La funcional sala de vistas de la primera planta del Palacio de Justicia de Barcelona vivirá este viernes el arranque de un juicio que para muchos tiene intencionalidad política, para otros es un simple caso de corrupción y, para una minoría, es un juicio de prevaricación exagerando los hechos por motivos políticos. Ahora bien, en ningún caso se puede enmarcar en la represión del Procés. Es el juicio por prevaricación y falsedad documental a la presidenta suspendida del Parlamento catalán y presidenta del partido independentista Junts, Laura Borràs. Un caso que nació a raíz de un error de Correos, que desemmascaró el trabajo de un
El caso ha abierto una rendija dentro del independentismo. Tanto es así que ni ERC, ni la CUP, ni el gobierno catalán, ni Òmnium Cultural ni la AMI irán a apoyar a Borràs al Palacio de Justicia. Solo Junts, el Consejo de la República y la ANC le mostrarán su apoyo a las puertas del tribunal. En cierto modo, del resultado de este juicio también depende el futuro del liderazgo de Junts.
La primera sesión, para unas cuestiones previas fundamentales
El juicio se comenzará con las cuestiones previas que pueden definir de manera clave el futuro de las vistas orales según valoren los magistrados que componen el tribunal: Jesús María Barrientos, Fernando Lacaba y Maria Jesús Manzano. De hecho, una vez explicadas, la vista en si no empezará hasta el día veinte, con las declaraciones de los tres procesados, los testigos, los peritos y los informes.
El juicio tiene todos los elementos de un caso estrujado y con muchas trampas de salida. Una supuesta práctica irregular que ni la Fiscalía ha tenido la osadía de calificar de malversación, una líder independentista y presidenta del Parlamento sentada al banquillo de los acusados, una prueba sospechosa, la animadversión mostrada por el presidente del tribunal que la tiene que juzgar, Jesús María Barrientos, y el pacto con la Fiscalía con el segundo implicado son los ingredientes que, combinados, pueden dar cualquier resultado. Y para aumentar el lío hay que tener presente que el ministerio fiscal ha intentado apartar uno de los peritos principales de la defensa por haber sido condenado por homicidio relacionado con la extrema derecha.
Penas descompensadas o intencionadas
Uno de los puntos más remarcables de este juicio son las penas que pide la fiscalía, que abonan la tesis de la intencionalidad política del proceso. En concreto, a Borràs le piden 21 años de inhabilitación, 6 de prisión y 144.000 euros de multa por supuestamente fraccionar contratos a favor de Isaías Herrero, el informático que diseñaba y construía las webs de la ILC. Curiosamente, a Borràs le aplican la agravante de cargo público pero, en cambio, Herrero tiene la misma petición de pena, salvo la multa que es de la mitad, 72.000 euros. Una petición alta por prevaricación y una inhabilitación, que, por ejemplo, queda muy alejada de la que podría corresponder a un cargo de tercera fila y de la que se pidió para los condenados por sedición y malversación por el 1-O. En cambio, para el tercer procesado, Andreu Pujol, piden, por los mismos delitos, tres años de prisión, diez de inhabilitación y 30.000 euros de multa.
Además, también hay una interpretación de fondo en el hecho que pidan la misma pena a Herrero, que al final hacía lo que le decían. Una petición desproporcionada de pena que favorece la posibilidad de un pacto de conformidad con el ministerio público –para no entrar en la prisión o reducir el tiempo de inhabilitación– a cambio de inculpar a Borràs. Esta semana se ha consolidado esta posibilidad con la filtración que la defensa de Herrero ha cerrado un acuerdo con la fiscalía al precio de admitir los hechos. Una jugada para mantener la acusación de la mala praxis contractual si, por aquellas cosas, se decide no validar la prueba documental aportada que construye el relato incriminatorio contra los tres acusados.
Una prueba, un perito polémico y un testigo rechazado
Uno de los secretos mejor guardados por la defensa de Borràs es cómo será la estrategia para intentar invalidar la prueba recogida durante la instrucción, que estuvo en manos de los Mossos d’Esquadra y, después, de la Guardia Civil. Posiblemente, este punto sea el talón de Aquiles de la causa. Fuentes del caso admiten que hay serias dudas sobre la cadena de custodia de las pruebas. Y unas pruebas sin garantías no pueden ser admitidas ante un tribunal. Además se añade un peritaje a cargo de Emilio Hellín, condenado por un homicidio ultraderechista. Una prueba técnica con la que se quiere deconstruir como se pudieron manipular los terminales de comunicaciones y electrónicos y desde donde se conectaron, para desvirtuar la prueba documental incriminatoria consistente en mails y mensajes de Whatsapp.
A pesar de los intentos de la Fiscalía de recusar el peritaje de Hellín y la polémica generada, Isabel Elbal y Gonzalo Boye, abogados de Borràs, mantuvieron la peritación con el apoyo del tribunal, que incluso, admitió que un testigo «tachado» también es válido. El nombramiento de Hellín provocó una recriminación en la estrategia de defensa de Borràs, a pesar de que el perito ha participado en otras causas como experto informático. Ahora bien, el tribunal en la interlocutoria de apertura del juicio oral dejaba muy claro los márgenes de la peritación, acotándola a los discos duros y a los DVD confiscados en las entradas y registros de los Mossos d’Esquadra.
También en el ámbito de la prueba, ha quedado fuera de la sala la versión de los hechos de Lluís Puig, el ex consejero de Cultura exiliado y perseguido por el magistrado instructor del Procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Según el tribunal del caso Borràs, Puig no sería un testigo «idóneo». Una decisión no unánime, puesto que la magistrada María Jesús Manzano emitió un voto particular en que defendía que Puig tenía todo el derecho a atestiguar a pesar de su situación procesal con el Tribunal Supremo.
El reto de la defensa
Elbal y Boye tendrán que afilar bien la estrategia porque el juicio se ha convertido en un reto importante. En primer término, la consideración de que no es un juicio generado por el Procés pero que, aun así, tiene claras intencionalidades políticas. Los 21 años de inhabilitación pedidos son la prueba más fehaciente cuando la procesada preside la cámara catalana y a la vez la formación liderada por el presidente Carles Puigdemont, el partido independentista Junts. Esta semana también se ha añadido el presumible pacto entre Herrero y la Fiscalía que dejaría aislada Borràs en su defensa. Una situación que los aboca a dos opciones.
En primer término, si se acepta la prueba documental, la declaración de Herrero complicaría la defensa. Pero en caso de que no se acepte la prueba –un escenario plausible– su testigo sería solo un «indicio débil que se tendría que corroborar con otras pruebas». Sea como sea, Elbal-Boye están dispuestos a hacer una defensa técnica aprovechando las que consideran periciales que pueden dar al caso una vuelta como un calcetín. También quieren subrayar el relato que, tal como también entendió la Fiscalía, no había ningún ánimo de meterse dinero en el bolsillo. Incluso, el ministerio público remarcaba que Herrero cobraba a precio de mercado y que los trabajos se realizaban dentro de los plazos y en las condiciones establecidas. Dos motivos que expulsaron del escrito de acusación el delito de malversación.
Este viernes también se discutirá si los magistrados permiten a los inculpados declarar al final y no el primer día de la vista ordinaria –el día 20– como está previsto. En total, serán seis días de sesiones y habrá 32 testigos y periciales y, el día 1 de marzo, las conclusiones de las partes.
