El caso de las pruebas del sumario de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017, merece otro juicio. El servicio de ejecuciones de la Audiencia Nacional acabará volviéndose loco con peticiones de destrucción, denegaciones de solicitudes y aceptaciones de otras. Todo ello en un marco donde nadie se atreve a destruir nada, a pesar de las peticiones de la Guardia Civil y de los Mossos d’Esquadra de destrucción de indicios, a raíz de la demanda interpuesta ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en reclamación del derecho a saber la verdad interpuesta por los padres del pequeño Xavi, el niño de tres años asesinado en la Rambla.
Si este martes, el tribunal sentenciador prohibió destruir las pruebas e indicios de explosivos por tercera vez, ahora ha dictado otra clase de resolución. En este caso, sobre el material requisado y recogido en los registros en los domicilios de los investigados, los acusados, los muertos y algunos de sus familiares. Al fin y al cabo, consiste en material tomado en establecimientos y espacios de reunión de los integrantes de la célula y de los condenados tanto en Ripoll como en otras poblaciones. El pasado 6 de marzo dictaron una diligencia para proponer la destrucción de estas pruebas en las que se cuentan memorias USB, ordenadores, tarjetas SIM, teléfonos móviles o tabletas, así como curiosamente «diversa documentación, productos e instrumentos para la fabricación de explosivos, banderas del estado islámico y vídeos del estado islámico».
Lejos de permitir cualquier destrucción o enviarlo de nuevo al almacén, la Audiencia Nacional ha hecho caso del ministerio fiscal y ha decidido hacer un llamado a los «sus legítimos propietarios» para que recojan los materiales. De hecho, considera que el material que almacenan los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil no fue técnicamente decomisado y, por lo tanto, deberá ser reintegrado a sus legítimos propietarios en ejecución de la sentencia.
¿Quién podrá recogerlo?
La pregunta, sin embargo, es quién podrá recoger los materiales almacenados y relacionados en un largo decreto judicial que hace un inventario de piezas tomadas durante las diferentes entradas y registros. En cuanto a mucho material informático y de comunicaciones, hay teléfonos y aparatos como tabletas que son de familiares directos, como hermanos de los procesados o de los sospechosos abatidos por los Mossos o bien que murieron en la explosión de Alcanar. De hecho, hay material que podría ser recogido por los supuestos herederos de Abdelbaky Es Satty.
Aún así, en el desglose de la relación de material también hay material y manuales para la construcción de explosivos, así como banderas y emblemas del Estado Islámico y muchos vídeos de esta organización terrorista. La pregunta que se formulan los mismos funcionarios judiciales es quién «será lo suficientemente audaz» para reclamar este tipo de manuales y símbolos del Estado Islámico nada menos que en la Audiencia Nacional.
