Finalmente, la sala penal de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Félix Guevara, ha decidido rechazar la petición de la Guardia Civil para destruir las evidencias sobre los explosivos que permanecen en sus almacenes de los atentados yihadistas del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. En una providencia del 17 de marzo, a la que ha tenido acceso El Món, los magistrados consideran que no corresponde en este momento autorizar su destrucción.
Una resolución que llega por segunda vez. De hecho, cabe resaltar la insistencia de la Guardia Civil en destruir las pruebas que sirvieron para la instrucción y la vista oral y que aún están en un almacén. El instituto armado ya solicitó autorización para destruirlas en junio de 2023 -había hecho otra petición un año antes-, pero la solicitud fue rechazada el 29 de julio de 2024. El pasado 22 de octubre, sin embargo, la Audiencia Nacional dictó una diligencia de ordenación, donde reiteraba las solicitudes del instituto armado para destruir las pruebas. Las peticiones no terminan aquí, el pasado 12 de marzo, la Audiencia inició el procedimiento para destruir otras pruebas -como móviles, tabletas, USB, ordenadores o tarjetas sim- confiscadas en los registros ordenados durante la instrucción.
Nadie estaba de acuerdo
Pero esta vez, el tribunal lo ha tenido fácil. Tanto la defensa de los padres del pequeño Xavier, el niño de Rubí asesinado en la Rambla, Agustí Carles y Jaume Alonso Cuevillas, como el ministerio fiscal, la abogacía del Estado, la abogada de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona, se opusieron a la destrucción. El argumento relativamente sencillo, que se había interpuesto una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) instada por los padres del pequeño Javier, en defensa del derecho a saber la verdad.
«Resulta evidente, que en caso de que se acordase una nueva investigación de los hechos por parte del TEDH, no tendría sentido realizarlo con las pruebas y evidencias del Sumario destruidas”, razonaba el escrito de la defensa que fue también utilizado por el resto de las partes que se opusieron a la destrucción. Todos advertían que «es posible que a raíz del procedimiento ante el TEDH sería “necesario practicar nuevamente prueba sobre los efectos y evidencias que pudieran ser destruidos”.
