La tercera jornada del juicio contra la familia Pujol Ferrusola, con el expresidente Jordi Pujol a la cabeza, ha mostrado una extraña coordinación entre el ministerio fiscal y la Abogacía del Estado para rechazar todas las cuestiones previas presentadas por las defensas. Si en el caso del fiscal Fernando Bermejo la tesis ha sido negar la manipulación de las pruebas que se usaron para abrir el caso, el abogado del Estado Juan Ignacio Ocio, -el mismo que defendió al condenado ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dado un paso más allá.
En concreto, ha valorado la portada del rotativo como notitia criminis –primer indicio de un delito que justifica la apertura de una causa– junto con la declaración de Victoria Álvarez, examante de Jordi Pujol Ferrusola, en la Audiencia Nacional. Una declaración que, como expresó la misma Álvarez, fue preparada con la policía patriótica, con el socio del comisario José Manuel Villarejo, Rafael Redondo, y le permitió recibir un sueldo mensual a cargo de los fondos reservados del Estado. «No hay pecado original en el inicio del caso Pujol», ha sentenciado el letrado de la Moncloa, obviando también cómo se obtuvo la información que publicó El Mundo y el rol sustantivo que tuvo allí la policía patriótica.
Y el alegato no se ha quedado ahí, sino que además de defender la acusación de delito fiscal, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documento mercantil, contra la hacienda pública y frustración de la ejecución, ha defendido la libertad de información como base de todo ello. Posiblemente, un alegato para reforzar la tesis que expresó el mismo abogado en el juicio contra García Ortiz. Una vez ha terminado el abogado del Estado, el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, ha citado a las partes para decidir sobre las cuestiones previas el día 10 de diciembre y ha pospuesto las declaraciones de los acusados para después de la práctica de la prueba.
No hay revelación de secretos
En este sentido, el abogado del Estado ha negado el argumento de la defensa, que ve una «especie de pecado original en la comisión rogatoria enviada a Andorra», que se fundamentaría en «un delito de revelación de secretos cometido por parte de terceros, al haber hecho llegar una información que se publica en el diario El Mundo«. Fue uno de los hechos destacados por la defensa de Josep Pujol Ferrusola, ejercida por el abogado Jaime Campaner, que recordaba la base de la petición de auxilio judicial al Principado de Andorra, supuestamente la confesión del expresidente Pujol y no por la denuncia de Victoria Álvarez ni por la portada de El Mundo, cuando, curiosamente, la comisión se justificaba con los datos publicados por el diario madrileño sobre la situación financiera de los Pujol.
Para la Abogacía del Estado, la comisión rogatoria está «fundamentada en una notitia criminis independiente y autónoma, que es la denuncia de la señora Álvarez, pero también está fundamentada, evidentemente, en una noticia de prensa, que es la noticia de El Mundo«. «Que los medios de comunicación transmitan a la opinión pública y también transmitan, por tanto, a los fiscales y a los magistrados, información veraz, no es una actividad delictiva, es el ejercicio legítimo de un derecho fundamental, que es el derecho a recibir información veraz del artículo 20 de la Constitución», ha argumentado, blanqueando así la información de El Mundo.
«Si los hechos reflejados en El Mundo son ciertos y eran veraces, estos hechos llegan a la ciudadanía, llegan a la comunidad, y, por tanto, si son origen de una notitia criminis, inmediatamente pueden ser puestos en conocimiento y ser conocidos por parte de un órgano judicial», ha añadido. «No hay ningún pecado original», ha insistido para defender que la noticia llega gracias a una información sin estar contaminada por un delito de revelación de secretos, que, por otra parte, aún se investiga en Andorra.
