Este lunes 29 de septiembre, la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, ha vuelto a comparecer ante un juez como imputada por espiar a independentistas con el software Pegasus. Es la quinta imputación que acumula. Una declaración que llega después de que otro juzgado, el de instrucción 2 de Barcelona, haya imputado por primera vez a directores y exdirectores de la Guardia Civil por haber utilizado este software espía contra la disidencia política. El hecho de haber imputado a los jefes del instituto armado ha dado aire a una de las principales tesis de la defensa de Santos Cerdán, imputado en la misma causa que José Luis Ábalos y Koldo García por el supuesto cobro de comisiones a cambio de obra pública.
Precisamente, los abogados del exnúmero tres del PSOE han pedido explicaciones sobre un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del cuatro de octubre de 2024, con el número 207/2024 y elaborado en la investigación madre, en la cual está imputado el empresario Víctor de Aldama y dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, en manos del magistrado Ismael Moreno. Un informe que ha sorprendido a la defensa porque está «protegido por la ley de secretos oficiales» y oculta las identidades de los investigadores que tendrían una relación con los principales audios incriminatorios, los dispositivos con los que se habrían registrado y la posibilidad de utilizar software espía, que, además de grabar, puede manipular contenido de los dispositivos afectados.
El atestado, al que ha tenido acceso El Món, abre el camino de la investigación sobre cómo se obtuvieron los audios que forman el ADN de la causa. De hecho, es el principal elemento incriminatorio –a pesar de las sospechas de que podrían estar editados– contra Cerdán. Cabe tener presente que el mismo juez instructor del Tribunal Supremo que mantiene al negociador del PSOE con Junts en prisión, Leopoldo Puente, admitió el pasado 18 de septiembre que aún se desconocía qué «mecanismo» utilizaba Cerdán para supuestamente cobrar y qué sistema utilizaba para «repartir el dinero» de las supuestas comisiones. Es lo que el juez Puente define como «conocimiento privilegiado de circunstancias que aún no están suficientemente aclaradas en el curso de la investigación». Es decir, que no sabe cuánto dinero habría cobrado ni dónde estaría ese dinero.
Las dudas sobre los audios
La sospecha sobre la procedencia de los audios tiene dos fundamentos principales. Por un lado, que eran propiedad de Koldo García, colaborador de la Guardia Civil junto con el empresario Víctor de Aldama. Y, por otro lado, que los mismos informes periciales de la Guardia Civil reconocen que el 75% de los audios en los que se basan las principales acusaciones necesitan un segundo estudio para descartar la posibilidad de ediciones o manipulación.
Hay que recordar que los archivos de audio -que el juez califica de «ciertamente el más intenso de los indicios incriminatorios contra Santos Cerdán»- los encontró la Guardia Civil, como policía judicial del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, en el registro del domicilio de Koldo García. Audios sobre los cuales, aunque García también se incrimina, no ha dado ningún tipo de explicación al juzgado, solo en una entrevista en TVE remarcando que «no grabó nunca nada». A pesar de esto, a diferencia de Cerdán, se ha librado de la prisión provisional.
La Guardia Civil, en el foco
En este contexto, la defensa de Cerdán pone el foco en un dato que podría ser la clave de bóveda de todo. El informe 207/2024 de la UCO determina, como admite el ministerio fiscal, la relación de García -y De Aldama- y los teléfonos que servían para grabar las conversaciones con el poderoso Servicio de Información de la Guardia Civil. Una unidad de élite que, por ejemplo, habría utilizado este sistema para la investigación del independentismo, por ejemplo en el sumario de la operación Judas.
De hecho, en la comparecencia del 5 de mayo de 2022 en la comisión sobre fondos reservados del Congreso de los Diputados, la exdirectora del CNI admitió que hubo colaboración entre el Servicio de Información de la Guardia Civil (Unidad Central Especial) y el CNI en algunas investigaciones delicadas como el independentismo. Un dato interesante porque, al fin y al cabo, la Guardia Civil cuenta con un sistema más potente y sofisticado de control remoto de dispositivos móviles, adquirido en 2018 y ampliado en octubre de 2021.
Precisamente, en este informe aparece un nombre clave de toda la estructura que ha servido para construir la incriminación de Cerdán, el del mando del servicio de información de la Guardia Civil Rubén Villalba. Un oficial muy reconocido dentro del instituto armado que está investigado en las diligencias matrices del caso en la Audiencia Nacional. Curiosamente, a Villalba lo investiga la Guardia Civil, cuando normalmente, cuando un miembro de un cuerpo policial está imputado, lo investiga otro cuerpo.
El secreto oficial aparece
El informe 207/2024 de la UCO analiza la participación del comandante Villalba en la presunta trama de corrupción investigada. Pero, eso sí, el informe, de 86 páginas y al que ha tenido acceso El Món, deja claro que no hay toda la información, por obra y gracia de la ley de secretos oficiales, que protege las actividades de la Unidad Central Especial 2 del Servicio de Información de la Guardia Civil. Precisamente, según este atestado -y también según el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón-, los audios se habían grabado con unos teléfonos que había proporcionado el comandante investigado a otros investigados, como Víctor de Aldama.
El mismo atestado indica que el comandante Villalba terminó investigado por haber cobrado dinero por estos teléfonos. Según las conclusiones de los investigadores, «el simple suministro formaba parte de una investigación ordinaria de la Unidad Central Especial (UCE)-2, de la que formaba parte el comandante. «Si el suministro de los teléfonos es una operación de los servicios de inteligencia de la Guardia Civil, tan a menudo conectados con el mismo CNI, sería necesario poder hacer comprobaciones y las investigaciones pertinentes sobre todo este operativo», reclama la defensa, que ve cómo el juez instructor del Supremo les veta esta vía de investigación.
Un «troyano»
La queja va más allá, porque, si bien la defensa ha podido acceder al atestado de Villalba, el juez no les permite conocer el motivo y la dimensión de las investigaciones de la UCE-2 en el momento de proporcionar los teléfonos a García y De Aldama y, sobre todo, en el momento en que se generaron los archivos de audio base de la investigación. Y aquí se encuentra otro punto de conexión con el uso indiscriminado de Pegasus, porque la defensa ha detectado que, en las mismas fechas que la UCE-2 suministraba los teléfonos, los servicios de información policiales utilizaban «la infiltración de sistemas de troyanos en teléfonos de interés policial». De hecho, es el caso que ahora investiga el Juzgado de Instrucción dos de Barcelona o el caso de la infiltración en el móvil del presidente español, Pedro Sánchez, investigado a sorbos por la Audiencia Nacional.
En este sentido, uno de los dos abogados de la defensa, Benet Salellas, tuvo conocimiento directo de esta práctica en el caso Tsunami Democrático, que dirigió el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional cuando la instrucción estaba en manos del magistrado de apoyo, Fernando Abascal. Una investigación de la UCE-3 del Servicio de Información de la Guardia, Civil que utilizó un programa, bautizado como “troyano”, que definían en los atestados como “un software que permite, de manera remota y telemática, el examen [de las comunicaciones] a distancia o sin conocimiento de su titular o usuario”.
Con este sistema, según el sumario del caso Tsunami, se captaron, de decenas de terminales intervenidos,“la agenda de contactos, los registros de videollamadas, la cuenta de correo electrónico de cada terminal, acceso a las comunicaciones, historial de navegación, comunicaciones en redes sociales, aplicaciones de mensajería y chats, así como su histórico -WhatsApp o Signal–, árbol de archivos y archivos almacenados en el sistema de archivo del terminal móvil en cualquier formato que se presenten”. Además, la autorización judicial de Abascal, con el apoyo de la fiscalía, permitía “la activación del micrófono instalado en el dispositivo, con la finalidad de captar y grabar las comunicaciones orales».
Tres elementos clave
En definitiva, del atestado y de la resistencia del juez Puente a ampliar las pesquisas sobre el origen de las principales pruebas incriminatorias se deducen varias cosas. Por un lado, hay un comandante de la Guardia Civil imputado que entregó teléfonos a los principales implicados en la virtual trama de corrupción a través de Koldo García y Víctor de Aldama, dos colaboradores del instituto armado que incluso fueron condecorados.
En segundo término, los audios los encontraron en los teléfonos que les había entregado el comandante Villalba, y en el mismo informe 207/2024 se recogen conversaciones donde el comandante Villalba detalla a su jefe -llamado «A1»- que había visto al entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos «con alguno de los teléfonos» que les «pedía Koldo». Así mismo, los mismos informes de acústica entregados al juez este septiembre por parte de la Guardia Civil admiten que los audios han sido editados.
La sospecha del uso de un sistema de grabación externo, con la connivencia de García y De Aldama, se ve reforzada por estos tres elementos. El informe de la Guardia Civil sobre Villalba subraya esta posibilidad, para la defensa, como «elementos objetivos». Por eso, ahora la tarea de la defensa será aclarar cómo se grabaron o prepararon los audios que son el punto de partida de la imputación de Cerdán. En concreto, reclaman saber quién, cómo, cuándo y por qué procedió a grabar estos audios y, si es el caso, a editarlos y, sobre todo, con qué finalidad. ¿Un nuevo caso Pegasus contra el PSOE?
