Respuesta dura de la comisión jurídica de la Asamblea Nacional Catalana al departamento de Interior a raíz de la manifestación por el retorno fugaz del presidente al exilio Carles Puigdemont. Los servicios jurídicos de la entidad han registrado un escrito a la consejera Nuria Parlon con que reprochan con contundencia el informe de los Mossos d’Esquadra librado al juez instructor de la causa de Proceso, Pablo Llarena, explicando el fiasco del operativo por la detención fallida del líder de Junts. La entidad carga contra el que considera una criminalización de la ANC por el simple hecho de participar en una manifestación de bienvenida y en protesta por el acuerdo entre ERC, Comunes y PSC que ha permitido la investidura de Salvador Isla, como presidente de la Generalitat.
El escrito, al que ha tenido acceso El Món, de cuatro páginas, no se está por tonterías y pide que rueden cabezas dentro del departamento, la Prefectura y los mandos del dispositivo. «Condenamos los hechos desproporcionados y antidemocráticos, tanto de la actuación de los Mossos como del mismo dispositivo policial y el contenido del informe policial al Tribunal Supremo», expresan. Así mismo, dejan constancia que «exigen» a la consejera de Interior, «una investigación de los hechos, la aclaración de las imputaciones hechas contra la Asamblea y otras entidades democráticas, el informe.
Por otro lado, también reclaman que se investiguen los hechos y que se «depuren responsabilidades del dispositivo de cierre del parque, de la tirada de gas pimienta a la puerta 6 y de los responsables de la redacción de este informe, más propio de una policía no democrática, y que se tomen medidas disciplinarias contra los responsables».
«Amenaza alta»
La ANC carga especialmente contra el tono y el contenido del atestado que considera el ANC como una «amenaza alta». «El lenguaje, la manera en que se expresa, la tergiversación de los hechos y la actitud incriminatoria que se manifiesta hacia nuestra organización y otros es más propio de la Brigada Político Social y las Brigadas de Información de la policía franquista que de una policía democrática al servicio de las instituciones y del pueblo de Cataluña», critica.
«Esta actitud e incriminaciones hechas hacia una manifestación comunicada siguiendo los trámites establecidos, supone un ataque a la libertad de expresión, de Manifestación y la libertad de asociación y considera estas organizaciones peligrosas para discrepar políticamente de los acuerdos de investidura hechos por el PSC-ERC y Comunes», añaden. En este sentido, concluyen que «es una acción que ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como acción desincentivadora hacia el ejercicio de los derechos humanos (
