Un total de 19 personas deberán comparecer ante el juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona el próximo 8 de abril. La citación es para declarar como denunciados por haber roto el cordón policial que la Brigada Móvil de los Mossos d’Esquadra estableció en la entrada del parque de la Ciutadella durante la jornada de investidura del presidente de la Generalitat, el pasado 8 de agosto en el Parlamento. Un dispositivo policial preparado previendo la llegada del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, que había anunciado su presencia en la cámara catalana para el debate donde se iba a investir a Salvador Illa. Los diecisiete

A pesar de un espectacular dispositivo policial para su detención -incluso con la movilización casi completa del Grupo Especial de Intervención- Carles Puigdemont eludió la acometida policial y pudo regresar al exilio. Eso sí, con cuatro agentes de los Mossos, que supuestamente le habrían ayudado, investigados y apartados del servicio. Pero, ese día, uno de los otros titulares se lo llevó la unidad antidisturbios de la policía de la Generalitat, cuando dispersó la concentración de la ANC con gas pimienta. De hecho, la plataforma independentista aún no tiene la información del expediente judicial abierto.

Puigdemont llega a la zona de Arc de Triomf en el retorno del exilio / Q.S.
Puigdemont llega a la zona de Arc de Triomf en el retorno del exilio / Q.S.

Una acción polémica

Los Mossos justificaron la actuación, aunque los concentrados eran personas mayores y mayoritariamente activistas de la ANC, porque los mandos que estaban en la concentración consideraron que los manifestantes aumentaban la violencia hacia la policía. Tras los hechos, la ANC remitió una carta al departamento de Interior calificando la actuación de desproporcionada. Les respondió el director general de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, cubriendo las espaldas de los mandos y de los policías que protagonizaron la actuación.

En la misiva, justificó el uso de gas pimienta durante las protestas  porque “acciones violentas” de los manifestantes comprometieron la integridad de la línea policial. Trapero –que en el momento de los hechos ni siquiera era el director general de la policía catalana porque aún no existía el gobierno de Illa que lo nombró unos días después– aseguraba que los agentes tuvieron que impedir un intento de asalto al Parlamento. La ANC siempre ha negado cualquier tipo de violencia durante las protestas y así lo indican la gran cantidad de imágenes de la concentración.

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