El último episodio de la instrucción del caso Cerdán también lo ha protagonizado la Guardia Civil, con una petición sorprendente. En concreto, solicitar a la dirección general de Instituciones Penitenciarias, que depende del ministerio del Interior, el registro de las visitas que recibe en el centro penitenciario de Soto del Real el exnúmero tres del PSOE. De rebote, también la UCO ha solicitado ser alertada de lo que califica como «visitas imprevistas», incluso del colectivo de abogados. Una petición de la que el juez instructor del caso, el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, se lava las manos: dejará que sea el ministerio del Interior quien decida si entrega o no el listado de las visitas.
La petición es polémica porque, según los abogados, supone una vulneración del derecho de defensa de Cerdán. Un caso inédito de solicitud de información que, según fuentes de la alta magistratura de Madrid, podría significar que la Guardia Civil ya tiene el listado de visitas y ahora lo quiere blanquear para articular un atestado, informe u oficio donde amplíe los miembros de la supuesta «organización criminal» en la que estarían inmersos los principales protagonistas del caso, el exministro José Luis Ábalos, el asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, a los que se añadirían nombres del entorno que los habría visitado, o incluso, letrados que actuarían en el círculo de su defensa. Todo ello, cuando este martes se celebrará una vista para decidir si Santos Cerdán continúa o no en prisión.
Esta maniobra de la Guardia Civil y la postura equidistante del magistrado, ante el asombro de Instituciones Penitenciarias, enturbian aún más dos de los puntos más oscuros de la instrucción. En primer lugar, las relaciones de la Guardia Civil con Víctor de Aldama y con Koldo García, que han puesto en guardia al jefe de la fiscalía anticorrupción, Alejandro Luzón, y han obligado al juez a intentar cortar de raíz que la investigación incluya los trabajos que los dos principales delatores de la causa han llevado a cabo para diferentes unidades de élite del instituto armado. En segundo lugar, el contenido total de las diligencias previas 65/2023 de noviembre de 2024, que sigue el titular del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, Ismael Serrano. La causa que se continúa instruyendo al margen de la que dirige Puente, aunque nace de la Audiencia Nacional, y a la cual no se permite el acceso a la defensa de Cerdán.
Relaciones sospechosas
El magistrado Puente hace oídos sordos a lo que la defensa de Cerdán define como «notoria la relación previa de colaboración» entre Koldo García con la Guardia Civil. Una relación que culminó incluso con la concesión en 2018 de una medalla al mérito policial por parte del instituto armado. En este contexto, los letrados del exnúmero tres del PSOE pidieron al juez que solicitara a la Dirección General de la Guardia Civil una relación de todas las colaboraciones realizadas por Koldo García con las diferentes unidades de la Guardia Civil sea con «el estatus que sea», entre el 2014 y el 2018, con un inventario de fuentes policiales y en los registros pertinentes del Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y Seguridad Ciudadana (SIGO), el Sistema de Registro de Investigaciones del CITCO y el SINVES-Aquila y de si ha habido contactos entre él y miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el período descrito.
Esto se añade a la relación de De Aldama con el instituto armado. En concreto, la concesión de la medalla al Mérito con Distintivo Blanco que el 27 de septiembre de 2022 recibió el empresario, delator de la trama que ha llevado a la imputación de Cerdán y de Ábalos, por haber obtenido información de empresas como Globalia, Huawei, Correos o empresas VTC. Además, De Aldama fue un protagonista central de la‘operación Corso, un delicadísimo operativo de inteligencia internacional contra el yihadismo donde participaba la Unidad Central Especial 2 del Servicio de Información de la Guardia Civil (UCE 2), que alimentaba también la UCE 3, dedicada a “movimientos desestabilizadores internos, como el independentismo o el anarquismo”.
Según los informes de la Guardia Civil, en “la ‘operación Corso estaba especialmente interesada la Dirección General de Seguridad Interior Francesa”, la poderosa DGSI. “Gracias a la intermediación de Víctor de Aldama, se consiguió un lugar de trabajo que se adaptaba al perfil de la fuente y a las necesidades de salario y horario durante el año 2020 y 2021”, asegura el documento que justificó la concesión del galardón. “Fruto de ello, la Unidad y la DGSI francesa obtuvieron una fuente importante de información en el plan de inteligencia de relevancia en la estrategia de la operación”, concluye el cuerpo. Esta colaboración tan intensa podría hacer pensar que De Aldama habría participado en operaciones encubiertas de la Guardia Civil, como, investigaciones contra el Procés, o incluso, que hubiera financiado la guerra sucia política del PSOE contra líderes independentistas.
El juez hace oídos sordos
En su auto del pasado 17 de julio, el magistrado Puente decidió rechazar la petición de estos informes calificándolos de instrumento de la estrategia de defensa. En este sentido, el instructor admite que ya es consciente de la relación de Koldo García y De Aldama, los delatores que han ayudado a abrir la investigación, y añade que «no encuentra ninguna razón por la que deba iniciarse una especie de causa paralela» en el procedimiento, porque cree que las diligencias solicitadas «claramente exceden el objeto de la causa». Habla de peticiones como la de incorporar los «actos concretos de colaboración, de cualquier naturaleza que fueran, que con la Guardia Civil podría haber desarrollado a lo largo de cuatro años uno de los investigados en este procedimiento».
Por otro lado, Puente también descarta facilitar que la defensa de Cerdán sea parte en las diligencias de la Audiencia Nacional donde se ha originado su causa. Son las diligencias previas 65/2023 de noviembre de 2024, que sigue el titular del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, Ismael Serrano. El instructor razona que son dos procedimientos que, aunque «presenten cierto vínculo» tienen «un objeto diferente». Por ello, considera que aportar las diligencias «desordenaría la causa» y, además, «causaría dilaciones». Es decir, los dos agujeros más negros de la instrucción, por el momento, no podrán ser resueltos por la defensa de Cerdán, por imposición del juez instructor.
