Justo cuando se cumplen 80 años del final en Europa de la Segunda Guerra Mundial, la Fiscalía española ha decidido investigar la colaboración entre el franquismo y el nazismo para «exterminar» la disidencia política española. Todo ello, después de un largo proceso de investigación iniciado por la administración francesa, que una jueza española del Registro Civil y la Fiscal de Sala Coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, han culminado para poder abrir unas diligencias para investigar las «graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos» que supuso para muchos republicanos catalanes y españoles su deportación o internamiento en los campos de concentración o exterminio nazis.
El decreto de apertura y las diligencias llevadas a cabo hasta ahora, al cual ha tenido acceso El Món, se basa en un procedimiento de alta complejidad y con derivadas internacionales. Sobre unos hechos que Delgado concluye que podrían «constituir indiciariamente delitos de homicidio, asesinato, detención ilegal y/o desaparición forzada cometidos en el contexto de crímenes contra la humanidad». Además, la fiscal insiste que «el derecho Internacional reconoce el derecho a la verdad en casos de violaciones graves y manifiestas de los derechos humanos», como recoge la legislación de la memoria democrática española. La fiscal delimita la acción a investigar en el marco temporal que va del 18 de julio de 1936 al 29 de diciembre de 1978.
Una tarea de seis años
Esta investigación se inició el 21 de marzo de 2019 en el Registro Civil Central. Fue con el expediente judicial para la inscripción del fallecimiento, en los campos de exterminio nazis, de los españoles exiliados tras el golpe de estado y la Guerra Civil de España. En aquel momento, la solicitud de apertura del expediente la impulsó la entonces Dirección General para la Memoria Democrática, con competencias en conservación, defensa, fomento y divulgación de Memoria Histórica.
En total, se pudo elaborar una lista de 4.435 españoles muertos en los campos de exterminio nazis. La relación se pudo hacer gracias a la labor que había realizado el Ministerio Francés de Excombatientes y Víctimas de Guerra en el Estado español. La administración francesa había recopilado toda esta información porque muchos de los deportados fueron detenidos y capturados en Francia, huyendo de la represión franquista. En total, Francia pudo enumerar los fallecimientos y relacionarlos en 10 libros encuadernados que remitió a España y, hasta ahora, se encontraban bajo custodia del referido Registro Civil Central.
La jueza registral se puso manos a la obra y, tan solo cuatro meses después, el 30 de julio de 2019, acordó la publicación del listado a fin de que los interesados pudieran hacer, en el plazo de un mes, alegaciones e informaciones sobre los datos que recogían. Hasta ahora, y después de los expedientes individualizados, ya se ha inscrito el fallecimiento de 649 españoles, de los cuales 415 murieron en el campo de exterminio de Gusen (Alemania) y 115 en el campo de exterminio de Mauthausen (Austria). Ahora quedan por identificar miles de asesinatos en los campos nazis. El 14 de enero de 2025, la fiscalía se hizo cargo de toda la documentación.
Investigar toda la documentación
El punto de partida de las diligencias penales de investigación –además de identificar a los ciudadanos españoles que tuvieron que huir de España para evitar la represión una vez concluida la Guerra Civil iniciada por los golpistas liderados por el general Francisco Franco– es delimitar las responsabilidades penales del nuevo Estado que emergía. Todo en base al derecho al restablecimiento y también del derecho a la verdad de las víctimas y sus herederos.
Según el relato inicial del ministerio público, Francia sería el destino inicial de la inmensa mayoría de exiliados, que también se vieron inmersos en la Segunda Guerra Mundial. Muchos fueron internados, primero, en campos de prisioneros franceses, pero la invasión de Francia por el ejército nazi empeoró la situación de los exiliados españoles. «El régimen nazi y la dictadura franquista compartían ideología y objetivos políticos y se consideraron mutuamente aliados», enfatiza la fiscalía española. «Hubo una comunicación fluida y coordinación entre sus responsables para implementar la estrategia de persecución de los disidentes políticos», añade el decreto de fiscalía de apertura y justificación de diligencias. De hecho, los archivos apuntan que fueron deportados unos 15.000 ciudadanos españoles y catalanes.
Así, concluye que «los traslados de miles de españoles a los campos de exterminio nazis provocaron miles de muertes, como consta en los libros custodiados en el Registro Civil Central». «Las circunstancias en que se produjeron y sus consecuencias, expresión de graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, deben ser investigadas», añade la fiscal.
Sobre todo, dos campos: Gusen y Mauthausen
Gusen y Mauthausen son dos de los campos donde murieron más catalanes y españoles. De hecho, formaban un complejo. En Gusen, los primeros deportados que procedían del estado español, llegaron a principios de 1941. Durante todo el año, un total de 4.000 ciudadanos españoles fueron llevados al campo, es decir, casi la mitad de los recién llegados en este período. En la medida que esta afluencia se redujo a un goteo en los años posteriores, el número total de prisioneros españoles en Gusen se puede estimar en un poco más de 5.000. Según el memorial, casi 3.000 murieron entre finales de 1941 y a finales de marzo de 1943.
Mauthausen recibió el primer convoy de prisioneros españoles y catalanes el 6 de agosto de 1940. Eran cientos. Pero, hasta su cierre, Mauthausen llegó a ingresar 7.000. Según un estudio preliminar del ministerio de Presidencia, «más de un 60% moriría». No pasó ni una semana que se registró la primera muerte.
