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El diputado de la CUP, Dani Cornellà, quiere evitar que sea gratuito mentir en un informe policial contra un manifestante. En este contexto, y con esta intención, ha solicitado a través de dos peticiones al departamento de Interior y su consejera, Núria Parlon, que se abra un expediente al mosso d’esquadra que acusó al activista Albert Forcades de haberlo agredido durante la protesta por la presencia de los monarcas españoles en la montaña de Montserrat el 23 de junio de 2025.

La reivindicación de Cornellà se fundamenta en la respuesta parlamentaria que recibió el pasado mes de septiembre de la misma Parlon cuando se le preguntaba si se había abierto alguna investigación al cabo de la Brigada Móvil que redactó el informe que abrió una causa penal contra Albert Forcades. Una causa que fue sobreseída y que obligó a Parlon a pedir perdón al afectado en su mismo despacho de consejera de Interior.

Parlon afirmaba en su respuesta a Cornellà que “en relación con los hechos sucedidos el 23 de junio de 2025 durante la visita del rey a Montserrat y sobre la actuación policial y las eventuales responsabilidades disciplinarias, la Dirección General de la Policía informa que no se ha incoado ningún expediente disciplinario, dado que de los hechos analizados no se desprende ningún indicio de infracción o actuación irregular«. Por tanto, descartaba cualquier movimiento.

Cuevillas, Forcades y Parlon, en la reunión en su despacho/JACS
Cuevillas, Forcades y Parlon, en la reunión en su despacho/JACS

Petición de investigación

Cornellà ha presentado dos escritos, a los que ha tenido acceso El Món, en los que reclama que Parlon o la persona responsable del departamento de Interior, acuerde la apertura de una información reservada – paso obligado y previo al expediente disciplinario- para determinar las circunstancias en las que se redactó el informe policial. Una investigación interna que «compruebe la veracidad de su contenido». En esta línea, el diputado remarca que en caso «de que se aprecien indicios de falsedad documental o de cualquier otra infracción penal, se trasladen las actuaciones al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial competente, sin perjuicio de la tramitación disciplinaria que corresponda».

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