El antiguo almacén de Galerías Preciados, buque insignia de la expropiación de Rumasa, es la sede del tribunal que juzga la causa contra los Pujol-Ferrusola. De momento, el juicio ha tenido ocho jornadas, contando las dedicadas a las cuestiones previas. Pero las cuatro sesiones de esta semana han permitido ver de qué pie cojea cada uno, el rol particular de cada parte, la estrategia de las defensas, la trinchera de las acusaciones y el papel del presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, que ha tenido que salir al rescate a menudo de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Por ejemplo, dejándoles interrogar a un testigo al que habían renunciado o limitando la defensa de Jordi Pujol Ferrusola cuando mostró un mail en la sala donde se deducía claramente el sistema de la UDEF para presionar a los testigos contra la familia.
A todo esto, hay que añadir que algunos de los negocios que se han utilizado para hilvanar los escritos de acusación deben entenderse en un contexto determinado y sin hacer más aspavientos de los que corresponden, porque un determinado sistema económico –todavía vigente, con pequeños retoques– lo permitía. El juicio, además, se ha llenado de detalles interesantísimos que dejan ver el concepto global de la acusación, pero, sobre todo, por la defensa. Desde el funcionamiento particularísimo del mercado inmobiliario a las figuras de los “conseguidores” o el acecho permanente de las constructoras para hacer negocio. Como es el caso de PromoPalamós o el proyecto llamado Azul de Cortés, en México.
Las sesiones de esta semana han apuntado que no es un juicio fácil. Al contrario. De entrada, por el “pecado original” del caso, es decir, “el origen político” de la investigación contra la familia del expresidente Pujol. Asimismo, por la participación, reconocida en sentencia, de la policía patriótica. Y, en tercer término, la complejidad jurídica de un caso con negocios jurídicamente complicados u operaciones especulativas complejas, en un marco socioeconómico determinado, consumados hace 25 años y con pesetas. Un hecho nada fútil, en el sentido de que hay testigos e incluso imputados que han muerto en el camino de una larguísima instrucción. Otros alertan al tribunal que, por edad, la memoria, como las rodillas, no son lo que eran. A todo esto hay que añadir un elemento que distorsiona el relato oficial y oficialista, que las operaciones con más gancho comercial se han realizado en feudos gobernados por el PSC.
El mail que no gustó
La sesión del lunes terminó con una cierta tensión a la vista de uno de los últimos testigos de la acusación, el abogado Lluís Agramunt. Un especialista en asesorar empresas que quieren abrir una sede en determinados países, como Costa Rica. La Fiscalía lo relacionaba con Jordi Pujol Ferrusola por el proyecto Blueshide Capital, que ni siquiera aparece en el denso auto de procesamiento de más de medio millar de folios que firmó el juez instructor Santiago Pedraz, uno de los cuatro que ha manejado el caso. Después del interrogatorio del fiscal, absolutamente anodino en términos de acusación, el abogado de Pujol Ferrusola pidió exhibir un mail en la sala. Un correo que tomó con la guardia baja al ministerio público, los abogados del Estado y, sobre todo, al tribunal, al cual no le hizo ni pizca de gracia, especialmente a su presidente, que intuyó que podían salir perjudicados.
En un sumario de 90.000 folios es normal que se cuele algún papel comprometido sobre cómo se ha llevado a cabo la investigación. Y este lo era. Es un correo electrónico del inspector en jefe del grupo 24 de la UDEF, Álvaro Ibáñez, con TIP 89.140. El mismo que participó en la operación del pendrive de los Pujol –que llevó a la condena del exdirector adjunto operativo del CNP Eugenio Pino– y que fue desimputado en aquel asunto después de que el jefe penal de la Abogacía del Estado y posterior portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, hiciera lo imposible para sacarlo de la causa in extremis. En este mail, el inspector Álvarez, como enfatizó Martell, comunicaba a Lluís Agramunt en el primer párrafo que la información que les había enviado no permitía que le aplicaran los beneficios de “colaboración con la justicia”, ya que no permitía «a la justicia recuperar activos subyacentes”.
Pelea del abogado de Jordi Pujol Ferrusola con el tribunal
“¿Qué negociaba usted con la Fiscalía?”, espetó Martell al testigo, que se vio atrapado por la literalidad del texto. Un escalofrío recorrió la sala. Martell insistió, ante la renuencia del testigo a responder, y fue entonces cuando José Ricardo de Prada intervino expresando que ya se entendía por el contenido del correo, dejando entrever a la defensa que no presionara más al testigo y que dejara estar el mail. Martell, sagaz, aún propuso la lectura del segundo párrafo que calificó “de más jugoso todavía”. “Eso es su interpretación”, replicó rápidamente el magistrado, sorprendido por la claridad del mail. Martell continuó, hasta que el magistrado le advirtió que la interpretación de los mails era tarea del tribunal y no le permitió proseguir comentando el contenido del mail ni con el interrogatorio.
A Martell no le faltaba razón, a la vista del malestar que despertó entre las acusaciones el mail que había blandido. El contenido del segundo párrafo aún era más inquietante. En concreto, el inspector –encargado de toda la instrucción del caso Pujol– advertía a Agramunt que la Audiencia Nacional había enviado “diversas comisiones rogatorias internacionales» con las cuales era posible que obtuviera «alguna nueva información» que le involucrara, y añadía que la Fiscalía no tendría «ningún criterio para aplicar los beneficios que la ley habilita”. Una amenaza con todas las de la ley. Y añadía: “Conociendo asuntos como Blueshield Capital, que usted pudo tramitar a favor de Jordi Pujol Ferrusola, esperábamos su colaboración en este sentido”. La incomodidad era manifiesta porque un documento incorporado al sumario mostraba las costuras burdas de cómo se llevó a cabo la investigación.
Un testigo delicado
Otro de los momentos más llamativos de la vista se pudo vivir en la séptima jornada del juicio. Concretamente, con un testigo que debía servir a las acusaciones para dar sentido a su relato en uno de los negocios con los que más se han obsesionado, el proyecto Azul de Cortés, en México, por el cual Jordi Pujol Ferrusola, como integrante de la sociedad promotora, recibió 15 millones de euros, la parte proporcional a su inversión, en la cual participaron Luis Delso, también imputado y que ha estado en la sala durante las sesiones de esta semana, José Gomis y Julio Boris. Un importe que recibió por la venta del proyecto a Isolux, una empresa de la que también eran accionistas Gomis y Delso. Un negocio de especulación inmobiliaria en una zona turística de Baja California.
La tesis de la acusación es que el dinero que recibió Jordi Pujol hijo no era por un proyecto que no consideran real, sino que eran comisiones que cobraba de Isolux, en tanto que la constructora era adjudicataria de obra pública. Por tanto, que su participación era ficticia y que la parte que recibió eran fondos destinados a la familia. Pero, la tesis se tambaleó con un testigo bastante interesante, el responsable de dirección del proyecto. Un testigo que habían solicitado el ministerio público, la Abogacía del Estado y la defensa de Luis Delso. Era Javier Puerta, un ingeniero de caminos que fue el delegado del proyecto en México, encargado de la gestión global de Azul de Cortés, un complejo turístico con 4.000 apartamentos turísticos, campo de golf y resort con un presupuesto global de unos 2.000 millones de euros para la construcción y con un valor futuro de unos 6.000 millones de euros.
El juez José Ricardo de Prada, al rescate de la Fiscalía y la Abogacía del Estado
El ministerio fiscal y la Abogacía del Estado renunciaron al testigo, pero la defensa de Delso, no. Y aquí comenzaron los problemas, porque si una parte renuncia a un testigo, si después se lo repiensa y quiere interrogarlo solo puede preguntar dentro de los márgenes del contenido que ha explotado la parte que ha practicado el interrogatorio. Cuando el presidente del tribunal dio turno a las acusaciones, Òscar Morales, letrado de Delso, interrumpió al juez advirtiendo que Fiscalía y Abogacía del Estado solo podían interrogar con estas condiciones.
Y cuando el fiscal Fernando Bermejo pidió a Javier Puerta por Juandro Consultores, la empresa mexicana que hacía de fideicomiso de la operación, Morales lo interrumpió. «Yo no he preguntado sobre Juandro Consultores», alertó. El juez pidió al fiscal mesura y concreción. Al dar turno a la Abogacía del Estado, el letrado preguntó por una conversación con Luis Delso. De nuevo, el abogado defensor saltó como un resorte. «Yo no he preguntado por ninguna conversación con el señor Delso», avisó con vehemencia. El presidente del tribunal se enfadó y salió al rescate de la Abogacía del Estado y dejó que formulara la pregunta. «Si no le importa, el interrogatorio lo dirijo yo», espetó el magistrado De Prada a Óscar Morales. «Es la última vez que interrumpe de esta manera, ¿eh? O sea, lo ha hecho usted una vez, se lo he permitido y ya no más, por favor, será en todo caso el tribunal quien le dirá si puede o no preguntar!», advirtió al letrado.
Así facilitó que la Abogacía del Estado formulara una pregunta que no podía formular. El letrado del Estado llegó a preguntar si había hablado con Delso para preparar la defensa. Una pregunta un tanto desesperada para intentar rebajar la importancia de un testigo que no había ido nada bien para los objetivos de la acusación. Una maniobra que chirría, y más cuando curiosamente, esta semana, cada vez que los letrados del Estado toman la palabra para interrogar, añaden un apéndice: hacen saber que hablan «por la Agencia Tributaria«. Un detalle nada menor porque los testigos cambian de cara, conociendo el miedo reverencial que tienen a Hacienda. Como ironiza un sagaz abogado de los implicados cada vez que los letrados de la Moncloa pronuncian este apéndice innovador, la sala se convierte en el escenario del famoso esquetx de los Monthy Python, Nadie espera la inquisición española.
