Este viernes terminó una parte fundamental del juicio contra los Pujol Ferrusola en la Audiencia Nacional. De hecho, se puso fin a una larguísima fase de prueba con la defensa de las dos últimas periciales que quedaban por aclarar al tribunal. Bueno, más bien a la magistrada ponente, María Fernanda García Pérez, que no para de tomar apuntes e indicar al presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, que no corte interrogatorios de la defensa cuando formulan preguntas que valen un imperio para los letrados. De hecho, a veces la sensación es que el magistrado presidente, hace más de regidor en unos juegos florales que de juez.
En todo caso, la última pericial abrió un melón muy interesante para los intereses en juego en el juicio. Es decir, la presunción de veracidad de la existencia de la herencia del padre del expresidente Pujol, Florenci Pujol. Un punto clave, con el entendido de que tanto el ministerio público como la abogacía del Estado se han desgañitado en 31 jornadas para construir el relato de que el dinero que la familia tenía en Andorra, y que fueron declarados acogiéndose a la amnistía fiscal del ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, provenían de comisiones ilícitas por adjudicaciones de la administración pública catalana. Un intento que no ha acabado de prosperar y que las defensas quieren aprovechar, no solo con una sólida prueba pericial, sino con publicaciones que avalarían la gran capacidad financiera de Florenci Pujol.
La prueba periférica y Botín
En este contexto, entra en juego, lo que el abogado del expresidente en la vista oral, Pau Ferrer, bautizó como «prueba periférica». Un contra relato que ha construido sobre la base de la figura del «abuelo Florenci», su historial como evasor de divisas y su tendencia a hacer negocios que iban desde los laboratorios médicos al estraperlo en tiempos de racionamiento franquista. Una de las pruebas aportadas fue un libro de tres periodistas, muy críticos con la era Pujol, titulado Banca Catalana, más que un banco, más que una crisis (Plaza&Janés 1985), de Francesc Baiges, Enric González y Jaume Reixach.
También entran en juego un grueso de documentos que permiten entender la capacidad de Florenci Pujol de haber dejado en Andorra 140 millones de pesetas en dólares, porque «no fuera caso» que sus descendientes sufrieran penurias por la obsesión política de su hijo. Por otra parte, también entra en las valoraciones un hecho que constantemente remarca la fiscalía: la inexistencia de ningún documento que avale una herencia de hace más de 40 años. Una exigencia que, por ejemplo, no tuvieron con Emilio Botín, por los dos mil millones de euros que tenía en Suiza. Un caso con conexiones históricas directas con el caso de Florenci Pujol.
Una prueba pericial
El tribunal tiene ahora sobre la mesa una pericial firmada por Sebastián de Piedra, un interventor y auditor del Estado e inspector de Hacienda en excedencia, que ha ejercido, entre otros, los cargos de inspector en jefe adjunto y de jefe de la Unidad de Fiscalidad Internacional de la Inspección Regional de Cataluña. Desde el año 2012 se dedica a la actividad privada y a la docencia universitaria. Ha sido una de las estrellas del juicio porque no se ha achicado ante las invectivas de los dos numa, los inspectores de Hacienda que elaboraron las pericias de las acusaciones como miembros de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. De hecho, su currículum como inspector de Hacienda y su solvencia explicativa no permitía a los numa entrar en debates interpretativos acusatorios, lo que ha provocado incluso que hayan subido el tono más de la cuenta y se hayan ganado algún tirón de orejas del tribunal.
En todo caso, Sebastián de Piedra presentó unos números sobre la evolución del importe de la herencia. Según esta pericial, de 20 páginas y a la cual ha tenido acceso El Món, la herencia era de 140 millones de pesetas en dólares, que corresponderían a 17,5 millones de pesetas para cada uno de los supuestos herederos, ocho. La herencia es de 1980 y el año 1990 se había convertido en 500 millones de pesetas. Finalmente, el total repartido entre los años 1992 y 2004 entre todos los beneficiarios por parte de Jordi Pujol Ferrusola asciende a 1.008.576.936 de pesetas (6.061.669 euros), que, una vez repartidos, son 757.708,68 euros para cada hermano y para Marta Ferrusola. De hecho, según la documentación andorrana, el reparto entre los hermanos fue equitativo, como muestra un documento manuscrito de Andbank, donde estaban depositados los dineros.
Cómo crece la herencia
El crecimiento de estos importes ocupa buena parte de la pericial, partiendo del conjunto de inversiones que se llevaron a cabo con ese dinero. Según Piedra, los dineros se invirtieron en «láminas opacas», bonos del Estado y pagarés. Las láminas opacas fueron un instrumento financiero habitual entre 1980 y 1990 y consistían en títulos al portador o de deuda sin registro nominativo y con la posibilidad de conservar el anonimato del tenedor del título.
Fueron títulos que circulaban con normalidad por Europa y América Latina, emitidos por gobiernos, bancos estatales e instituciones financieras de renombre que tenían como gancho una rentabilidad muy alta (entre el 10% y el 20%), poca transparencia y, a menudo, se escapaban de la tributación a cambio de atraer fondos no declarados. Fueron títulos comunes en España, Italia, Suiza, Austria, Alemania, Bélgica, los EE. UU., Argentina o México, y más cuando se sufrían crisis de inflación.
«Es coherente que un capital de 140 millones de pesetas en 1980 se pudiera haber convertido en 500 millones de pesetas transcurridos 10 años», explica la pericial. A todo esto se debe añadir la devaluación de la peseta, un 46% en el período analizado, y la rentabilidad bancaria del dinero desde 1990 al 2000. «Pudo pasar de los 140 millones de pesetas iniciales a 1.000 millones de pesetas en el año 2000, dado que estas dos décadas fueron las décadas doradas para los inversores que tenían suficiente capital», sentencia la prueba pericial, que aporta los informes bancarios de los estados que emitían los títulos. En resumen, el informe determina que los 17,5 millones de pesetas por persona se convierten en 757.708,68 euros en el año 2004. Y, en el año 2010, cada hermano tiene un saldo diferente porque han hecho inversiones distintas y «cada cual a su aire».
¿Puede ser una herencia de este importe?
Una vez aclarado técnicamente si una herencia de 140 millones de pesetas en dólares se podía convertir en el dinero que separadamente tenían los hijos del expresidente y su esposa, la pregunta que se plantea es si Florenci Pujol pudo haber tenido esta fortuna. Aquí es donde la defensa aplica la tesis de la prueba periférica. La historia de Florenci Pujol comenzó como botones del Banco Marsans antes de establecerse como agente de cambio y bolsa en el Bolsín de la Bolsa de Barcelona, una especie de mercado de valores paralelo que hizo fortuna. Además, se asoció con Moisès David Tennembaum, un hábil negociador judío. Comenzó a hacer dinero como traficante de artículos de primera necesidad durante las restricciones de la posguerra ordenadas por el ineficaz régimen franquista. Con el dinero acumulado fundó Diamansa, una comercial dedicada al comercio de diamantes, una compañía que hizo más que fortuna.
La historia de Florenci Pujol y de David Tennenbaun se relata detalladamente en el libro aportado al tribunal como prueba de la capacidad del padre del expresidente para acumular mucho dinero. Tanto que le permitieron comprar un banco, el Banco Dorca, precedente de Banca Catalana, o los Laboratorios Martín Cuatrecasas, que hicieron su agosto con un medicamento muy solicitado en la época como el Neobacitrin, una pomada que era una especie de bálsamo de Fierabrás para las infecciones bacterianas en la piel. Un mal extendido en la miseria de la posguerra. El mismo libro aporta: «Florenci Pujol operaba en el mercado de divisas de forma pública y notoria y pocas personas lo ignoraban en el mundo económico barcelonés». Y añade: «La actividad de Florenci Pujol permitía importar, por ejemplo, las balas de algodón para no sucumbir ante el asfixiante racionamiento de las materias primas vigente en la época». Es decir, el estraperlo a gran escala que propició grandiosas fortunas.
El caso Georges Laurent Rivara
Pero la prueba de fuego es el caso Georges Laurent Rivara, un broker suizo, representante de la Societé de Banque Suisse, que se dedicaba a hacer las inversiones de españoles para evadir divisas a Suiza. Su detención, en noviembre de 1958, ordenada por el Juzgado Especial de Delitos Monetarios, hizo caer una agenda de decenas y decenas de empresarios, industriales, altos funcionarios, rentistas o de los afortunados que vivían de los contratos del régimen. En total, se detectó una fuga de divisas de 16.240 millones de euros. Una cifra abismal.
De hecho, el caso Georges Laurent Rivara fue una venganza interna del régimen por la batalla entre los falangistas y los tecnócratas del Opus, que ya comenzaban a asomar. El caso salió, incluso, en portada de The New York Times. La lista de 872 evasores se publicó con nombres y apellidos en el Boletín Oficial del Estado, el 9 de marzo de 1959. En esta lista, aparecen Florenci Pujol y David Moisès Tennenbaun, que a raíz de la descomunal sanción económica y el señalamiento público no pudo poner a su nombre las acciones del Banco Dorca y las puso a nombre de la madre del expresidente María Soley. La historia de Georges Laurent Rivara la explica detalladamente, en un libro imprescindible, Enrique Faes. Este profesor de Historia Social y del Pensamiento de la UNED publicó El agente suizo (Galaxia Guttemberg, 2025) donde se detalla todo el caso. Los 872 cazados por el régimen no eran, precisamente los diezmados de la tierra. En todo caso, la riqueza de Florenci Pujol, después de ver cómo el banco que había comprado para su hijo no lo podía administrar porque estaba encarcelado por los Hechos del Palau, hace plausible la idea de guardar dinero en Andorra por si acaso el camino de la política acabara como el rosario de la Aurora.
De Rivara a Falciani y Botín
En todo este contexto, uno de los puntos fuertes de la acusación es que la herencia no está documentada. Y aquí hay una curiosísima conexión histórica. De la misma manera que Rivara pasó una lista de evasores a la banca suiza, su gemelo contemporáneo, que sería Hervé Falciani, delató una gran lista de defraudadores. Entre ellos, estaba Emilio Botín. Pero, en el caso del banquero español, que no existiera documentación le eximió de buena parte de la responsabilidad.
La interlocutoria de sobreseimiento libre para el entonces dueño de Banco Santander, ahora ya muerto, fue dictada el 22 de mayo de 2012 por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. El fundamento jurídico tres era para mojar pan, porque entendía que las autoliquidaciones solo se podían hacer hasta cuatro años atrás porque el banquero no tenía ninguna obligación de guardar los papeles y, además, les perdonaba los deslices fiscales porque los documentos estaban en francés o inglés. La justificación abrió una nueva doctrina: «Es preciso puntualizar que la documentación a examinar en el marco de las actuaciones, con vistas a una correcta calificación jurídica tributaria de los hechos regularizados, se puede prever como ingente y en gran parte en inglés o francés, no siendo fútil avanzar, como ya anuncian los declarantes en sus escritos explicativos, que no siempre podrá ser completa y totalmente fehaciente».
El juez asumía el criterio de la inspección fiscal, que reconocía que, además de la dificultad de tener la documentación, debido a la «complejidad de las estructuras patrimoniales (trusts, fundaciones, sociedades de diversa índole…) creadas y que se regularizó, no era fácil hacer un seguimiento, un hecho que imposibilita emitir un juicio válido sobre si la documentación aportada hasta esta fecha por la representación de los obligados tributarios acredita de manera eficiente la titularidad de los activos y de las rentas que estos han regularizado a través de las declaraciones presentadas». El caso Botín implicaba una posible evasión de dos mil millones, pero el tribunal entendía que la documentación aportada en global solo se podía valorar cuatro años atrás. En cambio, el caso Pujol sería obligado mantener los documentos de la herencia ingresada en 1980. Y con esta comparación trabaja también la defensa.
