Dicen que una vez es un accidente; dos, una casualidad y tres, una conspiración. Una máxima que se puede aplicar a la compleja y envenenada biosfera politico-judicial catalana. Ahora también en el caso del escándalo de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), a la vista de a dónde ha ido a parar la primera querella presentada por un caso que ha agitado la agenda política y social de Cataluña.
El caso ha ido a parar al Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona que ha instruido causas que han mantenido a la política e instituciones catalanas colgadas de un hilo como la macrocause Volhov, sobre la presunta trama rusa del Proceso, o el caso Negreira que acusaba al Barça de la compra de árbitros. Ahora, además, se añade que la magistrada titular de este Juzgado es Alejandra Gil, que fue la encargada de proseguir y cerrar la instrucción de la causa madre del Proceso y del referéndum del Primero de Octubre.
Gil fue la sustituta del magistrado que abrió la causa contra el independentismo, el ya fallecido en 2018, Juan Antonio Ramírez Sunyer. Una jueza que, además, tuvo que lidiar con otra instrucción del Juzgado 9 de Barcelona que investigaba los mismos hechos que el 13. De hecho, se trata de la jueza que más ha demorado, junto con el caso de los Síndicos del Referéndum la aplicación de la amnistía.
Solo diligencias indeterminadas
Según ha podido saber El Món, la querella ya tiene número de diligencias indeterminadas, aunque todavía no se ha dado traslado a la fiscalía. De hecho, faltaba algún documento respecto a los poderes de los querellantes que ya ha sido cumplido. La querella fue presentada por la Asociación Guardianes de la Inocencia, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la protección de los derechos de los niños y la lucha contra el abuso infantil.
La querella se dirige contra dos exconsejeros, secretarios generales y responsables del departamento de Derechos Sociales en los últimos años a raíz del caso de una menor de 12 años que, a pesar de estar bajo la tutela de la DGAIA, fue víctima de una red de pederastia. A la querella también se añadieron las irregularidades que denunció la Sindicatura de Cuentas y que hace meses investiga la Oficina Antifraude.
En concreto, la querella apuntaba a los consejeros Chackir El Homrani y Violant Cervera, al exsecretario general Josep Ginesta y Ester Baras, y a todos aquellos responsables políticos y funcionarios que tuvieran alguna responsabilidad. Los delitos en los cuales se fundamentaban eran prevaricación, negligencia y omisión del deber de protección. Todo en el marco de la niña de 12 años víctima de la red, además de las irregularidades en la gestión de prestaciones económicas para jóvenes extutelados por parte del Servicio de Evaluación y Apoyo al Posacogimiento (SEVAP) de Girona.
