La vía judicial de los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils no se detiene. En pleno trabajo de la comisión de investigación por los atentados yihadistas en el Congreso y a la espera de las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la demanda presentada por los padres del pequeño Xavi, el niño de tres años de Rubí asesinado en la Rambla, la Audiencia Nacional continúa el procedimiento para cerrar flecos procesales.
En esta ocasión, es el servicio común de ejecuciones penales de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, es decir, el órgano jurisdiccional que debe ejecutar la sentencia condenatoria del caso después de haber sido confirmada por las instancias superiores. Este servicio ha comunicado este miércoles por la mañana, una diligencia a las partes -del pasado 6 de marzo y a la que ha tenido acceso El Món- que reclama poder destruir más pruebas del caso obtenidas en los registros de los domicilios, establecimientos y espacios de reunión de los integrantes de la célula y de los condenados tanto en Ripoll como en otras poblaciones.
De esta manera, el juzgado pide al fiscal su opinión sobre qué hacer con todo el material confiscado, como teléfonos móviles u ordenadores, si conservarlos en la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) dependiente del Ministerio de Justicia o bien destruirlos. Una proposición que ha hecho saltar las alarmas a muchos de los implicados en el proceso.
Un aviso a las partes
La diligencia judicial ha puesto en alerta a las partes, que ven un peligro proceder a la destrucción de la cantidad de material informático y de comunicaciones -memorias USB, ordenadores, tarjetas SIM, teléfonos móviles o tabletas- que se decomisó en los diferentes registros. Todo ello teniendo en cuenta que la comisión en el Congreso continúa sus trabajos y, además, todavía está a la espera de la desclasificación de documentos que podrían aclarar la causa y posibles responsabilidades políticas.
Además, el TEDH ha iniciado los trámites para estudiar la demanda por vulneración del derecho a saber la verdad presentada por Javier Martínez, el padre del pequeño Xavi. La posibilidad de que la demanda avance o sea estimada generó incluso, que la fiscalía se opusiera a la destrucción de pruebas recogidas en Alcanar, relativas a explosivos, por si se ordenaba la reapertura del caso en los términos que exige la demanda. Ahora las acusaciones, sobre todo, la defensa de Martínez, dirigida por Agustí Carles y Jaume Alonso-Cuevillas esperan el posicionamiento del fiscal para dar su opinión. De momento, solo se ha destruido un vehículo propiedad del padre de uno de los terroristas abatidos porque no aportaba ningún elemento principal en la causa.
