El antiguo almacén de Galerías Preciados, buque insignia de la expropiación de Rumasa, es la sede del tribunal que juzga la causa contra los Pujol Ferrusola. Hasta el momento, ha vivido ocho jornadas, contando las cuestiones previas. Pero las cuatro sesiones de esta semana han permitido ver de qué pie cojea el caso, el rol particular de cada parte, la estrategia de las defensas, la trinchera de las acusaciones y el papel del presidente del Tribunal, José Ricardo de Prada, que ha tenido que salir al rescate con frecuencia del ministerio fiscal y de la abogacía del Estado. Como por ejemplo, dejándolos interrogar a un testigo al que habían renunciado o coartando la defensa de Jordi Pujol Ferrusola cuando mostró un mail en la sala donde se deducía claramente el sistema de la UDEF para presionar a los testigos contra la familia.
A todo esto, hay que añadir que algunos de los negocios que cosen los escritos de acusación deben entenderse en un contexto determinado y sin hacer más aspavientos de los que corresponden, porque un determinado sistema económico -aún vigente con pequeños retoques- lo permitía. El juicio, además, se ha llenado de detalles interesantísimos que dan forma al concepto global de la acusación, pero, sobre todo para la defensa. Desde el funcionamiento particularísimo del mercado inmobiliario y a las figuras de los “conseguidores” o el acecho permanente de las constructoras para hacer negocio. Como es el caso de PromoPalamós o el proyecto en México Azul de Cortés.
El prólogo de esta semana ya apunta que no es un juicio fácil. Al contrario. De entrada, por el “pecado original” del caso, es decir, el “origen político” de la investigación contra la familia del expresidente Pujol. Asimismo, por la participación, reconocida en sentencia, de la policía patriótica. Y, en tercer término, la complejidad jurídica de un caso con negocios jurídicos complicados u operaciones especulativas complejas, en un marco socioeconómico determinado, consumados hace veinticinco años y con pesetas. Un hecho nada fútil, en el sentido de que muchos testigos, así como imputados, han muerto en el camino de una larguísima instrucción, o bien que algunos advierten al tribunal que por edad, la memoria, como las rodillas, no son lo que eran. A todo esto hay que añadir un elemento que distorsiona el relato oficial y oficialista, que las operaciones con más gancho comercial, se han realizado en feudos gobernados por el PSC.
El mail que no gustó
La sesión del lunes terminó con una cierta tensión a la vista de uno de los últimos testigos de la acusación, el abogado Lluís Agramunt. Un especialista en asesorar a empresas que quieren radicar una sede en determinados países como Costa Rica. La fiscalía lo relacionaba con Jordi Pujol Ferrusola por el proyecto Blueshide Capital, un proyecto que ni siquiera aparece en el denso auto de procesamiento de más de medio millar de folios que firmó el juez instructor Santiago Pedraz, uno de los cuatro que ha manejado el caso. Después del interrogatorio del fiscal, absolutamente anodino en términos de acusación, el abogado de Pujol Ferrusola pidió exhibir un mail en la sala. Un correo que cogió con la guardia baja al ministerio público, los abogados del Estado y, sobre todo, al tribunal, al cual no le hizo ninguna gracia, especialmente a su presidente, que intuyó que podrían salir mal parados.
En un sumario de 90.000 folios es normal que se cuele algún papel comprometido de cómo se llevó a cabo la investigación. Y, este lo era. Es un correo electrónico del inspector jefe del grupo 24 de la UDEF, Álvaro Ibáñez, con TIP 89.140. El mismo que participó en la operación del pendrive de los Pujol y que fue desimputado después de que el jefe penal de la abogacía del Estado y posterior portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, hiciera lo imposible por sacarlo, in extremis, de la causa. En este mail, el inspector Álvarez, como enfatizó Martell, le comunicaba en el primer párrafo que la información que le había llegado no permitía que le aplicaran “la colaboración con la justicia” y que “no podría recuperar activos subyacentes”.
Riña con el tribunal
“¿Qué estaba negociando usted con la fiscalía?”, le espetó Martell al testigo que se vio sorprendido por la literalidad del texto. Un escalofrío recorrió la sala. Martell insistió ante la reticencia del testigo, y fue entonces cuando José Ricardo de Prada intervino expresando que se entendía el contenido, dejando entrever a la defensa que no presionara más al testigo y dejara estar el mail. Martell, sagaz, aún insistió proponiendo la lectura del segundo párrafo que calificó “de más jugoso aún”. “Eso es su interpretación”, replicó rápidamente el magistrado sorprendido por la claridad del mail. Martell continuó, hasta que el magistrado le advirtió que la interpretación de los mails era tarea del tribunal y no le permitió proseguir con el contenido del mail ni con el interrogatorio.
A Martell no le faltaba razón, a la vista del malestar que despertó entre las acusaciones haber blandido un mail. El contenido del segundo párrafo aún era democráticamente más inquietante. En concreto, el inspector -encargado de toda la instrucción del caso Pujol- advertía a Agramunt que la Audiencia Nacional había enviado “diversas comisiones rogatorias internacionales en las cuales es posible que obtenga alguna nueva información que le involucre, y la fiscalía no tendrá ningún criterio para aplicar los beneficios que la ley habilita”. Una amenaza con todas las de la ley. Y añadía: “Conociendo asuntos como Blueshield Capital, que usted pudo tramitar en favor de Jordi Pujol Ferrusola, esperábamos su colaboración en este sentido”. La incomodidad era manifiesta porque un documento, incorporado al sumario, mostraba las vastas costuras de cómo se llevó a cabo la investigación.
Un testimonio delicado
Otro de los momentos más llamativos de la vista se pudo vivir en la séptima jornada del juicio. Concretamente, en un testimonio que debía servir a las acusaciones para dar sentido a su relato en uno de los negocios que más se han obsesionado, el proyecto Azul de Cortés, en México, por el cual Jordi Pujol Júnior como integrante de la sociedad promotora recibió 15 millones de euros, la parte proporcional a su inversión, en la que participaron Luis Delso, también imputado y que ha estado durante las sesiones de esta semana en la sala, José Gomis o Julio Bonis. Un importe que recibió por la venta del proyecto a Isolux, una empresa de la cual también eran accionistas Gomis y Delso. Un negocio de especulación inmobiliaria en una zona turística de Baja California.
La tesis de la acusación es que el dinero que recibió Jordi Pujol Júnior no era para un proyecto que no consideran real sino que eran comisiones que cobraba de Isolux, en tanto que la constructora era adjudicataria de obra pública. Por tanto, que su participación era ficticia y que la parte que recibió eran fondos destinados a la familia. Pero, la tesis se tambaleó con un testimonio bastante interesante, el responsable de dirección del proyecto. Un testimonio que había solicitado el ministerio público, la abogacía del Estado y la defensa de Luis Delso. Era Javier Puerta, un ingeniero de caminos que fue el delegado del proyecto en México, encargado de la gestión global de Azul de Cortés, un complejo turístico con 4.000 apartamentos turísticos, campo de golf y resort con un presupuesto global de unos 2.000 millones de euros de la construcción y con un valor futuro de unos 6.000 millones de euros.
José Ricardo de Prada, al rescate
El ministerio fiscal y la abogacía del Estado renunciaron al testimonio, pero la defensa de Delso, no. Y aquí comenzaron los problemas, porque si una parte renuncia a un testigo, si después se lo repiensa y quiere interrogar solo puede preguntar dentro de los márgenes de contenido que ha explicado o preguntado quien ha practicado el interrogatorio. El presidente del tribunal dio turno a las acusaciones. Óscar Puente, letrado de Delso, interrumpió al juez advirtiendo que fiscalía y abogacía del Estado solo podían interrogar con esas condiciones.
El fiscal Fernando Bermejo preguntó por una empresa, Juandro Consultores, la empresa mexicana que actuaba como fideicomiso de la operación. Puente interrumpió. «Yo no he preguntado sobre Juandro Consultores». El juez pidió al fiscal medida y concreción. Al dar turno a la abogacía del Estado, el letrado preguntó por una conversación con Luis Delso. De nuevo, el letrado saltó como un resorte. «Yo no he preguntado por ninguna conversación con el señor Delso», advirtió con vehemencia. El presidente del tribunal se enfadó y salió al rescate, dejando que formulara la pregunta, con el argumento de que «si no le importa el interrogatorio lo dirijo yo». «Es la última vez que interrumpe de esta manera, ¿eh? O sea, lo ha hecho usted una vez, se lo he permitido y ya ninguna más, por favor, será en todo caso el tribunal quien le dirá si puede o no preguntar!», advirtió al letrado.
Así facilitó que la abogacía del Estado formulara una pregunta que, evidentemente, no podía formular. El letrado llegó a preguntar si había hablado con Delso para preparar la defensa. Una pregunta un tanto desesperada para intentar rebajar la importancia de un testimonio que no les había ido nada bien para sus objetivos. Una maniobra que chirría y más, cuando, curiosamente, esta semana, cada vez que los letrados del Estado toman la palabra para interrogar, le añaden un añadido. En concreto, «Por la Agencia Tributaria«. Un detalle nada menor porque los testigos cambian de cara, conociendo el miedo reverencial que ahora descubren que la acusación son los de Hacienda. Como ironiza, un sagaz abogado de los implicados cada vez que los letrados de la Moncloa pronuncian este añadido innovador, la sala se convertía en el escenario del famoso sketch de los Monthy Python de «Nadie espera la Inquisición Española».
