Confrontación. Así se puede definir cómo se ha vivido este mediodía la apertura solemne del año judicial en la sede del Tribunal Supremo, en el convento de las Salesas de Madrid. De hecho, la jornada ha llegado bastante caldeada tras el anuncio de boicot del ala derechista de la judicatura, la fiscalía y del poder legislativo, con el líder del PP, Alberto Feijoo, al frente. La reclamación a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, a través de los diez miembros derechistas del gobierno de los jueces, para que vetara la presencia del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, debido a su procesamiento ha supuesto una rebelión judicial con todas las letras.
Una petición que ha tenido el apoyo explícito y por escrito de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y de la Asociación de Fiscales, de tendencia claramente conservadora y mayoritarias en sus ramas de representación. De hecho, son dos entidades que desde hace años mantienen una guerra abierta contra García Ortiz. La petición del ala derechista también pide relegar a un segundo plano al ministro de Justicia, el poderoso Félix Bolaños, y proponía a Perelló implicar a la Casa Real española en el boicot, dado que Felipe de Borbón presidirá el acto.
García Ortiz, sin embargo, no se ha achicado y se ha presentado para explicar la memoria de la fiscalía de 2024 ante la indiferencia y las miradas despectivas del sector duro de la magistratura. Perelló, no obstante, ha querido ir a procesión y tocar las campanas, manteniendo el pulso pero cargando contra las críticas que Pedro Sánchez y buena parte de la política han emitido contra «los jueces que hacen política». Los jueces han alertado al PSOE que se «defenderán», toda una advertencia.
Hacer memoria a los jueces
García Ortiz se ha quitado de encima las dudas sobre su presencia con una jugada de pizarra, corta y al pie. De hecho, le ha bastado con decir a los jueces conservadores que intentaban que el monarca español se uniera a la conspiración, que el estado de derecho también se aplica al fiscal general del Estado. Por eso ha pedido a los jueces recordar que su presencia es una obligación legal y que, por ahora, no está inhabilitado porque ni siquiera se ha celebrado juicio alguno. Para terminar de ablandarlos, ha sacado a relucir un concepto que, al pronunciarlo, hizo una paradinha y todo, «la verdad».
Respeto todas las opiniones que se puedan manifestar sobre esta presencia, y solo haré una mención al respecto en este discurso. Si estoy aquí como fiscal general del Estado, es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman”, ha sentenciado. “Creo en el estado de derecho, en la independencia del poder judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad, y, por supuesto, también en la verdad”, ha añadido. Toda una declaración de intenciones que hace aflorar el sustrato político y de vendetta gremial que alimenta su procesamiento. No se puede olvidar que, también en una decisión inédita, el CGPJ emitió un comunicado donde criticaba que fuera ratificado en el cargo, tras las elecciones generales de 2023.
Perelló y las críticas bajo control
En cuanto a la presidenta del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha aprovechado su discurso para presumir de la igualdad de la magistratura y por haber terminado el trabajo de renovar más de un centenar de plazas judiciales. También ha reclamado más recursos y ha fruncido el ceño ante la reforma que impulsa Bolaños sobre el acceso a la carrera judicial. De hecho, Perelló ha reclamado más negociación con los jueces para llevar a cabo cualquier cambio. En este sentido, solo demanda más formación y más plazas para cubrir el déficit de jueces.
“Sí que defenderemos con firmeza los principios esenciales que definen el poder judicial y que hacen que sea digno de este nombre”, ha exclamado Perelló. “Estas descalificaciones son impropias de un estado de derecho avanzado en el que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el de respeto mutuo; en definitiva, la lealtad institucional”, ha insistido en su discurso en referencia a las críticas que han recibido por parte de los partidos políticos y del ejecutivo.
Aún así, ha procurado destacar que son “aceptables y legítimos el desacuerdo y la crítica”, pero, con condiciones. Es decir, “no se puede desacreditar el poder judicial atribuyéndole intenciones u objetivos que resultan abiertamente contrarios a los principios jurisdiccionales”. Perelló ha calificado de “inoportunas y rechazables” las descalificaciones a la justicia por parte de otros poderes públicos. Un aviso a navegantes sobre el futuro de las reformas que ha impulsado Bolaños, la otra bestia negra de la judicatura más inclinada a la derecha.
