Tres semanas después del archivo de la trama rusa del Procés en el juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, obligado por la Audiencia de Barcelona, el asunto vuelve a reavivarse en los juzgados. Los dos policías personados en la causa del Tsunami Democràtic, -también archivada, pero que sobrevive en la Audiencia Nacional a raíz de la denuncia de esta pareja de agentes que se declaran heridos durante las protestas en Cataluña por la sentencia del Procés- han registrado el informe policial que alimentó la instrucción del juez Joaquín Aguirre, ahora también jubilado.
Según han confirmado fuentes de la representación de los dos policías, han llevado al juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional el informe de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía titulado Operación Troya, con el que sustentaban la onírica conexión del Kremlin con el proceso independentista, incluso después del Primero de Octubre de 2017. Ahora, el atestado está en manos del magistrado Antonio Piña, que dirige el juzgado de instrucción en sustitución de Manuel García Castellón, también retirado, y que deberá decidir si le da trámite y lo relaciona con las protestas.
La decisión de Piña debe ser cuidadosa con el legado de su antecesor. Básicamente, porque García Castellón se vio obligado a archivar una causa sobre la presunta implicación rusa en el independentismo. Una causa que abrió en secreto en el año 2019 y cerró en secreto, y de la que nunca ha querido ver el sumario, ni los investigados ni el mismo juez Aguirre, que le pidió para añadirlo a la causa de la «injerencia rusa» que instruía en Barcelona. Un sumario que el entonces fiscal antiterrorista de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, exigió cerrar de manera inmediata.
Primera respuesta de Alay, jefe de la oficina de Puigdemont
La primera reacción a la aportación del informe Troya no se ha hecho esperar. El abogado de Josep Lluís Alay –jefe de la oficina de Carles Puigdemont–, Gonzalo Boye, ha registrado un escrito bastante duro con el que carga contra el intento de reapertura de esta causa cerrada por la Audiencia de Barcelona. Boye, que también está investigado en esta causa, incluye en su escrito acusaciones al juez instructor de fraude de ley. De hecho, hay una querella contra el juez Aguirre por prevaricación pendiente de resolver en la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El escrito, al que ha tenido acceso El Món, recuerda que es el tercer intento de reabrir una causa cerrada «alimentada» con «mentiras y noticias falsas y que pretende seguir viviendo de algo que nunca ha existido». «Este procedimiento murió de muerte procesal y los restos de otro cadáver procesal no pueden ser la base para la reanimación de este muerto», insiste el escrito. En este contexto, la defensa de Alay se pregunta también qué relación hay entre la «pretendida trama rusa» y las protestas de octubre de 2019.
