Primera fase completa, y con una excelente nota. Así lo cree el equipo jurídico, dirigido por el abogado Josep Rosell, que ha llevado el caso de José Álvarez López, un soldado catalán de la República que murió en el frente del Ebro y fue enterrado en el Valle de los Caídos, ahora llamado Cuelgamuros. Un entierro de un cuerpo que fue exhumado ilegalmente del cementerio de Horta de Sant Joan (Terra Alta) y trasladado al santuario fascista. La titular de la sección quinta civil y penal de San Lorenzo del Escorial, el partido judicial del mausoleo fascista, Míriam Matías, ha dictado un auto con el cual ordena la exhumación de los restos de Álvarez López para proceder a una «sepultura digna».
De esta manera, la jueza, de acuerdo también con el ministerio fiscal, «requiere» a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos o a la administración que sea competente, iniciar los «trámites de la exhumación de los restos de Álvarez López». La resolución detalla el relato de los hechos y llega a unas conclusiones que marcan un precedente para los cientos de catalanes que están enterrados en el monumento fascista. Con este auto, la familia del soldado Álvarez puede iniciar otras acciones legales, como abrir un procedimiento por crímenes de guerra. En cualquier caso, la comunidad benedictina deberá permitir el acceso a las criptas, algo que hasta ahora, según el abogado del caso, no se ha hecho nunca.
Una historia clara
Según relata la resolución en este caso, la hija y el nieto acreditaron documentalmente que Álvarez López luchó «alistado en las tropas republicanas, sin que, durante la guerra, ni cuando terminó, tuvieran noticia sobre dónde se encontraba, de su muerte, ni del lugar de su entierro». Finalmente, los familiares directos instaron ante la Dirección General de Memoria Democrática de la Generalitat de Catalunya, y para saber el lugar del entierro y, en paralelo, dieron ADN en el marco del programa de identificación genética del Gobierno.
Finalmente, y gracias a las investigaciones de la Administración instadas por la familia, se pudo certificar que Álvarez luchó en la batalla del Ebro, donde fue herido mortalmente. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Horta de Sant Joan, si bien, durante la Dictadura, las sepulturas fueron trasladadas al Valle de los Caídos. De hecho, con la documentación encontrada se pudo esclarecer de manera «exhaustiva» cuándo fue desenterrado el cadáver para ser enterrado en la cripta derecha del mausoleo, el 28 de marzo de 1959. En todo caso, la jueza subraya que nadie de la familia consintió ni tuvo conocimiento del traslado.
Ordena el desenterramiento
Ahora, con esta resolución, que también cuenta con el aval del ministerio público, la familia exigirá la exhumación de los restos para ser enterrados donde la familia considere pertinente. Además, se abre una nueva vía judicial que puede cuestionar la impunidad del Estado español con estas prácticas durante la guerra en un contexto de continuidad de los poderes, como fue el pacto de la transición de 1978. De hecho, este es el razonamiento de Rosell, porque «hasta ahora los benedictinos encargados de la abadía no han permitido nunca el acceso a las criptas y ahora tendrán que hacerlo».
Rosell recuerda que el Valle de los Caídos es la «fosa común más grande de España, con 33.833 cuerpos, de los cuales 12.410 continúan aún sin identificar». «Aunque las fosas fueron declaradas de titularidad estatal en 2007, el acceso a estas depende de la Iglesia gracias a los acuerdos de 1979 con el Vaticano, y esta ha utilizado esta potestad para negarse a que se efectuaran las identificaciones incluso cuando había sentencias judiciales favorables a los familiares, como sucedió en 2017 con el caso de Manuel y Ramiro Lapeña«, recuerda Rosell. En este sentido, subrayan que estos acuerdos son de tratado internacional y, por tanto, por encima de las leyes nacionales. «Es un obstáculo que superaremos por primera vez», concluye Rosell.
