con “clara voluntad obstruccionista”. El acceso a las diligencias 99/2018 ha seguido el mismo recorrido judicial que las anteriores –104/2017–, que también fueron sobreseídas después de cinco años de secretismo y que acumulan toda la investigación al independentismo. Primero presentaron un recurso de reforma, que resolvió negativamente el mismo magistrado, y después uno de apelación, que en ambos casos ha acabado con García Castellón desautorizado.
El magistrado que lleva el caso, un habitual de las apelaciones por obstrucción
Según explican desde Alerta Solidaria, el derecho de acceso del investigado a las diligencias que lo afectan “está reconocido en la ley de enjuiciamiento criminal española, y también por la normativa de referencia europea de derechos humanos”. Por eso acusan al magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de poner palos en las ruedas del proceso a sabiendas de que la sala de apelaciones lo obligaría a rectificar “porque lo han tenido que corregir hasta 15 veces, durante el último año y medio, por la misma actitud obstruccionista” en la causa contra los CDR en la operación Judas del 23 de septiembre del 2019.
La defensa del diputado de la CUP lamenta que la actitud del magistrado no tenga consecuencias. «¿Qué pasa cuándo una y otra vez el magistrado se niega a aportar la información requerida a pesar de los reproches de sus superiores? Nada de nada». En el caso de la operación Judas, acusan a García Castellón de enviar “información incompleta” a las defensas justo antes de cerrar la instrucción para garantizar que no pudieran alegar nada o pedir pruebas nuevas. También critican que la interlocutoria de la sala de apelaciones se “limita el derecho de acceso a aquello que el juez instructor considere que es oportuno”.
