«Después de 140 años, 12 papas, 4 reyes, 44 presidentes y 106 ministros de Justicia, hemos aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que mejora, agiliza y europeíza un proceso penal más moderno y garantista». Con este tuit, y fiel a su estilo mordaz, el ministro de Justicia, y de Presidencia, Félix Bolaños, mano derecha del presidente español, Pedro Sánchez, presentaba este martes la reforma del proceso judicial penal. Una reforma que diversas voces políticas advertían que había quedado pendiente desde los cambios de la Transición, los que consolidaron el régimen de 1978, como el que se llevó a cabo con las fuerzas armadas de la mano de Narcís Serra y Lluís Reverté al frente del ministerio de Defensa durante la etapa de Felipe González en la Moncloa.
Después del gran cambio que ha supuesto la nueva administración judicial, Bolaños presenta una ley con dos grandes cambios: la revisión del papel de las acusaciones populares, que no podrán ser formaciones políticas y, sobre todo, el cambio de paradigma que supone que sea el ministerio fiscal el que instruya las causas y los sumarios –el modelo europeo– y que se deje en manos del juez la protección y defensa de las garantías procesales. Una decisión que ha acentuado aún más la guerra del sector más duro del poder judicial y del ministerio fiscal contra la Moncloa.
De hecho, la idea de que los fiscales instruyeran las causas era una demanda del colectivo desde hacía años, pero el hecho de que la propuesta llegue en una legislatura marcada por el pacto de investidura con los independentistas, la amnistía y el cerco al PSOE por los supuestos casos de corrupción ha regalado munición a los más confrontados de un poder que, a pesar de ser del Estado, se ejerce de manera unipersonal. Bolaños, sin embargo, pone un primer escudo a las críticas recordando que la reforma entraría en vigor el 1 de enero de 2028 y, por tanto, la aplicaría el gobierno que surgiera de las elecciones de 2027. El cálculo político también es importante. Y Bolaños sabe perfectamente que la reforma llega en plena guerra civil en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y con un final de legislatura en duda por el anuncio de Junts de retirar el apoyo al PSOE. La batalla entra en una nueva dimensión.
Un cambio que ya había propuesto el PP
De hecho, este gran cambio fue defendido por Bolaños y, incluido en la agenda política, precisamente para calmar los ánimos frente a la otra gran ley de la legislatura que ha negociado a contracorriente del poder judicial y fiscal, la ley de amnistía. El proyecto es, por supuesto, una reformulación del sistema penal español que ya habían comenzado a trabajar los dos ministros anteriores a Bolaños, Juan Carlos Campo –impulsor de los indultos y ahora magistrado en el Tribunal Constitucional– y Pilar Llop. De hecho, el ministerio, en su programa normativo, destaca que con esta reforma integral “se pretende modernizar y actualizar la regulación del proceso penal a partir de dos principios”. En primer lugar, “la coherencia con el modelo constitucional de la justicia”; y, en segundo lugar, “la armonización con el derecho de la Unión Europea”. En resumen, dos peticiones reiteradas históricamente por el colectivo fiscal.
La idea, sin embargo, no es solo socialista, ni mucho menos, a pesar de la oposición actual del PP y Vox, que ven la revuelta de las togas como una oportunidad para desgastar aún más al inquilino de la Moncloa. Los populares propusieron una reforma similar en el año 2011, cuando el ministro de Justicia era Alberto Ruiz-Gallardón. El nuevo texto, aprobado ahora por el Consejo de Ministros, consiste en un verdadero cambio de paradigma, teniendo presente que la LECrim es de 1882 y ya ha sufrido 79 modificaciones, más cincuenta posteriores a la entrada en vigor de la Constitución en 1978.
Suspicacias y recelos de los conservadores
Tras el anuncio de la aprobación del proyecto de ley, y de meses de negociaciones, las asociaciones de jueces y fiscales ya han dejado claro su posicionamiento antes de la negociación que debe entrar en el Congreso de Diputados. Cuatro de las siete asociaciones de jueces y fiscales han enseñado los dientes ante lo que califican de «reformas desafortunadas». No ha sido tampoco una sorpresa cuáles han sido las entidades, que hace tiempo que bloquean, critican y cargan contra el poder legislativo y, sobre todo, el ejecutivo.
Así, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que es la mayoritaria de la carrera judicial, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) -donde milita, por ejemplo, el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos–, el Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han contestado como un solo hombre en contra de la reforma. Un aviso a navegantes que puede complicar mucho la tramitación de la ley en las cortes españolas. En cambio, Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), donde se encuentra el aún fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, defienden la reforma, que califican «de imprescindible y esperada». En cuanto a Àgora Judicial, la asociación de jueces de raíz catalana, su portavoz Guillem Solé, considera que «a priori, la reforma es positiva» y acaba con «la esquizofrenia de que un juez instruya y a la vez vigile las garantías» pero cree que el problema es la «cultura jurídica» de España. «Sí que es cierto que los jueces son independientes, y los fiscales no tanto, pero habrá que ver qué previsiones hace la ley para mitigar este riesgo», añade Solé que alerta que faltarán «recursos».
A pesar de ello, algunos jueces de tendencia progresista recelan del hecho de que la fiscalía pueda instruir según qué causas si hay demasiada dependencia de la institución del poder ejecutivo o político. Un riesgo que creen que la ley debe intentar evitar para garantizar la independencia de los fiscales. En todo caso, la UPF, que defiende la reforma como una manera «más eficaz» de investigar las causas, sí que reclama más «medios profesionales y materiales» para que la reforma tenga éxito.
Riesgo de injerencia política
Las asociaciones atacan sobre todo por lo que consideran el flanco político. Es decir, creen que la ley no garantiza que la fiscalía tenga una actuación independiente como pueden tener los jueces. María Jesús del Barco, presidenta de la APM, opina que las reformas son «desafortunadas y totalmente inoportunas». Incluso, llega a creer que son débiles parlamentariamente porque «no hay un consenso amplio» en el Congreso de Diputados. En este sentido, indica que se necesita una mayoría parlamentaria y, coincidiendo con el fiscal de sala del Tribunal Supremo y fiscal del Proceso, Javier Zaragoza, concluye que con la mayoría de la investidura no es suficiente para una reforma de esta envergadura.
Una opinión que también suscribe Sergio Oliva, presidente de la asociación Francisco de Vitoria, quien afirmaba este martes que «plantear ahora una reforma tan profunda de la justicia es un error». «En un país tan polarizado como el nuestro, entregar la investigación penal a los fiscales sin garantizar su autonomía real supone un riesgo enorme de politización», argumentaba. En este punto, es donde destinan buena parte de la artillería a desprestigiar la ley, en tanto que la fiscalía depende de un fiscal general, nombrado «directamente» por el gobierno. Una circunstancia que hace tambalear la característica «de independiente» que requiere un instructor. Oliva da un paso más allá y esboza que la reforma «proyecta la sombra de control político sobre la justicia».
En la misma línea se ha expresado oficialmente Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente, una de las entidades más beligerantes con las reformas de Bolaños. «Los jueces somos independientes y solo estamos sometidos a la ley, mientras que los fiscales, excelentes profesionales muy bien preparados, no son independientes, sino que están sometidos jerárquicamente a sus jefes, de quienes, además, dependen sus condiciones laborales, con todo lo que eso significa, jefes que a su vez han sido nombrados y dependen del fiscal general, nombrado por el gobierno de turno», aduce para fundamentar los recelos.
Los fiscales conservadores, más cautos
En cambio, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se muestra más cauta a la hora de criticar la reforma. Si bien reprocha a Bolaños que no han podido aportar sugerencias e ideas al texto, van con pies de plomo porque entre los fiscales, la opinión mayoritaria es que deberían ser ellos quienes instruyan los casos, como sucede en casi toda Europa. Así, la APIF hace equilibrios entre sus constantes críticas al gobierno y a Bolaños con el hecho de que las instrucciones pasen a los fiscales a partir de enero del año 2028.
En este sentido, creen que la reforma «no blinda al fiscal investigador», por eso piden una reforma sustancial del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Unos cambios que defienden para asegurar y garantizar que el ministerio público actúe con total independencia». Cabe decir que APIF ha aprovechado sus comunicados para envolver la reforma con el proceso abierto contra el fiscal general, alegando que ahora no sería el momento más adecuado de trasladar una imagen de tranquilidad y confianza a la ciudadanía hacia el ministerio público.
