La guerra sepultada a la Fiscalía que la causa del Tsunami Democrático ha hecho emerger descaradamente, no se apacigua. Al contrario, va cogiendo todavía más fuerza con tres nombres en la diana. En primer término, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y en segundo término, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Maria Ángeles Sánchez Conde, encargada de escribir el delicado y polémico dictamen sobre si la causa del Tsunami es terrorismo y sobre si el ministerio público avala la imputación del presidente en el exilio, Carles Puigdemont. Y, en tercer lugar, Dolores Delgado, exfiscal general del Estado, pareja del magistrado Baltasar Garzón, y que propuso a García Ortiz como sucesor.
El sector duro de la fiscalía, escorado a la derecha y adversario manifiesto de una Moncloa en manos de la izquierda española, ha incrementado la presión sobre el otro bando. La semana pasada, la Junta de Fiscales de la sala de lo penal del Tribunal Supremo tumbó el dictamen del fiscal Álvaro Redondo que rechazaba considerar terrorismo las protestes postsentencia del Proceso espoleadas por la plataforma de Tsunami Democrático. El informe ha pasado ahora a manos de Ángeles Sánchez Conde, mano derecha de García Ortiz. Ahora bien, dos días después la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) subió la apuesta.
Esta entidad, que junto con la Asociación de Fiscales -también conservadora- tiene la mayoría al Consejo Fiscal ha iniciado una guerra judicial. Así, el pasado jueves presentó un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de renovar, el pasado mes de diciembre, Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. De hecho, alega los mismos argumentos que expuso en Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que también se oponía a la renovación. Las razones de esta asociación de fiscales es que no considera idóneo por el cargo García Ortiz y apunta que su nombramiento es contrario.
Tsunami, la excusa
La presión de las entidades conservadoras del ministerio público a la teniente fiscal es abrumadora. De entrada, el pasado ocho de febrero la Asociación de Fiscales publicaba un artículo en Confilegal, cargando con contra García Ortiz y acusándolo de ser un «mero apéndice» del gobierno español. De hecho, le reprochan que se negara a informar sobre la proposición de ley de amnistía en el Senado y que negara en redondo las presiones a Álvaro Redondo para que modificara sus postulados de cara a descartar terrorismo en la causa del Tsunami.
Por su parte, APIF también dirige los cañones contra la teniente fiscal. Así creen que su opinión es concordante con la del fiscal Miguel Ángel Carballo, ninguno de la fiscalía antiterrorista de la Audiencia Nacional que no ve terrorismo, «comprometerá gravemente la credibilidad de la institución». De hecho, algunos de los fiscales que lideraron el voto contrario al informe de Redondo se han conjurado para remitir a la teniente fiscal un conjunto de argumentos por tal abone la tesis del terrorismo en su dimensión y pida a la sala de lo penal que procese a Puigdemont.
A los juzgados
Además de la presión a la teniente fiscal, García Ortiz empieza a tener varios frentes judiciales. Por un lado, la demanda de APIF considera que ha habido una desviación de poder en el caso de Dolores Delgado que nombró como fiscal de sala y lo tumbó el Tribunal Supremo- o bien la negativa de elaborar un informe sobre la amnistía en el Senado. APIF subraya que la Fiscalía se configura como una institución esencial dentro del Poder Judicial, y por eso «no se puede trasladar a la ciudadanía, con el nombramiento de la Fiscalía General del Estado, cúspide del Ministerio Público, que este queda dentro o en la órbita del Ejecutivo».
Precisamente, Dolores Delgado es otro de los caballos de batalla. No solo por el grosor y mayoritario del sector conservador sino por parte del PP directamente. La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo ha anunciado este mediodía que presentará ante el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra García Ortiz, por el nombramiento de Delgado como fiscal de sala del Supremo. La desviación de poder que justificó el Supremo para anular el nombramiento podría constituir, a ojos de los populares un «delito de prevaricación». Los populares sostienen que la Fiscalía es «un apéndice del gobierno» y García Ortiz ejerce como «ministro número 23 de Pedro Sánchez».
